Hispanos también son víctimas de abuso policial en Chicago, pero tienden a callar

CHICAGO, Illinois. A simple vista Daniel Solano, de 30 años, se ve como cualquier otro joven. Pero detrás de esa imagen existe un hombre temeroso, que se siente agotado y que tiene ansias de comenzar una nueva vida.

En la última década, Solano se la ha pasado dentro y fuera de la prisión por una secuencia de cargos que empezaron a raíz de una mala experiencia cuando manejaba con sus amigos una noche al suroeste de Chicago.

“Teníamos alcohol en el carro, teníamos planes de seguir tomando”, dice Solano, quien narra cómo se toparon con un carro de pandilleros, que les gritaron y comenzaron a dispararles.

“Hubo discusiones de gangas, señas, palabras contra los dos, disparos”, cuenta Solano. “Tratamos de irnos de la situación lo más pronto posible”.

Según él, un carro de policías encubiertos comenzó a perseguirlos. Los presuntos pandilleros se escaparon, pero el vehículo de Solano chocó, provocando la muerte de un pasajero. Se trataba de Luis Vázquez, su amigo de toda la vida. Solano fue declarado culpable de homicidio imprudente y estuvo cuatro años en prisión.

Pero ante los ojos de la familia de Vázquez, Solano no fue el verdadero culpable de la muerte de Luis.

La familia Vázquez demandó a la Ciudad de Chicago, ya que al parecer el vehículo de policía involucrado en este incidente no estaba identificado y no tenía luces. Entre otras acusaciones se incluye el no haber descontinuado la persecución contra Solano cuando ellos sabían que la persecución ponía en peligro otras personas, en violación de un código general del Departamento de Policía de Chicago.

Según su demanda dos oficiales involucrados en este accidente actuaron imprudentemente contribuyendo a la muerte de Vázquez. La demanda también indica que los oficiales presuntamente persiguieron el carro equivocado.

“En vez de ayudarnos a hablarle a la ambulancia o hablarle a los bomberos… o ayudarnos de que yo estaba herido, mi amigo estaba herido del cuello, hicieron la investigación de dónde estaba la pistola. (Decían) Dame la pistola, yo no tenía ninguna pistola”, cuenta Solano.

Para la familia de Luis fue difícil entender qué paso esa noche e informarse sobre el proceso para presentar una queja o empezar una investigación.

“Muchos testigos no querían hablar”, cuenta Araceli Vázquez, hermana de Luis. “Muchos decían que es difícil ir contra la policía. Obviamente porque muchos fueron amenazados, otros temían hablar por su seguridad. Mucha gente le tiene miedo a la policía”.

Dada la dificultad del caso, la familia llegó a un acuerdo legal con la ciudad de 50 mil dólares en el 2014.

Su abogado dijo que, en general, casos de persecución policial son particularmente difíciles. Aún más si hay altercados entre pandillas.

Según datos obtenidos de la Ciudad de Chicago, el ayuntamiento se ha gastado cerca de $323 millones en acuerdos legales y compensaciones por casos con la policía desde el 2010 al presente. En los últimos 12 años, la ciudad ha gastado casi $642 millones según reportó el Chicago Sun Times el pasado mes de enero.

Sin embargo, demostrar que la policía actuó de forma indebida es tarea extremadamente difícil.

“Cada vez vemos casos donde la policía niega que haya hecho algo incorrecto. En muchos casos la evidencia es fabricada o retenida y se tiene que luchar muy duro para ganar este tipo de casos”, dice Flint Taylor, abogado con el People’s Law Office. “Hay una larga historia de brutalidad, encubrimiento y condenas erróneas con respecto a latinos víctimas de la policía en la ciudad”.

Sin embargo, la tarea de acceder documentos públicos relacionados con la falta de conducta y maltrato policial se podría poner aún más difícil. Según un contrato entre la orden fraternal de la policía y la ciudad de chicago, la policía podría destruir informes disciplinarios de cinco o siete años atrás.

Dos propuestas en la legislatura estatal, una en la cámara y otra en el senado piden conservar dichos registros. Estas propuestas podrían salir a votación antes del 31 de mayo.

Pero además de la denuncia, viene el seguimiento del caso al interior de la policia.

Sobre el caso de Solano, según el Citizen Police Data Project, una organización de transparencia policial uno de los oficiales involucrados en este accidente tiene 21 quejas de otros residentes. Su compañero tiene 31 quejas. Según récords públicos, estos oficiales todavía siguen en su cargo.

Mientras tanto, como otras víctimas, dos familias latinas todavía tratan de rehacer sus vidas.

A raíz de este incidente Solano ha sido diagnosticado con PTSD (Trastorno de Estrés Postraumático). “[Tengo] problemas de alcoholismo, problemas con relaciones, problemas de que yo no puedo confiar en la gente”, dice Solano. “Me impactó súper mal, mentalmente tal vez muy mal… Todavía estoy tratando de recuperar mi vida”.

Retos de una familia indocumentada

Manuel es un inmigrante indocumentado que dice haber sido víctima de abuso policial. Cuenta que en noviembre de 2012cuando al llegar de su trabajo, le pidió a sus hijos que fueran a ayudarle a bajar unas cosas de su automóvil.

“En la esquina contraria estaba supuestamente unos detectives y me preguntaron qué buscaba yo en esa esquina—y yo le decía que aquí vivía”, cuenta.

Según la policía, cuando uno de los oficiales trató de acercarse Manuel, él agitó sus brazos, se volteó y le pegó a uno de ellos en la cara.

Pero según Manuel, el oficial le repitió dos veces que se fuera a casa y al darse la vuela es cuando sintió que lo agarraron, lo empujaron y fue cuando lo empezaron a patear. El altercado pasó a mayores cuando uno de sus hijos fue a defenderlo.

“Cuando me di cuenta, ya había como 50 policías ahí. A mi esposa le empezaron a decir que éramos unas ratas y qué buscábamos en este país”, dice Manuel, quien fue arrestado.

Uno de los dos oficiales envueltos en este incidente tiene varias quejas con IPRA, la entidad que investiga maltrato o abuso policial. Entre ellas, se incluye empujar a un residente sin justificación y uso de malas palabras e insultos.

Manuel y su familia no sabían dónde o cómo quejarse y además desconfían de la policía por lo que no pusieron una queja.

Sin embargo, el ser indocumentado no es un impedimento para presentar una denuncia con IPRA o poner una demanda legal.

Esta semana la Ciudad de Chicago aprobó una compensación de 2.2 millones de dólares, que está sujeta a votación, por el caso de Emmanuel López, un joven latino indocumentado que murió en manos de la policía en el 2005.

No obstante, según datos otorgados por IPRA son pocos los latinos que ponen quejas de abuso o mala conducta por parte de la policía. En los últimos cuatro años, las quejas de hispanos sólo componen un 14 por ciento del total, comparadas con 53 por ciento entre afroamericanos y un 30 por ciento entre blancos.

“Cada vez que hay algún problema trató de poner quejas, pero me he dado cuenta de lo que hacen es ignorarlas. No hacen caso”, dice Federico Padilla, residente del Barrio de las Empacadoras.

Por su parte, Sharon Fairley, quien encabeza IPRA dijo que “una de nuestras grandes prioridades en esta administración es tratar de identificar cómo podemos hacer el proceso de quejas más fácil y más accesible para todos los miembros de la comunidad y eso incluye los miembros de la comunidad latina. Hemos hecho un progreso, algunas de nuestras formas están traducidas en español… además tenemos muchos investigadores que hablan el español,” dijo.

Dos días después de esta entrevista, el alcalde Rahm Emanuel anunció sus planes de remplazar a IPRA por una agencia civil más independiente y con más recursos. IPRA asegura que el proceso para poner quejas es el mismo que aparece en su página.

Buscando soluciones, encuentran frustración

Federico Padilla antes iba a las reuniones de la Chicago Alternative Police Strategy (CAPS por sus siglas en inglés), agencia diseñada para tener mejor relaciones con la policía, dice que, “la última vez que fui que me dijeron que si no me gustaba el barrio que me moviera. Fue cuando ya decidió no regresar.”

Según un representante de CAPS, su programa tiene algunos retos.

“Regularmente cuando pasa un incidente o hay cosas que están pasando es cuando viene la comunidad”, dijo Miguel Guzmán, Coordinador del área central del programa CAPS.

En general, él dice que CAPS ha dado resultados. Sin embargo ni Guzmán, ni Anthony Guglielmi, vocero de la policía, dieron respuestas exactas de cómo miden ese éxito.

Y según datos analizados por Univision desde el 2007 al 2015 el número de reuniones de CAPS bajo a un 51 por ciento y el número de asistencia bajo a un 57 por ciento.

En algunos distritos policiales con un alto porcentaje de latinos la participación ha bajado drásticamente.

En el distrito 10 la asistencia a reuniones de CAPS bajó un 71 por ciento, en el distrito ocho disminuyó a un 57 por ciento. En el distrito nueve la asistencia bajó a un 33 por ciento.

En un comunicado el departamento de policía dijo que el superintendente Eddie Johnson se ha reunido con la comunidad y se ha enfatizado en la necesidad de un programa de CAPS más fuerte y la importancia del respeto mutuo entre oficiales y residentes.

Marina Alonso facilitadora del programa de CAPS del distrito nueve asegura que la policía está tratando de mejorar sus relaciones con la comunidad, pero también hay que darles la oportunidad.

“Tenemos que unirnos como comunidad como padres como personas que nos interesa la comunidad y ayudar a los oficiales que hacen su trabajo. Por qué nosotros sabemos mucho más que ellos de una comunidad,” dijo Alonso.