Los gobiernos del sur de Nevada publican registros públicos muy censurados
Los contribuyentes de Las Vegas han gastado casi 6 millones de dólares en bufetes de abogados externos en la fallida lucha legal de Badlands. Pero los líderes de la ciudad no revelarán exactamente lo que los abogados hicieron por ese dinero.
El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), por su parte, se negó a proporcionar registros sobre el uso de la fuerza por parte de un agente contra un estudiante. Luego publicó casi dos mil páginas de documentos después de que una organización legal sin ánimo de lucro llevara al CCSD a los tribunales, pero el distrito escolar tachó numerosos correos electrónicos y tachó gran parte de una presentación de diapositivas adjunta sobre protestas, disturbios y tácticas policiales.
Las dos revelaciones recientes ponen de relieve un problema de larga data en Nevada: Las agencias financiadas por los contribuyentes pueden tachar segmentos de los registros que liberan al público.
“Se trata de dinero de los contribuyentes, y los ciudadanos no pueden determinar si su gobierno está malgastando el dinero si no saben en qué se ha gastado”, dijo Ben Lipman, jefe de asuntos jurídicos del Las Vegas Review-Journal, refiriéndose a las facturas tachadas relacionadas con Badlands. “Retener los registros solo permite más secretismo por parte del gobierno”.
Athar Haseebullah, director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Nevada, que emprendió acciones legales contra el distrito escolar por su denegación de registros, dijo que el número de omisiones en la eventual liberación del distrito era “bastante significativo” y fue otro recordatorio de que el CCSD no se preocupa por la transparencia.
“Esta no es una entidad responsable”, dijo.
Facturas legales de Badlands
En febrero, el Review-Journal solicitó copias de las facturas legales que muestran lo que la ciudad de Las Vegas pagó a los abogados externos para trabajar en la disputa de años sobre la construcción de viviendas nunca construidas en el campo de golf Badlands cerrado.
El mes pasado, el concejo de la ciudad entregó al periódico más de 300 páginas de facturas de tres bufetes de abogados. Los documentos incluían las tarifas de facturación, las horas trabajadas y los importes adeudados, pero las descripciones de los servicios prestados estaban todas tachadas con color negro.
Cuando el Review-Journal pidió una justificación, el portavoz municipal Jace Radke facilitó una respuesta del abogado municipal Jeff Dorocak, quien declaró que las omisiones contenían detalles o descripciones de servicios jurídicos para litigios en curso y estaban amparadas por el privilegio abogado-cliente de la ley estatal, así como por la doctrina del producto del trabajo del abogado.
El periódico contestó que tachar todas las descripciones parecía violar la ley de registros públicos de Nevada y pidió registros que retuvieran solo la información que pudiera ser legítimamente tachada. Pero Radke proporcionó la misma respuesta, palabra por palabra, del abogado de la ciudad.
La ley que mencionó, NRS 49.095, establece que un cliente puede negarse a revelar, y evitar que cualquier otra persona revele, las comunicaciones confidenciales entre el cliente y su abogado o que se hicieron para facilitar la “prestación de servicios jurídicos profesionales” al cliente.
Lipman explicó que el secreto profesional entre abogado y cliente está concebido para proteger la información transmitida a un abogado con el fin de obtener asesoramiento jurídico, y para proteger el propio asesoramiento.
“No protege partes de los registros públicos en las que simplemente se discute la naturaleza general del trabajo que se presenta, y retener información sobre esa base viola la Ley de Registros Públicos de Nevada”, dijo Lipman.
La oficina del abogado de la ciudad mantiene su declaración anterior y cree que la información tachada”se aplica directamente” al privilegio abogado-cliente, dijo el miércoles el director de comunicaciones de la ciudad, David Riggleman.
El urbanizador Yohan Lowie de EHB Cos. adquirió el campo de golf Badlands de 250 acres, en Alta Drive y Rampart Boulevard, en 2015. Su grupo se propuso reurbanizar el sitio, pero alegó en documentos judiciales que la ciudad efectivamente tomó la propiedad cuando bloqueó sus planes de proyecto.
Los tribunales han impuesto más de 230 millones de dólares en sentencias contra la ciudad en la disputa. La ciudad también ha gastado alrededor de 5.95 millones de dólares en abogados externos para litigios relacionados con Badlands desde 2018, según las cifras proporcionadas el mes pasado por Radke.
En otoño de 2022, cuando el Concejo Municipal votó 5-2 para distribuir dos millones de dólares a bufetes de abogados externos para la lucha, uno de los votos en contra provino de la concejal Victoria Seaman, cuyo distrito incluye la propiedad.
“No voy a participar en tirar más dinero de nuestros contribuyentes en un agujero oscuro sin ninguna señal de éxito”, dijo.
CCSD hace modificaciones
El Distrito Escolar del Condado Clark también hizo recientemente ediciones para ocultar información en los registros públicos.
Después de que un video publicado en las redes sociales a principios de 2023 mostrara a un agente de policía escolar tirando a un estudiante al suelo, el Review-Journal solicitó una copia del reporte del incidente y cualquier queja previa contra el agente.
El distrito escolar se negó a presentar los registros, mencionando su investigación en curso, informó el periódico.
La ACLU de Nevada anunció que representaba a los alumnos de Durango High School que fueron “atacados” por la policía del CCSD, y también presentó una solicitud de registros públicos. Entre otras cosas, la ACLU solicitó cualquier grabación de video, declaraciones de testigos, reportes y comunicaciones relacionadas con el incidente.
Pero el distrito escolar se negó a facilitar los documentos solicitados, según afirma la ACLU en los documentos judiciales que presentó para forzar su divulgación.
El distrito escolar argumentó que los registros eran confidenciales y se consideraban información de justicia juvenil. Según los registros judiciales, la policía del CCSD esposó a tres menores durante el incidente, pero solo mencionó a uno. Todos los jóvenes fueron puestos en libertad.
En diciembre, la jueza de distrito Danielle Chio ordenó la divulgación de las grabaciones de las cámaras corporales -con tachaduras para proteger las identidades de los estudiantes- del altercado cerca de Durango High.
En su sentencia, la jueza señaló que no había ninguna causa penal pendiente contra el menor mencionado y que dos de los padres de los alumnos habían firmado una renuncia a la confidencialidad.
A finales del mes pasado, alrededor de las 4:30 p.m. de un viernes, la oficina de prensa del CCSD comunicó que, en aras de la transparencia, estaba distribuyendo documentos que había facilitado a la ACLU en el marco del litigio.
El remitente anónimo señaló que se habían hecho tachaduras “para información confidencial y privilegiada”.
El PDF de 1,967 páginas incluía numerosos correos electrónicos tachados y registros policiales del CCSD tachados.
También incluía un “Mobile Field Force Refresher” de la policía del CCSD, una presentación que abarcaba casi 90 páginas y pretendía describir las “lecciones aprendidas” de anteriores acciones y desórdenes civiles; la inacción y reacción exagerada de la policía; los rasgos y tácticas comunes de los manifestantes; y el debido proceso durante los arrestos masivos.
Incluía varias diapositivas tituladas “Comportamiento alborotador” con información e imágenes, aunque alrededor de 40 páginas de la presentación también estaban tachadas, con diapositivas tituladas “Tácticas del equipo de aplicación de la ley” y “Fuerza de campo móvil” tachadas.
Haseebullah, de la ACLU, dijo que no estaba seguro de por qué el distrito consideró que la presentación de diapositivas era confidencial.
La oficina de prensa del CCSD no respondió a la solicitud de comentarios.
