Forense del Condado Clark tacha reportes de autopsias pese a haber perdido juicio
El forense del Condado Clark destinó tres años y alrededor de 250 mil dólares del dinero de los contribuyentes a librar una batalla perdida para ocultar las autopsias del público, pero ahora, el personal del forense está tachando algunos de los registros hasta el punto de que no revelan ninguna información.
Las Vegas Review-Journal demandó a la oficina en 2017, diciendo que el condado estaba reteniendo ilegalmente las autopsias de niños, y los tribunales –hasta la Corte Suprema de Nevada– estuvieron de acuerdo en que las autopsias son registros públicos.
Ben Lipman, director jurídico del periódico, dijo que la oficina está usando las tachaduras para frustrar la transparencia.
“Están infringiendo claramente la ley tal y como está escrita en la Ley de Registros Públicos de Nevada y fue explicada por la Corte Suprema de Nevada, y han hecho exactamente lo que se consideró que infringía la Ley de Registros Públicos de Nevada por hacerlo anteriormente”, dijo.
La dependencia también está diciendo al Review-Journal que necesitará más de un año para cumplir con las solicitudes de autopsias de las personas que murieron en la cárcel o prisión. La primera entrega de algunos de los registros muestra tachaduras casi totales.
Stephanie Wheatley, portavoz de la oficina forense, citó varias justificaciones legales para las tachaduras, incluyendo la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud y varios casos que discuten cómo equilibrar la privacidad de la información y el interés público, como Reno Newspapers vs. Gibbons.
Sin embargo, Wheatley no abordó el caso del Review-Journal contra la Oficina Forense ni se pronunció sobre la legalidad de las tachaduras.
Larga batalla por los registros
En 2017, el juez de distrito Jim Crockett dictaminó que la Oficina Forense “obstruyó el propósito legislativo” de la ley de registros abiertos al no producir documentos que habrían permitido al Review-Journal ver si había lagunas en el sistema de protección infantil del condado.
El condado apeló y la Corte Suprema confirmó la sentencia. El condado siguió intentando obtener una nueva audiencia hasta que la Corte Suprema ordenó que las 653 autopsias se publicaran sin tachaduras a finales de 2020.
El condado fue condenado a pagar 167 mil dólares en honorarios legales del periódico y gastó unos 80 mil dólares en abogados externos por su intento fallido de retener las autopsias.
Pero, recientemente, el condado empezó a publicar autopsias con muy poca información que no estuviera tachada.
El Condado Clark no ofreció inicialmente una explicación para estas tachaduras, y más tarde dijo en un correo electrónico que la información tachada era información de salud protegida o información de identificación personal.
Según Lipman, proporcionar estas declaraciones generales no es suficiente para cumplir con la ley de registros abiertos de Nevada. La Oficina Forense tendría que justificar cada eliminación individual y dar una explicación de la naturaleza de la información privada.
En el caso del Review-Journal contra la Oficina Forense, el tribunal dijo que podía haber información en los reportes del forense que si se divulgara supondría una invasión injustificada de la privacidad, explicó Lipman.
Se dio al Condado Clark la oportunidad de explicar qué información consideraba que debía suprimirse. Pero una vez de vuelta en el tribunal, el condado no pudo justificar las tachaduras, continuó.
Además, dijo Lipman, la oficina tendría que demostrar no solo que la información en sí es privada, “sino que es tan privada que supera el derecho general del público a saber”.
“No lo han intentado ni remotamente, y mucho menos lo han conseguido, en lo que respecta a las tachaduras de los registros que han proporcionado”, dijo Lipman.
Retraso en la entrega de documentos
Solo los retrasos razonables en la divulgación de documentos cumplen las leyes de transparencia, dijo Lipman. Y afirmó que la estimación proporcionada por la Oficina Forense parecía poco razonable.
Wheatley dijo en un correo electrónico que, dado que el Review-Journal ha solicitado un total de 13 años de registros –los informes de autopsia en custodia desde 2011– la oficina está cumpliendo con la solicitud de registros públicos “según el Estatuto Revisado de Nevada”.
“Dado el tamaño de su solicitud, los registros se están poniendo a su disposición de forma continua”, dijo Wheatley. Desde que presentó la solicitud el 12 de junio, el Review-Journal solo ha recibido una entrega de registros que contenía menos de 40 documentos. Se trataba de una combinación de autopsias, informes de investigación e informes toxicológicos. Algunos correspondían a la misma persona fallecida.
Una hoja de cálculo proporcionada por la oficina muestra que hay un total de 374 muertes identificadas que responden a la solicitud del Review-Journal.
“Dado el ritmo al que las entidades gubernamentales públicas de todo el estado, incluido el forense, producen y han producido los documentos, la idea de que se vaya a tomar más de un año para producir estos registros simplemente me parece ridícula”, dijo Lipman. “Prometieron que proporcionarían estos registros de forma continua, y aquí estamos”.
Para Lipman, la falta de plazos adicionales “llama a cuestionar si están haciendo esto con diligencia o no”.
Los registros que ha recibido el Review-Journal hasta ahora relatan las historias de personas que fueron inmovilizadas, medicadas o abandonadas a su suerte en una celda cuando murieron.
Wheatley accedió inicialmente a una entrevista telefónica, pero cuando el Review-Journal le dijo que la conversación quedaría registrada, respondió con una declaración por correo electrónico en lugar de confirmar su disponibilidad para la llamada.
Wheatley dijo al Review-Journal que la oficina sigue “trabajando diligentemente para garantizar que las solicitudes de registros del Review-Journal se atienden y responden adecuadamente”.
La columna “¿Qué ocultan?” se creó para educar a los nevadenses sobre las leyes de transparencia, informar a los lectores sobre la cobertura del Review-Journal que se ve obstaculizada por las burocracias y avergonzar a los funcionarios públicos para que sean abiertos con la gente trabajadora que paga todas las facturas del gobierno. ¿Te han negado injustamente el acceso a documentos públicos? Comparte tu historia con nosotros en whataretheyhiding@reviewjournal.com.
