¿Qué están ocultando? contribuyentes pagan facturas legales para ocultar registros públicos
El Condado Clark y el Departamento de Policía Metropolitana gastaron más de 600 mil dólares de los contribuyentes en los últimos años en largas y fallidas batallas legales para ocultar información pública al Las Vegas Review-Journal y a sus lectores.
Desde 2017, el bufete de abogados Marquis Aurbach, con sede en Las Vegas, recibió casi 118 mil dólares del condado, y la Policía Metropolitana había pagado a la firma aproximadamente 490 mil dólares para luchar contra las solicitudes de registros en los tribunales, según las facturas obtenidas por el Review-Journal.
El periódico presentó demandas después de que las agencias gubernamentales se negaran a entregar documentos públicos clave, incluidas autopsias y una investigación policial sobre si un policía estatal intentó contratar a un sicario.
Con frecuencia, los organismos ocultan a los medios de comunicación y al público en general documentos solicitados sin justificación adecuada. Un organismo solo puede retener documentos si existe una exención a su divulgación en la legislación estatal, pero el remedio para resolver una disputa sobre si los documentos son públicos suele ser una batalla judicial.
Las batallas legales suelen durar años, lo que hace que los costos se acumulen. Cuando el Review-Journal gana un caso, los contribuyentes pagan a veces los honorarios de los abogados del gobierno y del periódico.
“Es simplemente un gasto colosal del dinero de los contribuyentes que las entidades gubernamentales nos imponen en sus esfuerzos por mantener en secreto los registros”, dijo Benjamin Lipman, director jurídico del periódico.
Según Stephen Bates, profesor de periodismo de la UNLV, pagar a un abogado externo para que la agencia retenga documentos públicos es contrario a la transparencia.
Con demasiada frecuencia, las autoridades “ven al público y a las solicitudes de documentos como una especie de enemigo al que hay que combatir o al que solo hay que dar lo mínimo necesario”, dijo.
Condado Clark, Policía Metropolitana y Marquis Aurbach no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Se retrasa la publicación de los expedientes
La ley de Nevada exige la pronta entrega de los registros, pero las interminables batallas legales causan retrasos masivos.
En un caso, la Policía Metropolitana se negó a entregar documentos de investigación sobre acusaciones de que un policía de Nevada Highway Patrol intentó contratar a un informante confidencial para dañar a su esposa. La solicitud inicial se hizo en 2019, pero el caso se ha extendido hasta este año.
El Tribunal Supremo de Nevada reglamentó en marzo que la Policía Metropolitana violó la ley estatal al retener los registros. Los contribuyentes pagaron al bufete de abogados más de 40 mil dólares por la pelea judicial.
A principios de este año, un juez ordenó al Condado Clark pagar 337 mil dólares en honorarios legales al Review-Journal, tras una batalla de cuatro años por el acceso público a las autopsias de los niños. El periódico solicitó los registros como parte de una investigación sobre la gestión de los servicios de protección de menores en los casos de niños fallecidos.
El Review-Journal también ha demandado con éxito a organismos gubernamentales en los últimos años para acceder a registros relacionados con el tráfico sexual, el incendio del motel Alpine y el tiroteo masivo del festival Route 91 Harvest.
Estas victorias judiciales subrayan la fuerza de las leyes de Nevada sobre registros públicos, pero también ponen de relieve sus deficiencias, dijo Glenn Cook, editor ejecutivo del Review-Journal.
“Estos gastos se encuentran entre los peores ejemplos de gasto gubernamental”, dijo Cook. “Se niega a los contribuyentes el acceso a importantes registros de los asuntos públicos, y luego se les bastona con las cuantiosas facturas legales de las burocracias que luchan por mantener esos registros en secreto. Qué estafa para los residentes del Condado Clark”.
Desde 2019, las agencias se han arriesgado a multas -que van de mil dólares a 10 mil dólares- si violan “voluntariamente” la ley de registros públicos de Nevada. Lipman dijo que los jueces no han impuesto sanciones contra los gobiernos en los casos que el Review-Journal ha ganado, y no tiene conocimiento de sanciones en otros casos. Al periódico se le han concedido repetidamente sus honorarios legales.
