El salario mínimo de los trabajadores de comida rápida en California aumenta
SACRAMENTO, California - Una nueva ley en California aumentará el salario mínimo para los trabajadores de comida rápida a 20 dólares por hora el próximo año, un reconocimiento de los líderes demócratas del estado de que la mayoría de la fuerza de trabajo, a menudo olvidada, son los principales generadores de ingresos para sus hogares de bajos ingresos.
Cuando entre en vigor el 1° de abril, los trabajadores de comida rápida de California tendrán el salario base garantizado más alto del sector. El salario mínimo del estado para el resto de trabajadores -15.50 dólares por hora- ya se encuentra entre los más altos de Estados Unidos.
El gobernador demócrata Gavin Newsom firmó la ley el jueves en medio de una multitud de trabajadores y líderes sindicales en un evento en Los Ángeles. Newsom rechazó la opinión popular de que los empleos en la comida rápida están pensados para que los adolescentes tengan su primera experiencia laboral.
“Es una versión romántica de un mundo que no existe”, dijo Newsom. “Tenemos la oportunidad de recompensar esa contribución, premiar ese sacrificio y estabilizar un sector”.
La firma de Newsom refleja el poder y la influencia de los sindicatos en el estado más poblado del país, que han trabajado para organizar a los trabajadores de la comida rápida en un intento de mejorar sus salarios y condiciones laborales.
También resuelve -al menos por ahora- una lucha entre grupos sindicales y empresariales sobre cómo regular el sector. A cambio de una mayor remuneración, los sindicatos han abandonado su intento de responsabilizar a las empresas de comida rápida de las fechorías de sus franquiciados independientes en California, una acción que podría haber puesto patas arriba el modelo de negocio en el que se basa el sector. El sector, por su parte, ha acordado retirar de la boleta electoral de 2024 un referendo relacionado con los salarios de los trabajadores.
“Era una placa tectónica que había que mover”, dijo Newsom, refiriéndose a las más de 100 horas de negociaciones que fueron necesarias para llegar a un acuerdo sobre los proyectos de ley en las últimas semanas de la sesión legislativa estatal.
Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, dijo que la ley ponía fin a 10 años de trabajo, incluidas 450 huelgas en todo el estado en los últimos dos años.
‘Esto es por ellos’
El momento fue casi demasiado para Anneisha Williams, que contuvo las lágrimas mientras hablaba durante una rueda de prensa antes de que Newsom firmara la ley. Williams, madre de seis hijos -siete si contamos a su querido perro-, trabaja en un restaurante Jack in the Box de Inglewood.
“Han estado conmigo en la fila de manifestaciones y también han marchado conmigo”, dijo Williams refiriéndose a sus hijos. “Esto es por ellos”.
La firma de la ley por parte de Newsom podría recuperar el favor de los sindicatos, que la semana pasada lo criticaron duramente por vetar otro proyecto de ley destinado a proteger los puestos de trabajo de los camioneros en medio del aumento de la tecnología de conducción autónoma. Los sindicatos han desempeñado un papel importante en el aumento de Newsom en California, ofreciendo una fuente fiable de dinero para la campaña.
La aparición de Newsom en Los Ángeles se produce un día después de que los candidatos presidenciales republicanos -pero no Donald Trump- se presentaran en Ronald Reagan Presidential Library en Simi Valley para su segundo debate televisado. Newsom, aunque niega cualquier interés en aspirar a la Casa Blanca, se ha posicionado como rival de los aspirantes del Partido Republicano y ha recorrido el país para criticar las posturas conservadoras sobre el aborto y el derecho a las armas. Sus acciones en cientos de proyectos de ley pueden verse a través de la lente de sus futuras ambiciones políticas.
Los detalles
El nuevo salario mínimo para los trabajadores de la comida rápida se aplicará a los restaurantes con al menos 60 locales en todo el país, con una excepción para los restaurantes que hacen y venden su propio pan, como Panera Bread.
En la actualidad, los trabajadores de restaurantes de comida rápida de California ganan un promedio de 16.60 dólares por hora, o solo un poco más de 34 mil dólares al año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Esta cifra está por debajo de la Medida de Pobreza de California para una familia de cuatro miembros, una estadística calculada por el Instituto de Políticas Públicas de California y el Centro de Pobreza e Igualdad de Stanford que tiene en cuenta los costes de vivienda y las prestaciones financiadas con fondos públicos.
El nuevo salario mínimo de 20 dólares es solo un punto de partida. La ley crea un Concejo del Salario Mínimo que tiene potestad para aumentar ese salario cada año hasta 2029 en un 3.5 por ciento o la variación de los promedios del Índice de Precios al Consumo de Estados Unidos para asalariados urbanos y trabajadores administrativos, lo que sea menor.
Ahora, la atención se centrará en otro grupo de trabajadores con salarios bajos de California que esperan su propio aumento del salario mínimo. Los legisladores aprobaron a principios de este mes un proyecto de ley por separado que aumentaría gradualmente el salario mínimo de los trabajadores de la atención a la salud a 25 dólares por hora durante la próxima década. Ese aumento no se aplicaría a médicos y enfermeras, sino a casi todos los demás trabajadores de hospitales, clínicas de diálisis y otros centros de atención a la salud.
Pero a diferencia del aumento salarial de la comida rápida, que Newsom ayudó a negociar, el gobernador no ha dicho si firmaría el aumento para los trabajadores de la atención a la salud. La cuestión se complica por el programa estatal Medicaid, que es la principal fuente de ingresos de muchos hospitales. La administración Newsom ha calculado que el aumento salarial costaría al Estado miles de millones de dólares en concepto de aumento de los pagos a los proveedores de atención a la salud.
Los sindicatos que apoyan el aumento salarial se remiten a un estudio del Centro Laboral de la Universidad de California-Berkeley, según el cual los costos del Estado se compensarían con una reducción del número de personas que dependen de los programas de asistencia financiados con fondos públicos.
