LVMPD llega a un acuerdo por 1.8 mdd en relación a muerte en centro de detención
La policía de Las Vegas concedió el lunes más de 1.8 millones de dólares a la familia de un hombre fallecido bajo custodia policial.
Nicholas Farah, de 36 años y nativo de Appleton, Wisconsin, murió el 31 de marzo de 2019 en el Centro de Detención del Condado Clark cuando cuatro agentes del Departamento de Policía Metropolitana le sujetaron la cabeza contra las rodillas durante unos 75 segundos mientras le cambiaban las esposas, dijo entonces la Policía Metropolitana en un comunicado.
“Estaba muy claro que el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) actuó de forma beligerante y monstruosa con mi hermano”, escribió Eric Farah en un comunicado el lunes. “Incluso hoy la silla de inmovilización se sigue usando habitualmente como arma dentro del Centro de Detención del Condado Clark y en todo el país. Me encantaría que se eliminara por completo la silla de inmovilización (algo a lo que se opone firmemente el Departamento de Policía de Las Vegas), y que se pusieran en marcha medidas y precauciones para que esto no le ocurra nunca a otra familia”.
La oficina forense del Condado Clark reglamentó la muerte de Nicholas Farah por asfixia durante los procedimientos de sujeción, con otras condiciones significativas como intoxicación por metanfetamina y obesidad. Su muerte fue reglamentada como homicidio.
La abogada de la familia, Sarah Grady, escribió en el comunicado del lunes que el acuerdo se destinará a sus dos hijas, que, según ella, nunca recibirán un cierre.
“Vivirán el resto de sus vidas preguntándose y lamentando lo que pudo haber sido si los agentes hubieran respondido profesionalmente a la crisis mental que sufría su padre aquel fatídico día de 2019”, escribió Grady.
LVMPD declinó una solicitud de comentario y no se hicieron comentarios públicos durante la reunión del lunes en relación con el acuerdo.
Farah fue detenido inicialmente en un motel de La Quinta, 4975 S. Valley View Blvd., cuando la administración reportó que se comportaba de forma extraña, llamando a taxis y rechazándolos cuando llegaban, dijo la policía.
Una vez en la cárcel, la policía dijo que Farah “se volvió combativo”, por lo que los agentes lo sentaron en una silla de contención. La política de LVMPD prohíbe a los agentes activar las cámaras corporales dentro de la cárcel, pero se publicó un video estacionario en los días posteriores al asesinato.
Farah aparecía angustiado en el video. Miró hacia la cámara antes de que los agentes le empujaran la cabeza hacia las rodillas, según muestra el video. Se escucharon algunos gritos antes de que se callara. Farah no pareció moverse una vez que los agentes lo volvieron a sentar.
La policía continuó sujetándole a la silla durante varios segundos más hasta que terminaron y le dieron la vuelta, según mostraron las imágenes de la cámara fija. Un miembro del personal médico que estaba cerca se dio cuenta entonces de que no respiraba, y los agentes trabajaron para sacarlo de la silla.
En 2019, los entonces sargentos Samuel Mendoza y Richard Newman y los agentes Aaron Mosley y Jeremy Stewart fueron puestos en baja administrativa. En 2020, el fiscal del distrito Steve Wolfson determinó que los agentes no serían acusados en el caso. No estaba claro el martes si los hombres seguían empleados en LVMPD.
“Dado que la conducta era legal y estaba dentro de la política del momento, la conducta de los agentes no entra dentro de los estatutos penales del estado”, escribió Wolfson en una determinación final sobre el caso.
El año pasado, LVMPD pagó la cifra récord de 2.2 millones de dólares a la familia de Tashii Brown, un hombre al que se le aplicó una llave de estrangulamiento por detrás tras pedir ayuda a un agente.
Un mes después de que Brown fuera aturdido con una pistola eléctrica siete veces, golpeado repetidamente y asfixiado, el agente Kenneth Lopera fue acusado de homicidio involuntario. El caso se llevó a un gran jurado, que se negó a acusarlo. El caso de Lopera fue finalmente abandonado.
En junio de 2020, LVMPD prohibió la contención vascular lateral del cuello en cualquier caso que no pusiera en peligro la vida. El departamento dijo que la decisión no estaba asociada a ningún caso concreto.
