Tribunal rechaza intento de impedir que fiscal persiga la ejecución del asesino de cuatro personas
El Tribunal Supremo de Nevada ha denegado una petición de los abogados del asesino condenado Zane Floyd para que se descalifique a la oficina de fiscal del distrito del Condado Clark y se impida su ejecución.
Los abogados de Floyd han argumentado que el hecho de que los ayudantes del fiscal de distrito formen parte de la legislatura estatal, que votó en contra de un proyecto de ley que abolía la pena de muerte este año, constituía una violación en la separación de poderes. La petición fue llevada al Tribunal Supremo después de que un juez de un tribunal inferior rechazara la propuesta a principios de este año.
El alto tribunal dictaminó que no existe una violación en la separación de poderes porque los fiscales adjuntos del distrito que sirven en la Legislatura no tuvieron ninguna participación en el procesamiento de Floyd o en la búsqueda de la orden de ejecución, escribió el presidente del tribunal, James Hardesty, en el fallo unánime publicado el 23 de diciembre.
Dos fiscales adjuntos del Condado Clark sirven en el Senado de Nevada: Nicole Cannizzaro y Melanie Scheible.
Los abogados de Floyd, los defensores públicos federales adjuntos Brad Levenson y David Anthony, también argumentaron que el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, debía ser descalificado porque “puede influir” en los fiscales adjuntos que actúan como legisladores y porque “hizo declaraciones” sobre el proyecto de ley para abolir la pena de muerte.
Pero los jueces dictaminaron que Wolfson podía hablar públicamente sobre la legislación penal pendiente.
“Floyd no ha presentado ninguna prueba que establezca que el fiscal Wolfson ejerció una autoridad indebida sobre sus ayudantes en su calidad de legisladores”, escribió Hardesty.
Wolfson no respondió a la solicitud de comentarios el miércoles.
Las apelaciones de Floyd
Floyd, de 46 años, fue condenado a muerte por dispararle fatalmente a cuatro personas y herir gravemente a otra en una tienda de comestibles en Las Vegas hace más de dos décadas. También fue condenado por violar repetidamente a una mujer antes del tiroteo.
Nevada ha indicado que las autoridades quieren ejecutar a Floyd a finales de febrero, antes de que expire el suministro de ketamina del estado. Este mes, un juez federal escuchó un testimonio sobre el cóctel de drogas propuesto por el estado, que nunca se ha utilizado en una ejecución.
Los abogados de Floyd también presentaron recursos por su condena ante el Tribunal Supremo, incluyendo una petición presentada el martes.
Según la petición, Floyd debería estar exento de la pena de muerte debido a que se le diagnosticó un trastorno en el espectro alcohólico fetal, que según Levenson y Anthony es el “equivalente funcional” de una discapacidad intelectual.
La petición también cuestionaba las normas de Nevada para los condenados a muerte que solicitan clemencia a la Junta de Comisionados de Indultos, que exige que un preso agote todos los recursos judiciales antes de solicitar un indulto, según los abogados de Floyd.
Los requisitos “ignoran que un individuo en el corredor de la muerte suele litigar hasta el último momento que conduce a su ejecución”, dice la petición. “Es poco probable que a un condenado a muerte, como la del Sr. Floyd, no le quede ninguna apelación u otro procedimiento judicial, como un litigio con respecto a una orden de ejecución, hasta que se le ate a la camilla para su ejecución”.
Posibles conflictos de intereses
El Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse en otro caso en el que se cuestiona si se debe permitir a los fiscales servir en la Legislatura estatal. La cuestión se planteó de nuevo después de que un tribunal inferior anulara el año pasado un par de condenas por conducir bajo los efectos del alcohol procesadas por Scheible.
Durante los argumentos escuchados en septiembre, Kevin Powers, el abogado jefe de litigios de la Oficina de Asesoramiento Legislativo, comparó a los fiscales adjuntos con los abogados del personal que asisten a los jueces, mientras que el “poder de enjuiciar” está a la discreción del fiscal de distrito elegido.
Pero los jueces cuestionaron la comparación porque los fiscales de distrito elegidos en las grandes jurisdicciones envían a los fiscales adjuntos a procesar casos y argumentar cuestiones ante los jueces.
“¿Cómo no va a haber un conflicto con el hecho de que intenten promulgar leyes?”. dijo el juez Douglas Herndon en septiembre.
El Tribunal Supremo no ha indicado cuándo se tomará una decisión en ese caso.
El año pasado, un grupo de reflexión conservador presentó una demanda contra los legisladores que trabajan simultáneamente cómo empleados públicos, entre ellos Scheible y Cannizzaro. El alto tribunal también tiene que decidir sobre ese caso.
