Una junta veterinaria le oculta a una dueña la inesperada muerte de su perra
Diez meses después de la muerte de su perra durante lo que se suponía que era una cita rutinaria con el veterinario, Debbie Hogan sigue buscando respuestas.
“No tengo familia. Ella era mi mundo”, dice esta mujer originaria de Las Vegas de 64 años sobre Tootsie, la mezcla de blue heeler y border collie de 11 años que compró de cachorra en un rancho ganadero de California.
En la cita de septiembre, llevaron a Tootsie a una habitación trasera para examinarla y vacunarla. Más de media hora después, la perra fue devuelta a su dueña jadeando, con la lengua azul por falta de oxígeno, según Hogan.
El estado de la perra empeoró y, al cabo de una hora, se le practicó la eutanasia.
Hogan presentó una queja ante la junta veterinaria estatal en la que afirma que cree que la veterinaria doctora Erika Schroeder y el personal del Paradise Pet Hospital “causaron la muerte prematura y un gran sufrimiento a mi querida blue heeler, Tootsie”.
Schroeder, descrita en el sitio web del hospital como su médico jefe, no respondió a las peticiones de comentarios.
Esperando tener su día ante la junta, Hogan en cambio recibió una carta en enero informándole de que su queja había sido desestimada porque la agencia no encontró una violación de la Ley de Práctica Veterinaria del estado.
Los cambios en la ley de Nevada que entraron en vigor en 2022 eliminaron el requisito de que la Junta de Examinadores Médicos Veterinarios de Nevada deliberara en una reunión pública para determinar si una queja justifica una acción disciplinaria o debe ser desestimada. Ahora, un comité de la junta delibera en una reunión cerrada al público. Las evaluaciones de las quejas que antes eran públicas se mantienen en secreto.
El nuevo enfoque “sugiere que las agencias no quieren explicar sus procesos, o no confían en que la gente los entienda”, escribió Patrick File, miembro de la junta de la Coalición de Gobierno Abierto de Nevada y profesor asociado de derecho de los medios de comunicación en la Escuela de Periodismo Reynolds de la Universidad de Nevada, Reno, en un correo electrónico a Las Vegas Review-Journal.
Las quejas presentadas ante la junta veterinaria y los registros relacionados no se hacen públicos a menos que den lugar a medidas disciplinarias por parte de la junta. Cada año desde 2009, entre el 16 por ciento y el 40 por ciento de las quejas han dado lugar a medidas disciplinarias, según datos de la junta.
El sitio web de la Junta muestra que Schroeder no ha sido sancionada. Sin embargo, fue objeto de otra denuncia desestimada por la junta.
Después de que su queja fuera desestimada, el abogado Shawn Mangano y Amy Helt presentaron una demanda contra una práctica veterinaria diferente donde Schroeder trabajaba entonces. El caso alega que sus perros recibieron atención inadecuada durante el internamiento en 2018.
El abogado Alan Westbrook, que representa a los acusados, incluida RMDT LLC, que hace negocios como West Russell Animal Hospital, se negó a comentar sobre el litigio en curso.
‘Todos querían a Tootsie’
El día de su muerte, Tootsie desayunó y tuvo su paseo matutino, que incluía jugar con una pelota de tenis y un frisbee, dijo Hogan.
La compañera de piso de Hogan, Maureen Cotton, llevó a Hogan y a Tootsie a la cita con el veterinario. En julio, los veterinarios de la clínica Paradise habían diagnosticado que la tos crónica de Tootsie era bronquitis. El tratamiento no ayudaba.
En septiembre, Hogan quería que le revisaran la tos y también había recibido la notificación de que había que vacunar a la perra.
En la cita, hubo un desacuerdo entre un técnico veterinario y Schroeder sobre si era necesaria una vacuna contra la Bordetella, ya que Tootsie no iba a parques caninos. El veterinario parecía molesto, dijeron Hogan y Cotton. La perra fue llevado a una habitación trasera para un examen y la vacuna.
Más de media hora después, según Hogan en su denuncia, el técnico veterinario le devolvió la perra a Hogan, diciéndole que Tootsie estaba sufriendo un ataque de pánico y que tendría que calmarse antes de ponerle la inyección. El técnico abandonó la sala, según Hogan en su denuncia.
Con Tootsie jadeando en busca de aire, Cotton, que está con oxígeno, puso su cánula en la cara de la perra. Hogan usó su teléfono para grabar un video de 14 segundos.
“Tootsie estaba obviamente herida de alguna manera y extremadamente privada de oxígeno, como se puede ver claramente en el video, que Debbie de alguna manera tuvo la idea de documentar”, dijo Cotton en una carta proporcionada a la junta médica.
Después de 10 minutos, dijo Hogan, ella gritó pidiendo ayuda. Otro técnico veterinario sacó a la perra de la habitación. “Esa fue la última vez que vi a mi querida Tootsie caminando”, dijo Hogan en la denuncia.
La perra fue sedada. Hogan dijo que Schroeder le dijo que, para ayudar a la perra a respirar, había intentado poner varios tubos de diferentes tamaños en la garganta de Tootsie, que sangraba. La veterinaria dijo que había encontrado una masa en la garganta que probablemente era cáncer.
Los registros veterinarios de la cita indican que se intentó la intubación con tubos de diferentes tamaños hasta que uno encajó. Se habló de una traqueotomía, pero no había “el equipo ideal para ello y no se ha presentado aquí anteriormente”, según los registros.
Los registros veterinarios afirman que la eutanasia se discutió como una “opción razonable con todos los riesgos y el sufrimiento potencial”.
Hogan dijo que no vio otra alternativa que aceptar sacrificar a Tootsie. Desde entonces se ha cuestionado gran parte de lo que ocurrió aquel día.
Pidió la opinión de un veterinario independiente. Madalina Rosca Burlacu, residente en Rumanía, fue recomendada a Hogan por un grupo que ayuda a dueños de mascotas en casos de negligencia veterinaria.
Para dar su opinión, Rosca Burlacu revisó los historiales veterinarios, pero no los de la cita de septiembre, que aún no se habían facilitado a Hogan.
“Los signos clínicos persistentes de Tootsie indicaban una enfermedad subyacente no diagnosticada o un tratamiento ineficaz”, escribió Rosca Burlacu sobre la tos crónica de la perra. En cualquier caso, la perra no estaba en buenas condiciones clínicas y no era una buena candidata para la vacunación, escribió.
“No está claro por qué el médico veterinario que la atendió se precipitó en el proceso de eutanasia y no quiso intentar salvar a Tootsie, teniendo en cuenta que los signos clínicos eran atribuibles a un error que se produjo por negligencia de la propia médico veterinaria”, escribió Rosca Burlacu, afirmando que creía que la muerte era consecuencia de una mala praxis.
Hogan le dio la carta a la junta veterinaria.
Jennifer Pedigo, directora ejecutiva de la junta veterinaria, dijo que la junta investiga a fondo las quejas, incluyendo la realización de entrevistas y la revisión de los registros médicos.
Preguntado por la opinión de Rosca Burlacu, Pedigo dijo que su entendimiento era que ella era una estudiante de medicina veterinaria, pero Rosca Burlacu dijo en un correo electrónico que ella es una doctora en medicina veterinaria.
‘¿Qué ocultan?’
Pedigo dijo que las mascotas pueden ocultar eficazmente los síntomas hasta que están bajo estrés. En el caso de Tootsie, “no creo que nadie estuviera allí intentando hacerle daño a la mascota”, dijo Pedigo sobre la visita en cuestión.
Hogan sigue frustrada por la falta de transparencia. Los correos electrónicos muestran que se le negó una copia de las actas de la reunión del comité donde se discutió su queja y otros registros relacionados con el caso, con Pedigo refiriéndose a los estatutos que exigen la confidencialidad.
“¿Qué ocultan? Es mi perra. ¿Por qué no pueden decirme por qué la desestimaron (la denuncia)?”. dijo Hogan en una entrevista.
Pedigo dijo que hay un acto de equilibrio entre la transparencia y los derechos de debido proceso de aquellos contra quienes se presentan las quejas, dijo.
La legislación de 2021 que permite a la junta desestimar las quejas en las reuniones privadas del comité, en lugar de en las reuniones públicas de la junta, ayudó a agilizar el proceso, dijo Pedigo. La ley no exige que estos debates se celebren a puerta cerrada. “La Junta tomó la decisión de revisar los casos en comité”, confirmó en un correo electrónico.
En las reuniones públicas de la Junta, las quejas se identificaban por un número y no por el nombre del sujeto de la queja. Los dueños de las mascotas no podían dar testimonio ni hacer preguntas. Justo después de que la junta tomara una decisión sobre si desestimar o seguir adelante con la queja, el dueño de la mascota podía intervenir durante un periodo de comentarios públicos.
El proceso “solía generar más confusión y la gente se enfadaba mucho”, dijo.
Sobre los cambios de procedimiento, File dijo “Aunque puedo entender que los funcionarios públicos no quieran confundir o enfadar al público, no estoy seguro de que hacer los procesos menos transparentes sea la mejor manera de hacerlo”.
Preocupaciones al alojar mascotas
Helt y Mangano presentaron una queja ante la junta veterinaria relacionada con la atención que recibieron sus mascotas durante el internamiento en West Russell Animal Hospital durante las vacaciones de Navidad de 2018. La junta desestimó su queja en 2019, y la pareja presentó una demanda en 2023.
Durante años, la pareja había acudido a la clínica tanto para servicios veterinarios como de internado para sus mascotas, incluidos dos perros ancianos que requerían cuidados especiales. Sin embargo, durante el internado vacacional, la salud de los perros se deterioró porque, según la demanda, sus instrucciones, incluida la de proporcionarles agua extra, fueron aparentemente desatendidas.
Helt llamaba a diario para ver cómo estaban sus mascotas. Según la demanda, el personal le dijo que estaban bien. Sin embargo, los historiales médicos indican que “la calidad de vida de su perro Mikey, una mezcla de maltés de 17 años con un tumor canceroso en la vejiga y que tomaba medicación para las convulsiones, estaba empeorando”.
Al cabo de una semana, “se reveló el verdadero estado de salud de Mikey”, afirma la demanda. El perro no había caminado desde que se registró. “Se consideró que el estado de Mikey era tan grave que Schroeder sugirió que se le practicara la eutanasia”.
Schroeder llamó más tarde para decir que Kellie, la dálmata sorda de 15 años de la pareja, “se había puesto azul y colapsado mientras la sacaban a pasear”, afirma la demanda. “Kellie, al igual que Mikey, sufría una deshidratación extrema”, por lo que necesitó varias bolsas de fluidos intravenosos.
Al día siguiente, Schroeder y Helt hablaron por teléfono del estado de los perros. El veterinario “abordó de nuevo el tema de la eutanasia para Mikey y Kellie”, afirma la demanda. La pareja rechazó esta opción.
Tras recuperar a las mascotas, Kellie se recuperó en las 36 horas siguientes, según la demanda. En cuanto a Mikey, tras volver a casa empezó a comer, beber agua y caminar, según la demanda. Sin embargo, su estado empeoró pronto y se le practicó la eutanasia.
El miércoles, un juez desestimó la demanda alegando que los demandantes habían sobrepasado el plazo de presentación. Helt dijo que la pareja apelaría.
Dijo que seguirían luchando, prometiendo buscar cambios en la ley de Nevada.
“Como no tenemos hijos, nuestras mascotas son nuestras familias”, dijo. “Necesitamos leyes que protejan a los animales, no a los veterinarios”.
