Un militar salvadoreño robaba armas para el cártel de Los Zetas
Las 214 granadas antitanque M90 que fueron sustraídas de las bodegas de las fuerzas armadas tenían como destino organizaciones internacionales del narcotráfico, presumiblemente el cartel mexicano de los Zetas, informó este lunes la Fiscalía General de República, y señaló al mayor del ejército Elmer Espinoza Hércules como el responsable de traficar con el armamento.
El oficial, que está prófugo, fungía como explosivita en el Comando de Ingeniería militar y tenía como responsabilidad la destrucción de armamento del ejército que se encontraba obsoleto o en desuso, según informó en conferencia de prensa el jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía, Rodolfo Delgado.
En octubre de 2013, las autoridades localizaron 214 granadas antitanque M90 en una vivienda de una pequeña comunidad en el occidente del país y las autoridades dijeron que serían vendidas a los Zetas de México.
Los pertrechos estaban enterrados en una vivienda donde funcionaba una carpintería.
Según las investigaciones, 15 días antes del hallazgo, hombres no identificados presuntamente de origen guatemalteco llegaron a la zona buscando la bodega, pero no la encontraron y las autoridades fueron alertadas.
Las sustraían en camiones
Según el informe de la Fiscalía, las granadas eran parte de 18 lotes de armamento de la Fuerza Armada, y según los registros de la institución castrense, 16 de estos lotes están inventariados como armamento que ya habría sido destruido.
Espinoza Hércules habría sacado estas armas ocultas en un camión cargado con arena y las trasladó hasta la bodega, con fachada de carpintería, ubicada en el occidente del país.
Delgado informó que, “por el momento no se ha descubierto la participación de otros miembros de la institución castrense”, y reveló que además del mayor Espinoza Hércules buscan a Manuel de Jesús Ayala Quiroz, “encargado de elaborar caletas en el interior de vehículos con el objeto de trasladar armas hacia otros países”.
El fiscal señaló que los hallazgos de armas realizados en Honduras y en México, particularmente en Monterrey, estarían vinculados a “armas que fueron aparentemente destruidas aquí en El Salvador y posteriormente fueron trasladadas hacia grupos criminales en otros países”.
