Detenidos fueron torturados para sustentar versión de PGR en caso Iguala, publica Proceso
La ‘verdad histórica’ que el procurador de justicia, Jesús Murillo Karam, relató el pasado martes a los medios de comunicación sobre el fatal destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue refutada por la revista Proceso donde, según expedientes en su poder, los detenidos fueron salvajemente torturados para que dieran esa versión de los hechos.
El pasado 27 de enero, a través de una conferencia de prensa, el procurador mexicano aseguró que de acuerdo con peritajes, evidencias y declaraciones de los detenidos, los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Esa tarde, Murillo mostró fragmentos de declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, así como fotografías aéreas e información de los peritajes realizados por expertos y señaló que el caso debe cerrarse porque ya se conoce la ‘verdad histórica’.
No obstante, de acuerdo con la investigación de Proceso, realizada por los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, La Procuraduría General de la República (PGR) recurrió a golpes y tortura para incriminar a los presuntos responsables del ataque y desaparición de los estudiantes para sustentar la versión del gobierno
De acuerdo con los dictámenes médicos de 10 policías municipales de Iguala, detenidos el 14 de octubre tanto en Tlaxcala como en Cocula, prácticamente todos sufrieron golpizas, algunos incluso se desmayaron porque fueron sometidos a toques eléctricos. También fueron torturados psicológicamente para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros. Al final, todos fueron liberados.
En el texto se habla específicamente del caso de David Hernández Cruz, de 20 años, a quien el procurador identificó como radio-operador de Iguala. Su testimonio fue decisivo para involucrar al exalcalde José Luis Abarca Velázquez en la agresión a los normalistas.
Durante los interrogatorios, Cruz “confesó” que con la clave A5 Abarca ordenó el ataque a través de transmisión de radio, y aunque admitió ser miembro de Guerreros Unidos, la PGR ordenó su liberación el 14 de octubre pasado, según los documentos consultados por Proceso.
Asimismo, según las averiguaciones previas abiertas por la dependencia sobre el caso Ayotzinapa, se reveló la sistemática violación a derechos humanos cometidos por policías federales y elementos de la Marina con la complicidad de la agente del Ministerio Público Lourdes López Lucho Iturbide, quien es la responsable principal de la investigación, según publica Proceso.
Cabe señalar que la versión publicada por Proceso coincide con una de las 10 objeciones de los familiares y abogados de los estudiantes, quienes argumentan que, “la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente”.
Un posicionamiento similar fue dado a conocer por Amnistía Internacional (AI), a través de una carta abierta firmada por Erika Guevara, directora del Programa Regional para América, dirigida a Murillo Karam.
En el texto, la directora de este organismo señaló que la investigación realizada por la procuraduría sólo se sostiene por declaraciones de auto inculpados y con pruebas periciales mínimas.
Detalló que la única prueba pericial presentada por el procurador, y la cual podría sustentar la presencia de los estudiantes en el basurero, es el hallazgo de restos óseos localizados en un río de las inmediaciones, pero enfatizó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha dicho que fue citado al lugar donde se realizó el hallazgo “cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza”.
En lo que respecta a las declaraciones de los presuntos responsables del crimen, afirmó que se ha reportado a Amnistía Internacional la posible utilización de la tortura en las detenciones así como para obtener declaraciones. En tal sentido expuso la preocupación acerca de la implementación de la tortura en México, tema el cual, apuntó, es una de los pendientes en la agenda así como uno de los que más interesa resolver para el organismo.
