EDITORIAL: La falsa generosidad del gobierno federal con la tierra

Los burócratas de Washington anunciaron recientemente que los gobiernos del sur de Nevada podrán comprar tierras federales a precios reducidos. En algunos casos, podría ser tan bajo como 100 dólares por acre. Los compradores deberán destinar la propiedad a la construcción de viviendas asequibles.

“Esto está muy por debajo de la tasa de ventas de tierras comparables, que en un momento llegó a un máximo de más de dos millones de dólares por acre”, dijo el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos.

En cierto sentido, es una gran noticia. El crecimiento de Nevada sigue siendo fuerte. El estado atrae a gente de todo el país, especialmente de California.

Pero los costos de la vivienda siguen siendo elevados. Los precios de la vivienda han bajado desde máximos pandémicos, pero el precio medio de la vivienda sigue siendo muy superior a 400 mil dólares. El mercado ha reaccionado en cierta medida, ya que están surgiendo apartamentos por todo el valle. Se están construyendo unas 12,500 unidades multifamiliares. Sin embargo, se necesitan más, sobre todo para las rentas más bajas. A pesar de los problemas de infraestructura, la liberación de más suelo tiene sentido.

Una de las principales causas del elevado precio de la vivienda es la escasez de suelo urbanizable. Más suelo del gobierno federal debería ayudar a liberar bienes inmuebles que puedan utilizarse para ajustar mejor la demanda a la oferta. Y una mayor oferta de vivienda es un ingrediente clave para estabilizar los precios en general.

Pero es importante recordar que la escasez de terrenos disponibles en la zona de Las Vegas es una limitación artificial. El gobierno federal controla más del 80 por ciento de Nevada, incluida gran parte de la propiedad vacante en el condado de Clark. Es un porcentaje muy superior al de otros estados. En muchos estados del Este, la cantidad es inferior al cinco por ciento.

De hecho, aquí no hay escasez de terrenos. La escasez se debe a que hay mucho terreno bajo el control de Washington, y solo una pequeña parte es propiedad sensible desde el punto de vista medioambiental, preservada y protegida para uso público, como el Área de Conservación Nacional de Red Rock Canyon. Los esfuerzos realizados a lo largo de los años por la delegación del estado en el Congreso para desbloquear algunas de esas propiedades para la construcción de viviendas y otras urbanizaciones han tenido resultados dispares.

Varios miembros de la delegación de Nevada se apresuraron a atribuirse el mérito del nuevo programa de liberación de tierras.

“Durante demasiado tiempo el desarrollo de viviendas asequibles en tierras públicas en Nevada ha sido empantanado por un proceso ineficiente, y yo impulsé estas mejoras vitales que harán más fácil la construcción de más viviendas para las familias trabajadoras de Nevada”, dijo la senadora Catherine Cortez Masto.

Pero el problema no es un proceso ineficiente para la distribución de la tierra. Es que el gobierno federal “posee” gran parte de los vastos espacios abiertos que se encuentran dentro de las fronteras de Nevada en el primer lugar.