EDITORIAL: Tramposos y estafadores siguen saqueando los fondos para la pandemia
Durante la pandemia, el gobierno federal puso en marcha las máquinas de imprimir, repartiendo dinero como el proverbial marinero borracho. Aunque gran parte de esa ayuda sirvió para que empresas y particulares superaran confinamientos sin precedentes, una parte significativa del dinero se esfumó.
Un análisis de Associated Press del año pasado concluyó que al menos 123 mil millones de dólares en asistencia para el COVID se “derrocharon o se gastaron mal”, mientras que “defraudadores robaron potencialmente más de 280 mil millones de dólares”. Sin duda, las cifras son mayores hoy en día.
Fiscales federales han emprendido veintenas de acciones contra los estafadores. En agosto, el Departamento de Justicia dijo que había presentado cargos contra acusados “por delitos relacionados con (más de) 836 millones de dólares en presunto fraude contra [el programa para] el COVID-19”. Sin embargo, ahora el Congreso se queda de brazos cruzados mientras los delincuentes saquean programas aprobados como asistencia para la pandemia a pesar de que la crisis hace tiempo que pasó.
Una de las medidas de la era del COVID que crearon los legisladores federales es el Crédito para la Retención de Empleados (ERC), destinado a ofrecer exenciones fiscales a las empresas que siguieran pagando a sus empleados durante la pandemia. Se preveía que la medida costaría 55 mil millones de dólares, pero hasta ahora ha costado cuatro veces esa cantidad (y está aumentando), según The Wall Street Journal. Otra estimación sitúa el costo total en 550 mil millones de dólares. Además, el IRS está investigando reclamaciones fraudulentas por valor de miles de millones de dólares.
El Crédito para la Retención de Empleados fue una delicia para los estafadores. Surgieron empresas fraudulentas que ofrecían ayuda a las empresas para solicitar el crédito a cambio de un porcentaje de la recaudación (es posible que las haya escuchado en anuncios de televisión o radio). El IRS emitió advertencias a los declarantes de empresas, instándoles a usar solo profesionales de impuestos fiables en lugar de “un promotor o vendedor que se apresura a obtener una cuota de contingencia considerable”.
El problema es que la ley permite a las empresas solicitar la exención hasta cuatro años después del hecho, hasta el año fiscal 2025. En diciembre, el IRS tenía más de un millón de reclamaciones pendientes. La agencia ha observado una tendencia. “Cuanto más nos alejamos de la pandemia”, dijo el comisionado del IRS Danny Werfel a Forbes, “creemos que el porcentaje de reclamaciones legítimas está disminuyendo”.
Eso debería ser una apertura para que el Congreso regule más estrictamente las reclamaciones atrasadas. “Este planteamiento invalidaría muchas de las reclamaciones realizadas a instancias de la industria de defraudadores del ERC”, escribió Andrew Moylan, experto en finanzas públicas, en un reciente comentario del Journal, “al tiempo que preservaría las realizadas antes por empresas verdaderamente necesitadas”.
La pandemia terminó. ¿Por qué las medidas temporales destinadas a paliar la destrucción económica provocada por el COVID siguen drenando a los contribuyentes y llenando los bolsillos de tramposos y estafadores?
