Jueza desestima caso contra burdeles legales en Nevada
Una jueza federal en Nevada desestimó una demanda que invoca las leyes de tráfico sexual en un intento por cerrar los únicos burdeles legales de la nación.
La jueza de distrito de Estados Unidos, Miranda Du, en Reno, declaró en su fallo del martes que simpatizaba con tres mujeres que afirman que fueron víctimas de violencia sexual en Nevada y otros lugares.
Sin embargo, indicó que las mujeres viven en Texas y que no estaba convencida de que el profundo daño que afirmaron haber sufrido se debiera a las leyes de prostitución de Nevada.
“Que las demandantes fueron forzadas ilegalmente a la prostitución y el tráfico sexual en Nevada y otros estados no es lo suficientemente identificable con las leyes de Nevada, a diferencia de otros factores tales como los comportamientos ilícitos de los malhechores”, escribió Du.
El abogado Jason Guinasso, en representación de las demandantes Rebekah Charleston, Angela Delgado-Williams y Leah Albright-Williams, mencionó que pueden apelar ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco.
Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual, pero Guinasso señaló que las mujeres dieron su permiso en ser mencionadas en la demanda y en los informes de noticias.
Guinasso se desempeñó anteriormente como abogado para un grupo de Nevada, “No Little Girl”, que dirigió una campaña fallida el año pasado para una medida electoral con el objetivo poner fin a la prostitución en el Condado de Lyon, al este de Carson City.
Llamó a la demanda como un “primer paso exitoso para crear un cambio en nuestras leyes” y mencionó en un comunicado que si Nevada no permitiera la prostitución legal, sus clientes no habrían sido traficadas a Nevada.
La prostitución es legal en las zonas rurales de Nevada, pero no en los dos condados más poblados del estado, Clark y Washoe, o en las ciudades de Las Vegas y Reno. Los funcionarios estatales actualmente supervisan 21 burdeles legales en siete condados.
Los propietarios de los burdeles argumentan que la regulación estatal y los exámenes de salud obligatorios hacen que las mujeres que contratan sean más seguras que las involucradas en la prostitución ilegal.
Lance Gilman, propietario del Mustang Ranch en el norte de Nevada, dio la bienvenida a la decisión de Du y agregó que él y sus competidores están “firmemente comprometidos a ser una parte integral de la solución para abordar” el tráfico sexual.
Charleston dirige un grupo en Colleyville, Texas, que trabaja para erradicar la explotación sexual. Ella dijo que era una fugitiva sin hogar que vivía en las calles cuando un novio la obligó a prostituirse. Relató que fue trasladada a un traficante sexual que la obligó a trabajar en un burdel en el Condado de Lyon.
Las otras dos mujeres fueron agregadas a la demanda como demandantes en marzo. Sus lugares de origen no figuraban en las presentaciones judiciales, que nombraron al gobernador Steve Sisolak y a la Legislatura de Nevada como acusados.
El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, en representación del gobernador y la Legislatura, se negó a comentar sobre el caso.
El juez resumió la queja como una afirmación de que “la existencia de prostitución legal en ciertos condados y localidades en Nevada permite que florezca el tráfico sexual y, por lo tanto, entra en conflicto con las leyes federales”.
La demanda citó la Ley federal de Mann de 1910, que prohíbe el transporte interestatal o de comercio exterior “de cualquier mujer o niña para la prostitución, el libertinaje o para cualquier otro propósito inmoral”.
Recitó la ley de Nevada que legaliza la prostitución como inconstitucional porque “la industria de burdeles en Nevada abiertamente persuade, induce, incita y coacciona a las personas a viajar en el comercio interestatal para cometer actos de prostitución”.
La demanda también solicitó al juez que ordene al estado dedicar dos millones de dólares al año a un fondo para servicios de salud mental, capacitación laboral, cuidado de niños, becas y eliminación de tatuajes para las personas que buscan abandonar el comercio sexual.
