Las prohibiciones a desamparados para acampar reciben aprobación del Tribunal Supremo
Las prohibiciones de acampar que las ciudades de Estados Unidos han instituido para desalojar a los desamparados de los espacios públicos son constitucionales, incluso cuando no hay espacio de refugio disponible, reglamentó el viernes el Tribunal Supremo.
La decisión por 6-3 refuerza la legalidad de las ordenanzas de acampada limitada ya en vigor en Las Vegas y Henderson.
Las ordenanzas locales otorgan a los alguaciles municipales y a los agentes de policía la facultad de encarcelar a las personas que acampen ilegalmente si se niegan a desplazarse, siempre que haya espacio disponible para refugiarse.
Las ciudades habían firmado un amicus curiae en busca de la claridad del Tribunal Supremo después de que un tribunal inferior reglamentara que tales leyes equivalían a castigos crueles e inusuales cuando se carecía de espacio de refugio.
El caso se originó en Grants Pass, Oregón, donde los funcionarios apelaron una sentencia que anulaba las ordenanzas que multaban a las personas encontradas durmiendo al aire libre. Desde 2018, el noveno Circuito de Apelaciones sostuvo que tales prohibiciones eran inconstitucionales en lugares sin suficientes camas de refugio.
No estaba claro de inmediato si Las Vegas y Henderson tienen la intención de reforzar sus ordenanzas. Los portavoces de las ciudades no pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios el viernes.
“(Henderson) cree que la restauración de los plenos poderes de la ciudad para hacer frente a la crisis de los desamparados no obstaculiza nuestros crecientes esfuerzos para proporcionar vivienda y recursos”, escribió un portavoz de la ciudad en el otoño. “Anular estos casos permite flexibilidad para abordar los problemas de los sin techo a medida que surgen”.
La concejal de Las Vegas Victoria Seaman, candidata a la alcaldía, declaró al Las Vegas Review-Journal que apoya la sentencia del Tribunal Supremo.
“Esta decisión permitirá a la ciudad de Las Vegas continuar implementando nuestra prohibición de acampar, cuya aprobación apoyé en 2019”, escribió en un comunicado. “Esta política salvaguarda los derechos de propiedad y es fundamental para conectar a las personas con los servicios envolventes necesarios para transformar sus vidas”.
Seaman agregó: “Sigo dedicada a abogar por soluciones sensatas y compasivas para la crisis de desamparados de nuestra ciudad”.
El concejal Brian Knudsen, que votó en contra de la ordenanza, dijo el viernes que no estaba seguro de que la decisión del alto tribunal tuviera un impacto en la ordenanza ya existente en Las Vegas. También ha dicho que la policía no debería ser la única encargada de combatir a los desamparados.
Los activistas critican la decisión
Los críticos han argumentado que las prohibiciones criminalizan a la población afectada.
Los condados Washoe, Sparks y Reno han implantado ordenanzas de acampada, mientras que el Condado Clark no tiene ninguna.
La American Civil Liberties Union (ACLU) Nevada dijo que la opinión de la mayoría tenía un alcance limitado y solo abordaba la cuestión de las sanciones civiles y no los delitos penales.
“Ahora estamos revisando las ordenanzas de acampada en todo el estado en relación con esta decisión, que principalmente no se han aplicado”, escribió la ACLU en un comunicado. “Los gobiernos locales que obligan a los agentes de policía para hacer cumplir las leyes penales contra las personas simplemente porque esas personas son pobres - que es como se leen realmente las ordenanzas de los gobiernos locales en todo Nevada a pesar de la palabrería en sentido contrario - es una vergüenza”.
La Alianza por la Justicia en la Vivienda de Nevada (NHJA) publicó declaraciones de una coalición de activistas de base que reglamentaron la regla.
“Esta decisión reafirma estas ordenanzas que injustamente apuntan y criminalizan a las personas de bajos ingresos, sin refugio”, dijo la organización. “La NHJA insta a los líderes electos locales a responder a la decisión y a la actual crisis de la vivienda proporcionando servicios integrales y abordando las causas fundamentales, como la inasequibilidad de la vivienda y la escasa protección de los inquilinos”.
Durante un censo puntual de un día en el Condado Clark el año pasado, los voluntarios contaron 6,566 locales sin vivienda, un aumento del 16 por ciento con respecto al año anterior y el número más alto desde 2015. El número de personas desamparadas en Estados Unidos creció un 12 por ciento el año pasado hasta alcanzar el nivel más alto registrado.
“Empujar a los desamparados a los límites de nuestras ciudades no es lo que resolverá la falta de vivienda”, escribió Shelbie Swartz, directora ejecutiva de Battle Born Progress. “Y, sin embargo, en la decisión de hoy, el Tribunal Supremo ha optado por la crueldad y la conveniencia por encima de todo lo demás, dando carta blanca a los gobiernos locales para acosar a las personas sin techo solo por no tenerlo”.
Laura Martin, directora ejecutiva de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada, dijo que la inflación de las rentas ha contribuido a aumentar el número de personas sin hogar.
“Ninguna persona merece ser criminalizada y multada por su situación de ingresos”, escribió Martin, llamando a reformar los procesos de desalojo y fortalecer las protecciones de los inquilinos. “Las leyes que criminalizan a una persona por estar sin vivienda son deshumanizantes y no hacen nada para resolver la crisis de las personas sin hogar”.
