Registros de inspecciones revelan el foco de la investigación criminal del edificio Alpine
Recientes registros revelados de la orden de inspección de los apartamentos del Motel Alpine muestran que los investigadores criminales allanaron la oficina del administrador de la propiedad y la unidad de vivienda en los días posteriores al mortal incendio de diciembre.
Los investigadores incautaron una computadora, así como carpetas y un archivador de papeles dentro de la unidad donde el gerente Jason Casteel vivía con su prometida.
De acuerdo con los nuevos registros, los investigadores buscaban documentos de inspección y cualquier queja documentada de los residentes, así como cualquier comunicación documentada entre los residentes, los gerentes, los dueños del hotel (Las Vegas Dragon Hotel LLC) y su miembro gerente, Adolfo Orozco.
Seis personas murieron y 13 resultaron heridas en el incendio del 21 de diciembre, que las entrevistas con los residentes, así como los registros publicados durante el mes pasado, sugieren que comenzó en el primer piso del edificio de apartamentos de 42 unidades hace exactamente un mes.
Una puerta de evacuación trasera en el primer piso fue bloqueada desde el exterior, dejando a algunos residentes atrapados. Otros arriba, asfixiados por el abrumador humo, recurrieron a saltar desde las ventanas del segundo y tercer piso para salir, incluyendo a DeJoy Wilson, quien en ese momento estaba embarazada de tres meses.
En las inspecciones posteriores al incendio de la propiedad el 22 y 23 de diciembre, los inspectores identificaron más de 40 violaciones al código de incendios, incluyendo la puerta de salida sellada, un sistema de alarma de incendios defectuoso, máquinas expendedoras que bloquearon las rutas de salida y barras de seguridad en un área de dormitorios que no tenía salida de emergencia.
Los investigadores durante la inspección también buscaron “herramientas, hardware y artículos similares usados para asegurar la puerta trasera”, según los registros. También registraron la propiedad en busca de cualquier “artículo que evidenciara un mantenimiento inadecuado”, confiscando el panel de alarma completo de la oficina del gerente, así como un teléfono celular y una computadora portátil de la unidad del encargado de mantenimiento Don Bennett, quien murió en el incendio.
Los registros previamente publicados en el Review-Journal mostraron problemas continuos con el sistema de alarma contra incendios del edificio que se remontan al menos al 2013, el año en que la administración actual adquirió el edificio.
Una violación posterior al incendio señaló que el panel de alarma al momento del incendio estaba “amarrado con una correa”, un intento improvisado de representar falsamente que estaba funcionando correctamente, señaló el jefe de bomberos de Las Vegas, Robert Nolan.
Posibles cargos
Después del incendio, el Fiscal de Distrito, Steve Wolfson, confirmó que se estaba levantando un caso criminal, con la investigación tanto de la policía como del Departamento de Bomberos de Las Vegas.
“En un caso como este, hay muchas partes en juego”, le comentó Wolfson al Las Vegas Review-Journal en un correo electrónico la semana pasada. “Hay varias agencias que están participando en la investigación y muchas entrevistas y exámenes forenses que deben ser completados”.
Hasta el 21 de enero, no se habían presentado cargos criminales contra Orozco o Casteel.
“Si y cuando un caso es remitido a mi oficina, ciertamente recibirá la atención apropiada”, continuó el correo electrónico de Wolfson. “Está en mi radar”.
Los posibles cargos podrían incluir homicidio involuntario o asesinato en segundo grado, supuso el ex fiscal de distrito del Condado de Clark, Stewart Bell, quien ocupó el cargo entre 1995 y 2002.
“El asunto es si, no obstante, pese a su intención, hicieron algo malo o no hicieron algo que debieron haber hecho”, le dijo Bell al Review-Journal. “Cuando uno hace caso omiso de su obligación, hay un castigo social que lo acompaña”.
Bell indicó que podrían pasar meses antes de que se presenten cargos, lo cual es típico en las investigaciones de incendios.
“Hay una gran carga que el estado tendrá que cumplir para poder desarrollar suficientes pruebas para que se sienta cómodo para desarrollar un enjuiciamiento, dada la norma”, argumentó Bell. “Porque aunque estén moralmente indignados, no usarán recursos públicos para ir tras esto a menos que sepan que hay algo ahí”.
El veterano abogado defensor de Las Vegas, Dominic Gentile, quien representa a Orozco, le notificó al Review-Journal que se está comunicando constantemente con la oficina de Wolfon y está ayudando con la investigación criminal, así como llevando a cabo la suya propia.
“Es un evento trágico y hay muchos, muchos jugadores involucrados”, recalcó Gentile.
Los intentos de contactar con Casteel, el administrador de la propiedad de Alpine, no tuvieron éxito.
Otros edificios del hotel
Los registros de propiedad del Condado de Clark muestran que Las Vegas Dragon Hotel LCC, la compañía a la que Orozco está vinculado, también es propietaria de tres edificios hoteleros adicionales. Cada uno de los hoteles tiene un historial de quejas verificadas, inspecciones reprobadas y violaciones al código de salud, según muestran los registros del Distrito de Salud del Sur de Nevada.
En mayo, el Distrito de Salud ordenó a la compañía que se asegurara de que cada uno de sus hoteles contara con detectores de humo funcionales, según informó anteriormente el Review-Journal. También ordenó que la compañía mantuviera medidas adecuadas de control de plagas en las propiedades y que equipara cada habitación con colchones sanitarios.
Pero ese mandato no se extendió a los Alpine, ya que estos operaban como un complejo de apartamentos, y el Distrito de Salud no regula las residencias privadas, informó un vocero.
Mientras tanto, los registros muestran que la ciudad de Las Vegas autorizó el Alpine como “hotel residencia”, una discrepancia que pudo haber dejado la propiedad vulnerable. Cuando una persona se quejó con la ciudad en 2019 sobre los problemas de habitabilidad del edificio, los registros muestran que la ciudad los dirigió en su lugar al Distrito de Salud, que no tenía jurisdicción sobre el inmueble.
Un inspector de incendios de la ciudad tampoco había puesto un pie en el edificio desde abril de 2017, después de más de una década de fallas en las inspecciones de incendios, reportó previamente el Review-Journal.
Los registros de propiedad también muestran que Orozco y su esposa, Erika Ayala Aguilar, son dueños de 20 propiedades residenciales adicionales, incluyendo tanto casas unifamiliares como multifamiliares, al menos algunas de las cuales están siendo rentadas a inquilinos, confirmó el Review-Journal.
Los registros sugieren que la pareja vive en una casa de seis habitaciones y seis mil 250 pies cuadrados que se encuentra en una subdivisión cerrada del sur del valle de Las Vegas. A un reportero del Review-Journal que intentó visitar la casa se le negó la entrada en la puerta.
Caso inusual
Si la oficina de Wolfson presentara cargos, podría marcar la primera vez en el Condado de Clark que un propietario o administrador de una propiedad residencial ha enfrentado cargos criminales después de una muerte por incendio.
Una búsqueda superficial de los registros del Review-Journal no reveló ningún caso de este tipo que se remonte a 1929. Wolfson confesó que no podía recordar un “caso de este tipo” durante su mandato, ni tampoco Bell.
En California, después del incendio del almacén del barco fantasma en 2016 que mató a 36 personas, la fiscalía del Condado de Alameda inició un caso de homicidio involuntario contra el inquilino principal del almacén, Derick Almena, y su asistente Max Harris.
El almacén, que solo estaba permitido para fines industriales, tenía espacios habitables en el primer piso que Almena supuestamente alquiló a artistas, apretujados entre un laberinto de pasillos improvisados hechos de madera repugnante y otros artículos. La noche del incendio, Harris organizó un concierto que atrajo a unos 100 asistentes. El edificio no contaba alarmas de incendio, rociadores o detectores de humo.
Harris fue absuelto, y los fiscales se están preparando para el nuevo juicio de Almena después de que un jurado de 2018 que se estancó resultó en un juicio nulo.
En Maine, después de que un incendio en una casa en 2014 dejó seis personas muertas, los fiscales estatales levantaron un caso de homicidio contra el propietario del edificio de Portland, Gregory Nisbet.
Los fiscales argumentaron que Nisbet no debió haber estado rentando habitaciones en el tercer piso de la casa, ya que ninguna de las habitaciones tenía una segunda salida viable. Tres de los que murieron en el incendio quedaron atrapados en el tercer piso, porque las ventanas del piso (que pudieron haber contado como una salida) eran demasiado pequeñas como para que pudieran escapar, según el Bangor Daily News.
Nisbet nunca se enfrentó a un jurado. En cambio, en un juicio sin jurado, un juez decidió su destino. Nisbet fue absuelto de homicidio, pero fue condenado por un delito menor de violación del código de incendios. Fue sentenciado a 90 días de cárcel.
El martes, se espera que la Comisión del Condado de Clark discuta las inspecciones de incendios en los edificios de apartamentos y complejos, de acuerdo con un punto de la agenda. El Comisionado Justin Jones concluyó que la discusión estaba programada como resultado del incendio de Alpine.
