Nevada considera conmutar todas las penas de muerte por cadena perpetua
La Junta de Indultos de Nevada estudiará la posibilidad de conmutar todas las condenas a muerte del estado durante una reunión prevista para el martes.
La medida, que figura en el orden del día de la reunión de la Junta, cambiaría las condenas de los condenados a muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
El gobernador Steve Sisolak solicitó que el punto se añadiera a la reunión del miércoles de la próxima semana, según declaró la portavoz Meghin Delaney en una declaración enviada por correo electrónico.
“El gobernador cree que es un tema digno de consideración por parte de los comisionados y votará a favor de la medida”, declaró. “El gobernador siempre ha dicho que la pena capital debe buscarse y usarse con menos frecuencia, y cree que este es un paso adelante apropiado y necesario en la conversación y el debate en curso sobre la pena capital”.
Sisolak forma parte de la junta, al igual que el fiscal general Aaron Ford y los jueces del Tribunal Supremo de Nevada.
Ford y el gobernador electo Joe Lombardo declinaron hacer comentarios. Lombardo, republicano que actualmente es alguacil del Condado Clark, derrotó al demócrata Sisolak para la reelección en noviembre.
La medida se produce después de que la gobernadora de Oregón, Kate Brown, anunciara el martes que conmutaría las penas de muerte de los condenados a muerte del estado, reduciendo sus condenas a cadena perpetua sin libertad condicional.
Según el Departamento de Correccionales, actualmente hay 57 presos condenados a muerte, pero el estado no ha ejecutado a ningún preso desde 2006. En los últimos años, el estado ha tenido dificultades para encontrar los fármacos necesarios para las ejecuciones, ya que las empresas farmacéuticas intentaron restringir el uso de sus productos en la pena capital.
El estado de Nevada ha ejecutado a 12 presos desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
Legislación fracasada
Mientras tanto, la Legislatura de Nevada ha visto cómo en las tres últimas sesiones legislativas se proponían sin éxito proyectos de ley para prohibir totalmente la pena capital. En 2017 y 2019, se presentaron proyectos de ley para derogar la pena de muerte, pero fracasaron en el Comité Judicial de la Asamblea. Otro proyecto de ley, presentado por el senador James Ohrenschall, demócrata por Las Vegas, murió en el Comité Judicial del Senado en 2019. En 2021, un proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea con el voto de la línea del partido, pero luego murió en el Comité Judicial del Senado.
Ohrenschall no devolvió el jueves un mensaje en busca de comentarios.
Durante la sesión de 2021, Sisolak dijo que, aunque antes apoyaba el fin de la pena capital, el tiroteo del 1º de octubre le hizo reflexionar sobre la conveniencia de apoyar una derogación total. En su lugar, prefería reservar la opción para casos de tiroteos masivos, por ejemplo.
El proyecto de ley también fue controvertido en otro sentido: El Comité Judicial del Senado, donde murió el proyecto, estaba presidido por la senadora Melanie Scheible, demócrata por Las Vegas, que en aquel momento trabajaba como ayudante del fiscal del Condado Clark. La líder de la mayoría del Senado, Nicole Cannizzaro, demócrata por Las Vegas, también trabajaba allí entonces.
Durante su testimonio ante el Comité Judicial de la Asamblea, el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson -jefe de Scheible y Cannizzaro en su trabajo a tiempo completo-, se mostró rotundamente en contra de la derogación de la pena de muerte. Wolfson no devolvió el jueves un llamado en busca de comentarios.
Problemas de drogas
Además de los esfuerzos legislativos, una preocupación más práctica ha irritado a los funcionarios de Nevada cuando se trata de la pena capital: Conseguir los fármacos necesarios para llevar a cabo las ejecuciones.
En junio de 2021, un abogado de Hikma Pharmaceuticals denunció que Nevada había obtenido ilegalmente 50 viales del fármaco ketamina, y exigió su devolución. La demanda se produjo mientras el estado se preparaba para ejecutar a Zane Floyd, condenado por matar a cuatro empleados de una tienda de comestibles Albertsons de West Sahara Avenue en 1999.
La misma empresa había demandado anteriormente al estado para impedir que su fármaco fentanilo se usara para ejecutar al asesino convicto Scott Dozier, que finalmente se suicidó.
El exdirector del Departamento de Correccionales de Nevada, Charles Daniels, declaró en diciembre de 2021 que, de todas las complicaciones relacionadas con la posible ejecución de Floyd, la que más le preocupaba era que los fármacos que se iban a usar en la ejecución caducaran antes de que pudiera llevarse a cabo el castigo.
Posteriormente, Sisolak pidió a Daniels que dimitiera tras la fuga de un recluso, y más tarde le exigió un millón de dólares, alegando un ambiente de trabajo hostil.
