EDITORIAL: la libertad de expresión y la regulación estatal de la ‘plaza pública moderna’
El juez del Tribunal Supremo Louis Brandeis, escribió hace casi un siglo: “Si hay tiempo para exponer, a través de la discusión, las falsedades y falacias, para evitar el mal mediante los procesos de educación, el remedio que debe aplicarse es más discurso, no el silencio forzado”.
A los progresistas de la cultura de la cancelación se les ha escapado la observación del juez de que la respuesta al discurso controvertido es más discurso. Pero su lógica también elude a los de derechas que creen que el antídoto contra la censura es más censura.
El lunes, el Tribunal Supremo escuchó los argumentos en el que quizá sea el caso más importante de la legislatura en relación con la Primera Enmienda. Se trata de las leyes estatales de Florida y Texas, que pretenden hacer frente al silenciamiento de los conservadores por parte de las plataformas de redes sociales. La ley de Texas prohíbe a los sitios “eliminar contenidos en función del punto de vista de un usuario”, reportó The New York Times. “La de Florida impide que las plataformas excluyan permanentemente a los candidatos a cargos políticos en el estado”.
Las leyes surgen de la preocupación de que muchas empresas de redes sociales estaban atacando a carteles de derecha con políticas diseñadas para desalentar la “desinformación”.
El principal problema de la legislación aprobada en Texas y Florida es que se dirige a empresas privadas y no a agentes gubernamentales. La Primera Enmienda restringe el sector público. No prohíbe a los particulares ni a las empresas tomar decisiones internas sobre los contenidos. Los directivos de las redes sociales que establecen las reglas han demostrado una y otra vez que tienen evidentes prejuicios editoriales -véase el reciente escándalo de Google con su IA Gemini, de tendencia izquierdista-, pero en una sociedad libre tienen derecho a reglamentar sus propios estándares.
“El concepto de que el gobierno puede restringir el discurso de algunos elementos de nuestra sociedad con el fin de mejorar la voz relativa de otros es totalmente ajeno a la Primera Enmienda”, leyó el juez Brett Kavanaugh durante los argumentos orales de una decisión de financiación de campaña de 1976.
El presidente del Tribunal, John Roberts, pareció estar de acuerdo con el juez Kavanaugh. “Me pregunto”, dijo, “ya que estamos hablando de la Primera Enmienda, si nuestra primera preocupación debería ser que el Estado regule lo que, ya saben, hemos llamado la plaza pública moderna”.
De hecho, ¿cómo reaccionarían los legisladores de Texas y Florida si un estado azul aprobara una ley que obligara a una plataforma conservadora de redes sociales a promover contenidos progresistas?
Sí, muchas plataformas de redes sociales se inclinan a la izquierda. Lo hemos visto con la supresión de opiniones sobre el COVID. Pero quienes se oponen a esta realidad deberían abogar por un debate más libre en lugar de exigir que los Estados despojen a las empresas privadas de su derecho a ejercer la discreción editorial. Eso equivale a destrozar la Primera Enmienda con el pretexto de salvarla.
