¿Qué están ocultando?: HPD dice que va a ‘investigar’ a reporteros
Los agentes de información pública de la policía de Henderson son pagados por los contribuyentes para dar a conocer información importante sobre el trabajo de la dependencia, pero los registros muestran que también se centran en hacer girar la cobertura e investigar a reporteros por su actitud hacia la agencia.
En agosto, el sargento de la policía de Henderson Daniel Medrano prometió a los agentes que su equipo “investigaría a cada reportero” para “asegurarse de que su entrevista sea positiva y haga que su unidad y el departamento queden bien”, según un correo electrónico obtenido por Las Vegas Review-Journal.
Medrano trabaja en la oficina de información pública del Departamento de Policía de Henderson (HPD), que Henderson y organismos gubernamentales de todo Estados Unidos crearon para responder a las preguntas del público y los medios. Pero los puestos financiados por los contribuyentes también pueden ser usados como guardianes para impedir el acceso a la información y a los funcionarios, dicen los críticos.
Alrededor de la mitad de los funcionarios de comunicación de la policía encuestados por la Sociedad de Periodistas Profesionales en 2016 admitieron desairar a los periodistas que no les gustan.
Esa estadística y el correo electrónico del HPD deberían hacer saltar las alarmas en lo que respecta a la transparencia y la rendición de cuentas, dicen expertos.
“Eso da mucho miedo, que el gobierno investigue a los periodistas para ver cuáles ofrecerán una cobertura positiva y cuáles van a excluidos”, dijo David Cuillier, director del Proyecto Brechner de Libertad de Información de la Universidad de Florida. “La gente debería estar preocupada, porque en una democracia exigimos saber qué hace nuestro gobierno –lo bueno y lo malo– y no que nos den solo noticias positivas”.
Medrano, que ganó más de 227 mil dólares en salario y beneficios el año pasado, no devolvió las llamadas telefónicas para este artículo. Un correo electrónico del departamento de información pública, que no tenía el nombre del remitente, dijo que Medrano estaba “fuera de la oficina por un tiempo no especificado” y respondería cuando regresara.
Los contribuyentes también pagaron más de 453 mil dólares en salarios y beneficios el año pasado a los otros dos funcionarios de información pública del departamento, Katrina Farrell y Alan Olvera.
Registros negados
Al divulgar registros públicos, la ciudad de Henderson también está tachando arbitrariamente los registros, incluyendo uno que la ciudad proporcionó anteriormente sin tachaduras. Funcionarios de la ciudad recientemente tacharon el nombre de un agente que envió un correo electrónico, citando preocupaciones de privacidad. Pero la ciudad publicó ese mismo correo electrónico –con el nombre del agente en él– hace meses como parte de otra solicitud de registros.
La ciudad también tachó otros correos electrónicos bajo el privilegio abogado-cliente y retuvo completamente otros 29 por “proceso deliberativo”. La Corte Suprema de Nevada ha dictaminado en repetidas ocasiones que los gobiernos están obligados a proporcionar una explicación de lo que se privilegia cuando alegan una exención abogado-cliente para retener registros.
“Simplemente hicieron referencia a esos privilegios, que solo aplican a una clase limitada de registros, y, en cierto sentido, dijeron: ‘confía en nosotros’. No es así como se supone que funciona la Ley de Registros Públicos de Nevada”, dijo Benjamin Lipman, director jurídico del Review-Journal. “Y, por supuesto, no hay defensa para ocultar información que ya es pública”.
Los funcionarios municipales no devolvieron las solicitudes para explicar las tachaduras y no hicieron comentarios para este artículo.
Para un artículo sobre el exceso de horas extraordinarias y los errores cometidos en la cárcel de la ciudad, el periódico hizo repetidos intentos de contactar a funcionarios y a la jefa de la policía, Hollie Chadwick, para que hicieran comentarios. Ningún funcionario de la ciudad accedió a una entrevista.
Los concejales de Henderson, que han sido elegidos para responder a las preocupaciones de los contribuyentes, tampoco respondieron a las peticiones del Review-Journal para hacer comentarios sobre el artículo sobre las horas extraordinarias en la cárcel. El periódico intentó entrevistarlos después de una reunión del concejo municipal celebrada el 15 de agosto, pero todos huyeron.
Un reportero fue informado de que los funcionarios electos estaban en una reunión y no podían ser entrevistados. El Review-Journal solicitó entonces sus agendas, que mostraron que solo la concejala Carrie Cox tenía una cita programada en ese momento.
La alcaldesa Michelle Romero, que no estaba presente en la reunión, hizo una declaración a través de un funcionario de información pública en lugar de sentarse para una entrevista. Los concejales Cox, Dan Shaw, Dan Stewart y Jim Seebock solo hablaron con una reportera cuando esta se presentó en los públicos “Morning Meet Ups” que los funcionarios electos celebran para hablar con los electores.
Los habitantes de Henderson pagan al alcalde alrededor de 70 mil dólares al año y cada miembro del concejo municipal gana casi 57 mil dólares.
Demanda para modificar el informe
Después de que el Review-Journal publicara el artículo, el sindicato de la policía y la ciudad demandaron al periódico por un video publicado con la investigación.
En la demanda se alega que el Review-Journal infringió una ley estatal que establece que las imágenes de agentes de policía que obren en poder de un organismo de aplicación de la ley son confidenciales. Lipman dijo que la ley solo prohíbe a los organismos policiales la divulgación de las fotos, no a los medios su publicación.
La ley, promulgada en 2005 y fuertemente apoyada por los sindicatos, tenía por objeto proteger a los agentes, según testificaron funcionarios sindicales, pero la ciudad y el sindicato no pudieron aportar ningún ejemplo de peligro para los agentes a causa del video.
Expertos en transparencia sostienen que la ley también protege a los agentes del escrutinio externo.
“Realmente socava la rendición de cuentas cuando hay algún tipo de secretismo en torno a las operaciones policiales”, dijo Lauren Bonds, directora ejecutiva del Proyecto Nacional de Rendición de Cuentas de la Policía. “La transparencia es un precursor y un primer paso indispensable para una reforma significativa y una rendición de cuentas significativa”.
La columna “¿Qué ocultan?” se creó para educar a los nevadenses sobre las leyes de transparencia, informar a los lectores sobre la cobertura del Review-Journal obstaculizada por las burocracias y avergonzar a los funcionarios públicos para que sean abiertos con la gente trabajadora que paga todas las facturas del gobierno. ¿Te han denegado injustamente el acceso a documentos públicos? Comparte tu historia con nosotros en whataretheyhiding@reviewjournal.com.
