Proyecto de ley de Nevada exigiría igualdad de salarios para discapacitados intelectuales

Alysa Márquez, una pasante del Concejo del gobernador de Nevada sobre Discapacidades del Desarrollo que nació con síndrome de Down y un defecto cardíaco congénito, trabajó en una guardería en 2019 pero no le pagaron, mientras que a otra trabajadora sí.

“Quiero que me paguen para que mi mamá no tenga que pagar por todo. Me hace sentir bien cuando puedo comprar mis propias cosas”, dijo Márquez al Comité de Salud y Servicios Humanos de la Asamblea el miércoles, a través de Catherine Nielsen, directora ejecutiva del Concejo del gobernador de Nevada sobre Discapacidades del Desarrollo, quien leyó en voz alta el testimonio de Márquez.

Márquez, de 20 años, tiene su propia cuenta de cheques, cuenta de ahorros y una cuenta ABLE, una cuenta de ahorros para personas con discapacidad. Ella espera trabajar de tiempo completo para el estado de Nevada en el futuro.

El Proyecto de ley de la Asamblea 259, presentado por la asambleísta Tracy Brown-May, demócrata por Las Vegas, requeriría que los proveedores de puestos de trabajo y servicios de capacitación de día paguen al menos el salario mínimo estatal a las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo.

Si se aprueba, un proveedor debe, a partir de 2028, pagarles a los trabajadores con discapacidad intelectual no menos que el salario mínimo estatal, que en 2024 será de 12 dólares por hora para todos los empleados. Los proveedores de empleo no pueden tener contratos por menos de los salarios mínimos después de enero de 2025.

“Esto es realmente crucial para el futuro de las organizaciones proveedoras que sirven a nuestra comunidad”, dijo Brown-May, añadiendo que ha llevado años a las organizaciones la transición de sus modelos de negocio lejos de salarios por debajo del mínimo para mejorar las oportunidades de capacitación laboral.

Actualmente hay cinco organizaciones en Nevada con certificados activos del Departamento de Trabajo que atienden a un total de 148 personas con discapacidad, dijo Brown-May. Dos de esas organizaciones están en el proceso de transición en este momento, que se llevará a cabo durante un periodo de dos años, dijo Brown-May.

Ashlee Cooper, gerente de activistas y asuntos gubernamentales de Opportunity Village, dijo que en el pasado se pagaban salarios por debajo del mínimo, pero ya no lo hacen. La organización, que ofrece servicios como el fomento de la mano de obra a las personas con discapacidad en el sur de Nevada, apoya la legislación, dijo.

“Proporciona un periodo de transición para los proveedores en el estado”, dijo Cooper al Review-Journal. “Estamos muy contentos de apoyarlo”.

Nueve personas presentaron opiniones a favor del proyecto de ley en el sitio web de la Legislatura, y una se opuso. En la audiencia del miércoles, todos los testimonios fueron a favor con uno neutral.

“Cada nevadense merece tener un salario equitativo”, dijo Paula Luna, gerente de operaciones de Battle Born Progress. “Las personas con discapacidad no deben cobrar menos del salario mínimo”.