El juicio por el incendio de Alpine Motel podría resolverse pronto, según abogado
Casi tres años después del incendio residencial más mortífero de la historia de Las Vegas, los demandantes en un complejo juicio podrían estar cerca de ver una resolución.
“Se está acercando, pero aún no ha llegado”, dijo el abogado Robert Eglet en una entrevista reciente con Las Vegas Review-Journal.
Eglet representa a muchos de las decenas de demandantes en procesos civiles presentados tras el incendio del 21 de diciembre de 2019 en los apartamentos de Alpine Motel, en el centro de Las Vegas. El incendio dejó seis muertos, 13 heridos y casi 50 personas sin refugio.
Al menos 15 demandas presentadas a raíz del incendio mortal se han consolidado en un solo caso que nombra a casi 20 acusados, incluido el exdueño del edificio, Adolfo Orozco; su esposa, Erika Ayala; y las empresas acusadas de no mantener el sistema de alarma contra incendios del edificio.
Las partes han pasado por varias rondas de mediación este año intentando llegar a un acuerdo, muestran los registros judiciales. Eglet le dijo a Review-Journal que cree que es probable una resolución en las próximas semanas, pero el gran número de demandantes está haciendo difícil compensar a todos.
“Lamentablemente, la cantidad del seguro disponible no es suficiente para indemnizar a todos los demandantes, por lo que tiene que haber un compromiso”, dijo.
El abogado civil de Orozco, Steven Jaffe, declinó hacer comentarios sobre el caso.
Cuando estalló el incendio en el edificio de apartamentos del centro de la ciudad, la puerta trasera del Alpine estaba cerrada con cerrojo, el sistema de alarma contra incendios no funcionaba correctamente y el edificio no tenía un sistema de rociadores en funcionamiento, según múltiples demandas.
Al momento del incendio, tenía casi tres años que el edificio no se sometía a una inspección de incendios municipal. Los investigadores detectaron más de 40 infracciones del código de incendios en el edificio, construido en 1972, entre las que figuraban una salida trasera sellada y un sistema de alarma contra incendios defectuoso.
El largo proceso civil también se ha visto complicado por el hecho de que varios demandantes dejaron de responderles a los abogados y no se presentaron a las audiencias de declaración, según consta en los registros judiciales. Muchos sobrevivientes tuvieron dificultades para encontrar vivienda después del incendio y es posible que hayan abandonado la ciudad o cambiado de número de teléfono.
Timothy Henry, uno de los sobrevivientes que perdió su casa, se ha recuperado casi por completo, con un trabajo estable y un apartamento que comparte con su pareja. Pero aún llora la pérdida de sus pertenencias sentimentales y sufre síntomas de trastorno de estrés postraumático que no lo dejan dormir.
Las repetidas conversaciones con los abogados mientras las demandas se estancan en los tribunales le dificultan seguir adelante, afirma Henry.
“Tengo que seguir reviviéndolo. Tengo que seguir hablando de ello, así que no mejora”, afirmó.
A la espera de la sentencia del Tribunal Supremo
Además de las demandas, Orozco y la exadministradora de la propiedad Malinda Mier, se enfrentan a múltiples cargos penales, incluidos seis cargos cada uno de homicidio involuntario.
Dominic Gentile, que representa a Orozco en el proceso penal, no respondió a una solicitud de comentarios. Los abogados penal y civil de Mier tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.
La audiencia preliminar del caso lleva en pausa casi dos años, desde que Don Dibble, miembro del equipo de investigación de Gentile, fue declarado en desacato tras negarse a declarar. Los abogados han estado esperando a que el Tribunal Supremo decida si Dibble puede ser obligado a declarar sobre una conversación que mantuvo con Mier, que no está representado por Gentile.
Durante la audiencia preliminar, Matute se negó a responder a preguntas sobre una entrevista que tuvo con Mier, en la que ella “esencialmente confesó su participación en los delitos imputados”, según consta en los registros judiciales.
El fiscal jefe adjunto del distrito, John Giordani, dijo que el reporte de Matute sobre la entrevista es admisible como evidencia.
Giordani declinó hacer comentarios sobre el caso esta semana.
El mes pasado, el Tribunal Supremo presentó documentos que indicaban que la apelación no se programaría para alegatos orales. Aún no está claro cuándo se pronunciará el alto tribunal sobre el caso.
