El “Plan B” de la Acción Ejecutiva (en caso que la Corte Suprema falle en contra)
Cuando el próximo lunes 18 de abril la Corte Suprema de Justicia celebre la audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Barack Obama, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes estarán afinando los detalles del “Plan B”, una alternativa que en el 2013 era el plan original.
No se trata de presionar a la Casa Blanca para que adopte nuevas medidas ejecutivas discrecionales que frenen las deportaciones y concedan permisos de trabajo, sino en salir a las calles y motivar a más de 20 millones de potenciales electores para que se registren y acudan a las urnas en noviembre, cuando los estadounidenses elijan un nuevo Congreso (la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado) y al sucesor de Obama.
“El camino por delante no está garantizado”, dijo a Univision Noticias el inmigrante mexicano indocumentado Carlos Crespo, un activista de la organización CASA Maryland. “En caso de que no vaya a pasar (la Acción Ejecutiva), debemos enfocarnos en las elecciones. Estamos en campaña, todos los días, porque queremos un Congreso que nos escuche y apruebe la reforma migratoria”.
De los 22,5 millones de ciudadanos estadounidenses de origen latino, 12,5 millones no se han registrado para votar, dice el Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por su sigla en inglés). Y agrega que 8,8 millones de residentes permanentes, de ellos 6 millones de latinos, reúnen requisitos para convertirse en ciudadanos.
El tablero
Tras la muerte del juez Antonin Scalia, el 13 de febrero en Texas, las decisiones de la Corte Suprema quedaron técnicamente empatadas con cuatro magistrados de tendencia liberal (Elena Keagan, Sonia Sotomayor, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer) y cuatro de tendencia conservadora (John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Anthony Kennedy).
Aunque Kennedy es considerado un voto “oscilante” y podría inclinar la balanza a favor del proyecto de Obama.
Sin embargo, nada está escrito y el futuro del beneficio migratorio es incierto porque nada indica que de aquí al verano el Senado vaya a nombrar al sustituto de Scalia, y conocer entonces hacia qué lado se inclinará el voto del máximo tribunal de justicia.
Los escenarios
Con ocho jueces. “Puede haber una decisión con ocho magistrados”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés). Recordó que en 2012 la Corte Suprema decidió 5 a 3 sobre la Ley de Arizona SB1070. La jueza Kegan se abstuvo porque, un año antes, se involucró en la oposición juridicial a la enmienda de bloqueo que emprendió el gobierno.
Empate 4 a 4
El profesor Stephen W. Yale-Loehr, de la escuela de leyes de la Universidad Cornell, explicó a Univision Noticias que en caso de un empate 4 a 4, el fallo del tribunal inferior prevalece como si el Supremo nunca hubiese escuchado el caso”. Agregó que “esto significa que la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito permanecería en su lugar”.
Sin decisión
La abogada Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, advierte que en el supuesto caso de un empate, los magistrados “pudieran detener la votación para que la decisión final sobre la Acción Ejecutiva no se quede en un limbo”.
Después del empate
Si hay empate 4 a 4 y prevalece la decisión de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans, “no le quita el derecho al gobierno de acudir a otra corte (instancia) de Apelaciones -quedan 11 más- que pueden decidir a favor de DAPA y DACA, como por ejemplo el 9º o el 2º Circuito”, dice Nieblas. Si este es el caso, “si otra corte de apelaciones decide que sí (pueden entrar en vigor los programas de la Acción Ejecutiva suspendidos por el tribunal de Texas), entonces se respetará DAPA y DACA en esa jurisdicción. Esto significa que las personas se tuvieran que cambiar de domicilio”.
Que todo sigua igual
Podría convertirse en el peor de los escenarios. Si la Corte Suprema decide esperar a que el Senado nomine al sucesor del juez Scalia y lo haga una vez que Obama entregue el poder a su sucesor, las cosas se quedan tal y como están en estos momentos: los indocumentados en el limbo y expuestos a una dura política de deportaciones.
A favor de DAPA y DACA
Es la respuesta que espera el gobierno y 5 millones de inmigrantes indocumentados desde el 20 de noviembre de 2014.
Crespo dice que, como no hay nada seguro “hay que seguir trabajando en el Plan B”. Y agrega que el riesgo de que todo sigua igual es grande, y que si no hay cambios “al mínimo error o mala suerte a uno lo pueden deportar”.
El inmigrante y activista mexicano contó que lleva 15 años en Estados Unidos “y tengo una hija, Verónica, ciudadana estadounidense con síndrome de down de seis años de edad”.
“Si la Corte le da la luz verde a DAPA, yo califico por ella para el amparo de la deportación porque no tengo antecedentes criminales, y llevo tiempo en el país”, dice.
La Acción Ejecutiva migratoria protege de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que ingresando siendo niños, que se conocen como dreamers y están amparados por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés). Además de no tener antecedentes criminales, los beneficiarios deben demostrar que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero ce 2014.
“Mi hija es el motor que a mí me da la fuerza”, dice Crespo. “Ella me necesita y debo estar a su lado para cuidarla. Y por su puesto que me preocupan las deportaciones, por eso ayudo en esta causa. Somos millones los que dependemos de esa decisión”.
Si bien la hija de Crespo obtiene beneficios para aliviar su discapacidad, “expongo mi estatus cada vez cuando tengo que identificarme. A ella no le pueden negar los servicios porque es ciudadana, pero quiero que a mi tampoco me nieguen el poder cuidarla y me vayan a deportar de Estados Unidos. Por eso el Plan B tiene tanta importancia”.
La reforma migratoria
Poco después de la reelección de Obama, en noviembre del 2012, un grupo bipartidista encabezado por los senadores Charles Schumer (demócrata por Nueva York) y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) se unieron para redactar un proyecto de reforma migratoria.
A la iniciativa se unieron otros seis senadores (tres de cada partido) que dieron vida al Grupo o Pandilla de los Ocho. El 27 de junio del 2013 el pleno del Senado aprobó el proyecto de Ley S. 744 que incluyó un camino a la ciudadanía para entre 8 y 9 millones de indocumentados.
El plan fue enviado a la Cámara de Representantes donde se congeló. Seis meses más tarde, en diciembre, Obama advirtió que en caso de no prosperar un voto favorable adoptaría el Plan B de la reforma migratoria que consistió en la toma de la Acción Ejecutiva que anunció el noviembre del 2014.
“Ahora estamos preparándonos para ir de regreso”, dice Crespo. “Si la Corte Suprema dice no, no nos vamos a quedar quietos. Vamos a empujar el otro proyecto, llevar a la gente a las urnas para elegir un Congreso que piense en nosotros, los inmigrantes, y apruebe la reforma migratoria”.
Las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los indocumentados reiteran que una reforma migratoria como la aprobada por el Senado en el 2013, solucionará permanentemente el problema de los indocumentados. En cambio la Acción Ejecutiva solo se trata de una medida temporal y cuyos beneficios dependen de la discrecionalidad de los funcionarios federales que la pongan en vigor.
