Las juntas de licencias de Nevada a veces cabildean en contra de los intereses del estado
CARSON CITY — Al laberinto administrativo y regulatorio que es el sistema de licencias ocupacionales de Nevada, agrega este giro: Más de la mitad de las juntas de licencias designadas por el estado emplean abogados o cabilderos a expensas del estado, y ocasionalmente trabajan en contra de los intereses estatales.
De 2017 a 2021, el estado ha estado pagando y pagará más de 2.6 millones de dólares en gastos legales y de cabildeo para 21 juntas de licencias, según una revisión solicitada por la Junta de Examinadores Estatales. La junta, integrada por el gobernador, el fiscal general y el secretario de Estado, se reúne mensualmente para analizar y aprobar los gastos estatales.
Ese desembolso viene con una advertencia: Las juntas están financiadas técnicamente por honorarios de licencias profesionales, no por el fondo general del estado. Pero para los críticos, esa es una distinción sin mucha diferencia. Las juntas son entidades creadas por el Estado, sus miembros son nombrados por el gobernador y sus gastos contractuales siguen siendo sometidos a la aprobación de la Junta de Examinadores.
“Otros gobernadores con los que he hablado están muy a menudo sorprendidos de que paguemos a cabilderos privados para que cabildeen en la Legislatura, porque la mayoría de los estados no lo permiten”, mencionó el gobernador Steve Sisolak el martes.
Como ejemplo, citó la legislación aprobada en la última sesión que intensificó los reglamentos sobre el dry needling, una técnica de medicina alternativa similar a la acupuntura. Dos juntas estatales se opusieron al proyecto de ley, solicitando la ayuda de cabilderos externos.
“Me preocupa el hecho de que haya una total falta de transparencia en algunos de estos aspectos en términos de quién está haciendo el cabildeo, y me pregunto si el público está siendo atendido de la manera en que lo está haciendo ahora”, dijo Sisolak.
Trazado a 1992
Además de los contratos para cabildear a los legisladores, otros conflictos aparentes aparecen con empresas que hacen negocios con las juntas estatales. Una firma de abogados de Carson City tiene contratos de servicios legales por valor de más de 750 mil dólares con dos juntas de licencias. La misma firma representa a los republicanos del Senado estatal en su demanda en curso contra la administración Sisolak y otros demócratas estatales electos por la constitucionalidad de dos proyectos de ley de impuestos de la sesión de 2019.
Al tratar de racionalizar, y posiblemente frenar, los procesos de concesión de licencias del estado, la administración de Sisolak se ha propuesto resolver un problema que ya ha molestado a los funcionarios desde 1992, cuando un estudio de reorganización del gobierno recomendó reducir o consolidar las juntas de concesión de licencias. En junio de este año, la División de Auditoría Interna del estado completó un estudio de dos años y dos partes del sistema de juntas estatal, recomendando soluciones que podrían formar la base de las propuestas de reforma de la oficina del gobernador para la sesión legislativa de 2021.
Entre las recomendaciones: Establecer la supervisión del poder ejecutivo de las juntas bajo el Departamento de Comercio e Industria y establecer normas para sus operaciones del año 2022.
Establecidas a lo largo de décadas, las 34 juntas de licencias ocupacionales de Nevada regulan más de 50 profesiones que van desde contadores hasta médicos examinadores veterinarios.
Los grupos de reflexión libertarios y de libre mercado, así como otros investigadores, afirman que estos marcos de concesión de licencias sofocan la competencia, reducen el empleo y aumentan los costos. Un estudio realizado en 2018 por uno de estos grupos encontró que Nevada tiene la tasa más alta de licencias ocupacionales de la fuerza laboral en el país, cubriendo casi el 27 por ciento de los trabajadores en el estado.
Los últimos problemas
Durante el mes pasado, el renovado escrutinio ha llevado a disputas entre la junta estatal de farmacia y la junta dental, y Sisolak ha citado problemas con otras juntas estatales “sobre lo que parece ser un patrón que muestra una falta de supervisión y rendición de cuentas”.
Los contratos de cabildeo con las juntas de licencias surgieron en la reunión de la Junta de Examinadores del martes, cuando los miembros revisaron contratos por valor de 50 mil dólares o menos que el secretario de la junta está autorizado a aprobar sin voto. La lista incluía dos contratos para empresas de cabildeo. La Junta de Examinadores (o su secretario, si el contrato vale menos de 50 mil dólares) debe aprobar los desembolsos incluso si los contratos están cubiertos por los honorarios de licencia, no por el dinero de los contribuyentes.
Esa financiación basada en honorarios proporciona un cierto grado de separación para las empresas contratadas por las juntas, pero también va en contra de los intereses del Estado. Allison MacKenzie, la firma de abogados de Carson City que representa a los republicanos del Senado en la demanda fiscal, citó esa estructura cuando se le preguntó sobre un posible conflicto.
“Las juntas estatales de licencias que la firma representa son financiadas por los miembros de esas profesiones y no son parte del presupuesto del estado”, escribió en un correo electrónico el socio y accionista gerente James Cavilia. “Basado en el financiamiento de estas juntas de licencias, a la firma no se le paga con dólares de los contribuyentes”.
12 Juntas
A petición de la junta, la directora de presupuestos estatales, Susan Brown, quien sirve como secretaria de la junta, preparó una lista de los contratos actuales de la junta de licencias para servicios legales y de cabildeo. El tema será discutido en profundidad en la próxima reunión de la junta el 10 de diciembre.
La lista, compilada a fines de junio, mostraba 12 juntas con contratos de servicios legales con firmas externas que totalizan 1.8 millones de dólares, y 12 pagando a cabilderos externos más de 800 mil dólares. Tres juntas utilizan empresas externas para ambas. Cuatro de los contratos finalizaron en julio, las otras se extienden hasta finales de 2021.
En lugar de abogados externos, las auditorías internas recomendaron que las juntas se basaran en la oficina del fiscal general para los servicios legales, de modo que la oficina “mantenga el conocimiento de las actividades de las juntas y que haya consistencia entre las acciones de las juntas”.
La lista de contratos “puede que no esté completa”, indicó Brown a la junta.
“Creemos que hay otros que no han enviado los contratos a la Junta de Examinadores como se supone que deben hacerlo”, agregó.
Los otros miembros de la junta, la Secretaria de Estado Bárbara Cegavske y el Fiscal General Aaron Ford, compartieron las preocupaciones de Sisolak. Ambos ex legisladores estatales, también reconocieron el beneficio de escuchar a todas las partes del debate sobre los proyectos de ley ante la Legislatura.
“Creo que hay un problema con que el estado pague por un cabildero”, señaló Cegavske. “Creo que necesitamos y tenemos derecho a saber quién es y cuántos son”.
Ford concluyó que su oficina revisaría si la junta tenía la autoridad para “anular contratos que han sido ejecutados pero no aprobados”.
