EDITORIAL: Declarado inocente, pero condenado por el delito

En el sistema judicial estadounidense, los acusados de conductas delictivas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y sean condenados por un jurado de sus iguales. Sin embargo, mucha gente se sorprendería al saber que algunos acusados federales son castigados por cargos de los que en realidad fueron absueltos.

Ya es hora de aplicar directrices que eliminen la perniciosa e injusta práctica de la llamada “condena por conducta absuelta”.

El mes pasado, la Comisión de Sentencias de Estados Unidos -organismo independiente que establece las directrices de imposición de penas para la judicatura federal- publicó propuestas de enmienda que restringirían la capacidad de los jueces para tener en cuenta conductas por las que los acusados han sido declarados inocentes a la hora de imponer penas.

“En la fase de sentencia de un juicio”, explica C.J. Ciaramella, de la revista Reason, “los jueces federales pueden aumentar las penas de los acusados por conductas de las que fueron absueltos si el juez decide que es más probable que no -un estándar de prueba inferior al de ‘más allá de toda duda razonable’- que el acusado cometiera esos delitos”.

Consideremos el caso de Dayonta McClinton, que tenía 17 años cuando atracó a punta de pistola una farmacia CVS en Indiana para robar medicamentos. El gobierno alegó que también disparó y mató a uno de sus cómplices, aunque finalmente un jurado lo absolvió de ese cargo.

A pesar de la absolución, el juez que supervisaba el caso coincidió con los fiscales federales en que McClinton podría haber sido culpable del asesinato. Las directrices para la imposición de penas le piden cumplir entre 57 y 71 meses entre rejas por los delitos por los que fue condenado. Pero el juez añadió 13 años más a su condena.

Esto sencillamente no es coherente con las garantías procesales y otras protecciones constitucionales vitales ni con los principios que socavan nuestro sistema jurídico.

Varios jueces del Tribunal Supremo, junto con algunos miembros del Congreso, han planteado objeciones a esta práctica. El juez Brett Kavanaugh, mientras servía en un tribunal federal de apelaciones en 2015, escribió que el uso de la conducta absuelta “parece una dudosa infracción de los derechos al debido proceso y a un juicio con jurado”. La jueza Sonia Sotomayor también ha expresado su escepticismo.

Mientras tanto, el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, y Dick Durbin, demócrata por Illinois, han propuesto repetidamente legislación para reformar las reglas de sentencia por conducta absuelta.

La Comisión de Sentencias de Estados Unidos debería aprobar las nuevas directrices. Ningún hombre o mujer debería enfrentarse a penas de cárcel adicionales por una conducta por la que no fue condenado en un tribunal. Si la comisión se enfría, el Congreso debería seguir adelante con las reformas propuestas o el Tribunal Supremo debería examinar más detenidamente esta práctica.