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Juez federal vuelve a declarar que DACA es ilegal con la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida sobre ello

HOUSTON (AP) - Aunque un juez federal declaró ilegal el miércoles una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños, se negó a ordenar el fin inmediato del programa y las protecciones que ofrece a los beneficiarios.

El juez de distrito federal Andrew Hanen dio la razón a Texas y a otros ocho estados que demandaban la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). En última instancia, se esperaba que la sentencia del juez fuera apelada ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, enviando el destino del programa ante el alto tribunal por tercera vez.

“Aunque simpatiza con la difícil situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este Tribunal ha expresado sus preocupaciones sobre la legalidad del programa desde hace algún tiempo”, escribió Hanen en su sentencia de 40 páginas. “La solución para estas deficiencias recae en la Legislatura, no en las ramas ejecutiva o judicial. El Congreso, por cualquier número de razones, ha decidido no aprobar una legislación similar a DACA… El Poder Ejecutivo no puede usurpar el poder otorgado al Congreso por la Constitución - incluso para llenar un vacío”.

La orden de Hanen amplió la medida cautelar actual que había estado en vigor contra DACA, que prohibía al gobierno aprobar cualquier nueva solicitud, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios existentes durante la revisión legal en curso.

Hanen también rechazó una petición de los estados de ordenar el fin del programa en un plazo de dos años. Hanen dijo que su orden no requiere que el gobierno federal tome ninguna medida contra los beneficiarios de DACA, que son conocidos como “Dreamers”.

Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación, o MALDEF, que representa a los beneficiarios de DACA en la demanda, dijo que en última instancia corresponderá a los tribunales superiores, incluido el Tribunal Supremo, reglamentar la legalidad de DACA y si Texas demostró que había sido perjudicado por el programa.

“El juez Hanen se ha equivocado constantemente en la resolución de estas dos cuestiones, y la sentencia de hoy es más del mismo análisis erróneo. Observamos con interés seguir defendiendo el programa DACA legal y muy necesario en la revisión en tribunales superiores”, dijo Sáenz.

La fiscalía general de Texas, que representó a los estados en la demanda, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representó al gobierno federal, no devolvieron inmediatamente los correos electrónicos o las llamadas en busca de comentarios.

Los estados han argumentado que el gobierno de Obama no tenía autoridad para crear por primera vez el programa en 2012 porque eludió al Congreso.

En 2021, Hanen había declarado ilegal el programa, reglamentando que no había sido objeto de notificación pública y periodos de comentarios requeridos por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

El gobierno de Biden trató de satisfacer las preocupaciones de Hanen con una nueva versión de DACA que entró en vigor en octubre de 2022 y fue objeto de comentarios públicos como parte de un proceso formal de reglamentación.

Pero Hanen, que fue nombrado por el entonces presidente George W. Bush en 2002, dictaminó que la versión actualizada de DACA seguía siendo ilegal, ya que la nueva versión del gobierno de Biden era esencialmente la misma que la versión anterior, iniciada bajo el gobierno de Obama. Hanen había dicho anteriormente que DACA era inconstitucional.

Hanen también había dictaminado previamente que los estados estaban legitimados para presentar su demanda porque habían sido perjudicados por el programa.

Los estados han alegado que incurren en cientos de millones de dólares en atención a la salud, educación y otros costos cuando se permite a los inmigrantes permanecer ilegalmente en el país. Los estados que demandaron son Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Misisipi.

Los defensores del programa -el gobierno federal, el Fondo Mexicano-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación y el estado de Nueva Jersey- habían argumentado que los estados no habían presentado pruebas de que alguno de los costos en los que alegaban haber incurrido estuviera vinculado a los beneficiarios del DACA. También argumentaron que el Congreso ha dado al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad legal para establecer las políticas de aplicación de inmigración.

A finales de marzo había 578,680 personas inscritas en el DACA, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

El programa se ha enfrentado a una montaña rusa de desafíos judiciales a lo largo de los años.

En 2016, el Tribunal Supremo llegó a un punto muerto 4-4 sobre un DACA ampliado y una versión del programa para los padres de los beneficiarios de DACA. En 2020, el alto tribunal dictaminó por 5-4 que la administración Trump había puesto fin indebidamente a DACA, permitiendo que se mantuviera en vigor.

En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans confirmó la sentencia anterior de Hanen que declaraba ilegal DACA, pero le devolvió el caso para que revisara los cambios realizados en el programa por el gobierno de Biden.

El presidente Joe Biden y grupos activistas le han pedido al Congreso que apruebe protecciones permanentes para los “dreamers”. El Congreso ha fracasado en múltiples ocasiones en aprobar propuestas llamadas DREAM Act para proteger a los beneficiarios de DACA.

“Seguimos pidiéndole al Congreso y al presidente Biden que cree soluciones permanentes para todos los inmigrantes para garantizar que ninguno se quede en el peligroso camino en el que DACA ha estado durante la última década”, dijo en un comunicado Verónica García, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, una organización activista.

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