Enfermera de Las Vegas presenta demanda por discriminación religiosa contra el UMC
Una enfermera de Las Vegas, autodenominada pagana, demandó al hospital que la despidió tras rechazar su solicitud de una exención religiosa al requisito de vacunación COVID-19.
La enfermera de partos Julia Kidd, presentó la semana pasada una demanda federal contra el University Medical Center (UMC) alegando que había incurrido en discriminación religiosa. En la demanda se alega que fue despedida como represalia por solicitar la exención y por pedir reparación a través de la Comisión de Igualdad de Derechos de Nevada.
Kidd, de 55 años, llevaba 18 años trabajando en el hospital público del Condado Clark cuando solicitó una exención religiosa de su obligación de vacunar a los empleados contra el COVID-19. El UMC le denegó la solicitud y, cuando fue despedida, el hospital se negó a concederle la exención. El UMC denegó su solicitud y, al seguir negándose a vacunarse, la despidió en enero.
La enfermera dijo ser practicante de paganismo, una religión alternativa basada en la naturaleza. Se describió a sí misma como una practicante solitaria cuya práctica espiritual se centra en la invocación y la comunión con la naturaleza.
Le dijo al Review-Journal que sigue la Wiccan Rede, un código ético que afirma: “Si no perjudica a nadie, haz lo que quieras”. En una entrevista realizada en enero tras su suspensión, dijo que no veía cómo el hecho de no estar vacunada podría perjudicar a alguien si llevaba un cubrebocas y equipos de protección individual (PPE) “a la enésima potencia”, al tiempo que tomaba otras precauciones como lavarse las manos. También dijo que estaba dispuesta a someterse a pruebas diarias de COVID-19.
El mensaje que recibió del hospital fue que “no creemos que sea una creencia válida, así que no importa”, declaró el sábado.
Kidd no se opone a las vacunas en general, pero tenía dudas sobre el COVID-19 porque era una vacuna nueva.
Un mandato federal
El UMC anunció su obligación de vacunarse contra el COVID-19 en septiembre del año pasado, antes de la aplicación de un mandato federal. En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el mandato federal para el personal de atención a la salud de los centros que reciben fondos de Medicare y Medicaid.
El mandato federal entró en vigor en Nevada en febrero. No exige que los trabajadores de atención a la salud reciban vacunas de refuerzo.
El representante del UMC, Scott Kerbs, dijo el viernes que el hospital no hace comentarios sobre litigios pendientes.
En enero, Kerbs le declaró a Review-Journal que el 97 por ciento del personal estaba vacunado contra el COVID-19, y que menos de 200 de los cuatro mil empleados del hospital habían solicitado una exención médica o religiosa.
En aquel momento, no quiso revelar cuántas solicitudes habían sido denegadas, pero dijo que algunos empleados se vacunaron después de que sus solicitudes de exención fueran rechazadas. Solo un puñado de empleados habían sido suspendidos o despedidos por no cumplir la política de vacunación obligatoria, dijo.
Kidd dijo que conocía a una antigua compañera de trabajo, cristiana, que había recibido una exención religiosa tras presentar una carta de explicación que escribió junto con su pastor.
Las directrices federales sobre la concesión de una exención dependen de si el empleado tiene una “creencia religiosa sincera” que prohíba la vacunación.
No se consideran creencias religiosas las objeciones “basadas en preferencias sociales, políticas o personales, o en preocupaciones no religiosas sobre los posibles efectos de la vacuna”, según la Comisión de Igualdad de Derechos de Estados Unidos.
El abogado laboral Mark Abbott, quien no está implicado en el caso de Kidd, ha visto que los empresarios pueden dudar de las solicitudes de adaptación basadas en creencias religiosas no tradicionales con las que no están familiarizados.
Los empresarios deben actuar con cautela cuando las creencias religiosas de un empleado se salen de la norma, “aunque no las entiendan y no estén de acuerdo con ellas”, afirma Abbott, socio gerente del bufete Kamer Zucker Abbott.
Un empleador también puede dudar de la motivación de un empleado teniendo en cuenta la oposición vocal a las vacunas por parte de activistas por razones que no tienen nada que ver con la religión, dijo.
Un empleador tiene que equilibrar los derechos del empleado con “tratar de gestionar y dirigir su negocio de la manera más segura posible”, incluyendo la consideración del bienestar de los pacientes. Es posible que el UMC haya decidido que “le preocupa más a quién sirve (Kidd) en su calidad de enfermera de partos”.
Estados buscan la derogación del mandato
Kidd dijo que estuvo sin trabajo unos dos meses, perdiendo ingresos y prestaciones.
“Me pareció bastante estresante”, dijo. “No quería que me despidieran. De hecho, me gustaba mi puesto. Disfrutaba con mis compañeros. Conocía la rutina de allí”.
Desde entonces, Kidd ha sido contratada como enfermera de partos en otro hospital de Las Vegas que no ha mencionado. Su nuevo empleador aprobó su solicitud de exención religiosa después de que ella llenara un breve formulario y diera más explicaciones sobre sus creencias al departamento de recursos humanos, dijo.
Como sigue sin estar vacunada, se le exige que lleve siempre un cubrebocas, incluso en zonas sin pacientes, y que mantenga una distancia de seis pies con los demás siempre que sea posible. Kidd, quien ha tenido dos casos leves de COVID-19, dijo: “Si estuviera enferma, tendría que quedarme en casa, obviamente”.
La demanda de Kidd, que también incluye a la Junta de Comisionados del Condado Clark y a su administrador como demandados, dice que ha sufrido “daños irreparables y privación de ingresos en forma de salarios y posibles beneficios, oportunidades de ascenso y asignaciones de trabajo que le correspondían como empleada, así como dolor y sufrimiento emocional, angustia mental, humillación, vergüenza, indignidad y otros daños intangibles en una cantidad que se probará en el juicio”.
La demanda también solicita daños punitivos.
Según Trevor Hatfield, abogado de Kidd, la Comisión de Igualdad de Derechos de Nevada no consideró que existiera causa probable de que se hubiera infringido la ley, que es lo que se determina en la inmensa mayoría de los casos. Le concedió el derecho a demandar, lo que permitió que la demanda siguiera adelante.
No abundan los reportes de demandas por parte de trabajadores de la atención a la salud en relación con los requisitos de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, ha habido una considerable resistencia contra el mandato federal. El mes pasado, una coalición de 22 estados presentó una petición solicitando su derogación. Nevada no forma parte de la coalición, liderada por el fiscal general de Montana.
La petición, presentada en virtud de la Ley de Procedimientos Administrativos, le pide al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) retirar el mandato. Según la coalición, el mandato ha violado los derechos de los trabajadores de la atención a la salud y ha agravado la escasez de personal
En un comunicado de prensa, el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, no se anduvo con rodeos: “El gobierno de Biden nunca debería haber impuesto este mandato, y los CMS deberían tirarlo ahora a la basura, que es donde debe estar”.
