EDITORIAL: ¿A quién le importa? Solo es dinero de los contribuyentes

La responsabilidad fiscal nunca ha sido un sello distintivo de la actual administración y el presidente Joe Biden no está muy preocupado por cambiar el rumbo. Ahora, la Casa Blanca se queda de brazos cruzados mientras los burócratas federales dejan que miles de millones en ayudas para el COVID se esfumen.

Durante la pandemia, el Congreso aprobó el programa de Préstamos para Catástrofes por Daños Económicos (EIDL), dotado con 500 mil millones de dólares. Su misión era proporcionar préstamos de hasta dos millones de dólares a través de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para ayudar a las empresas a cubrir los gastos no salariales incurridos durante los paros. Los préstamos -más de cuatro millones- debían reembolsarse.

Como muchas otras iniciativas similares del COVID, el programa EIDL estaba plagado de fraudes. Según la revista Reason, se calcula que unos 136 mil millones de dólares -un tercio del dinero distribuido- fueron a parar a estafadores. El estatuto ordenaba a la SBA remitir todos los préstamos morosos al Departamento del Tesoro, “que tiene autoridad para tomar medidas que la SBA no puede, como embargar salarios y ejecutar hipotecas, con el fin de fomentar el reembolso”, reporta Reason.

Sin embargo, la SBA suspendió en abril sus esfuerzos por cobrar el 75 por ciento de los préstamos -los inferiores a 100 mil dólares- alegando que los costos de ejecución “probablemente serían superiores a la cantidad recuperada” debido a la magnitud del fraude.

¿Quién dice que el crimen no paga?

Para empeorar las cosas, el inspector general de la SBA dice que ignorar la morosidad viola probablemente la ley federal. También sienta un pésimo precedente.

“La decisión de la SBA de no llevar a cabo todas las actividades de cobro disponibles para estos préstamos”, escribió el inspector general Hannibal “Mike” Ware, “no responsabiliza a aquellos que tomaron prestado de la confianza pública y podría incentivar a otros receptores del COVID-19 EIDL a dejar de pagar sus préstamos, creando una mayor cadena de morosidad”.

Los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado han exigido respuestas. El Comité de la Pequeña Empresa de la Cámara de Representantes abrió el mes pasado una investigación sobre la decisión de la SBA, mientras que los republicanos de la cámara alta han solicitado registros a la agencia. “Es completamente inaceptable”, dijo la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, a The Washington Post, “que la SBA esté dejando a los contribuyentes en la cuerda por 62 mil millones de dólares en préstamos EIDL”.

Inaceptable, sí. Sorprendente, no. Esta es la misma administración, después de todo, que intentó sin autorización del Congreso borrar hasta 10 mil dólares de deuda a cada prestatario de préstamos estudiantiles. Parece que hay pocos límites cuando se trata de que el señor Biden regale el dinero de los contribuyentes.

“Las pérdidas totales para los contribuyentes amenazan con alcanzar los miles de millones de dólares”, reportó el Post, “agravando los problemas fiscales del gobierno a medida que el déficit aumenta y las tasas de interés se disparan”.

El presidente es claramente indiferente a todo esto. Los republicanos deberían seguir exigiendo a la SBA que persiga los préstamos morosos. Ya es hora de que alguien muestre respeto por los contribuyentes.