¿Qué están ocultando? Henderson quiere cobrar más por registros públicos
Henderson quiere cobrarte más por los registros públicos, una medida que expertos dicen que infringe la ley estatal.
Los contribuyentes ya financian los salarios, beneficios y pensiones del personal, pero ahora tendrán que pagar más para ver cómo la ciudad –incluyendo su departamento de policía– hace su trabajo.
El Concejo Municipal votará sobre las nuevas tarifas de registros públicos en su próxima reunión del 16 de abril.
Según el procedimiento propuesto, el público pagará la tarifa por hora de la persona que investigue cada solicitud cuya realización lleve más de 30 minutos. Si la solicitud se considera extraordinaria, la ciudad podrá pedir un depósito del 50 por ciento.
Benjamin Lipman, director jurídico del Review-Journal, dijo que las entidades gubernamentales solo pueden cobrar los costos de los materiales, como el papel o el franqueo, pero no el sueldo y los salarios de los empleados requeridos para responder a la solicitud.
“Es decepcionante ver cómo intentan cobrar al público cantidades que la ley no permite solo por acceder a registros que pertenecen al público”, dijo Lipman.
Estas tarifas pueden ascender a cientos, si no miles, de dólares, según el director jurídico de la First Amendment Coalition, David Loy.
“Se trata absolutamente de una barrera financiera para acceder a los registros públicos”, dijo Loy.
La ciudad actualiza las tarifas
La directora de información pública de la ciudad, Madeleine Skains, dijo en un comunicado que el programa de tarifas de registros de la ciudad, que ha estado en vigor desde 2017, se modifica ocasionalmente para asegurarse de que el trabajo realizado para cumplir con una solicitud no exceda el costo de proporcionar el registro.
Las tarifas pueden no aplicarse a las personas que solicitan sus propios registros, como planos de construcción o de terreno.
“La ciudad de Henderson sigue comprometida con la transparencia y trabajará con los solicitantes para ayudar a reducir su búsqueda para asegurarse de que reciben los documentos exactos que solicitan de manera eficiente a un costo mínimo o nulo”, escribió Skains.
Ni la alcaldesa Michelle Romero ni los concejales Dan Shaw y Dan Stewart respondieron a las solicitudes de comentarios. El concejal Jim Seebock remitió a un reportero a Skains, y la concejala Carrie Cox dijo que necesitaba saber más antes de comentar.
En la actualidad, las grabaciones de las cámaras corporales de la Policía de Henderson son gratuitas durante las primeras 10 horas de trabajo que sus empleados dedican a preparar el video para su difusión, y la ciudad no cobra más de 35 dólares por cada hora adicional de trabajo.
La política de registros públicos de la ciudad se promueve como una política que fomenta la transparencia y cumple con las leyes estatales y federales. Sin embargo, registros públicos han mostrado a funcionarios que actúan de una manera que algunos dicen que no es transparente.
En agosto, el director de información pública de Henderson, el sargento Daniel Medrano, prometió a los agentes que su equipo “investigaría a cada reportero” para “asegurarse de que su entrevista sea positiva y haga quedar bien a su unidad y al departamento”, según un correo electrónico obtenido por Las Vegas Review-Journal.
El sindicato de la policía y la ciudad demandaron al Review-Journal en un intento de conseguir que el periódico retirara o modificara un video obtenido de la cárcel, pero la ciudad abandonó el caso y pagó una indemnización al periódico. El caso del sindicato sigue en marcha.
Las nuevas tarifas de registros propuestas se produjeron después de que funcionarios sindicales pidieran un mayor control a la hora de divulgar registros.
La jefa de la Policía de Henderson, Hollie Chadwick, se ha negado a conceder una entrevista al Review-Journal a pesar de la cobertura que este ha hecho de su liderazgo. Entre otras cosas, se ha informado que limpió el expediente disciplinario de un detective de policía acusado de racismo e ignoró las recomendaciones de despedir a agentes que conspiraron para encubrir un presunto accidente de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol en el que estuvo implicada una compañera de trabajo que no estaba de servicio.
Esos artículos no habrían salido a la luz sin la estricta ley de registros públicos del estado.
