Demócratas pueden salvar a miles de inmigrantes de la deportación
El poder del perdón puede salvar a miles de indocumentados de ser deportados por el gobierno del presidente Donald Trump.
Cuando Barack Obama aún era mandatario de los Estados Unidos, asociaciones civiles le pidieron que perdonara a inmigrantes que hubieran cometido delitos menores, para que no tuvieran que enfrentar su deportación “exprés”, como ya lo había anunciado Trump en su campaña, sin embargo eso no sucedió.
Sin embargo, esa facultad no es exclusiva del Presidente, sino también de los gobernadores, por lo que aquellos que ocupan ese puesto y son demócratas tienen esa posibilidad.
El gobierno federal puede deportar a un inmigrante basado en condenas penales anteriores, incluso cuando esas convicciones se basan en la ley estatal. En la práctica, una condena penal desencadena la mayoría de los procedimientos de deportación, publicó The Daily Beast.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, para el año fiscal 2016, el 58 por ciento de las remociones totales y el 92 por ciento de las expulsiones fueron de personas con una condena penal.
“Esto crea una oportunidad para los estados: muchos gobernadores poseen un poder expansivo de perdón bajo sus constituciones estatales, lo que les permite anular condenas penales anteriores. Perdonar viejas convicciones es otra herramienta que los estados demócratas pueden usar para evitar las deportaciones injustas de personas que han vivido en los Estados Unidos durante muchos años, tienen familias y empleos aquí y no son peligrosos”, indica el diario.
Esta propuesta tiene sus límites, pues aunque la Ley de Inmigración y Nacionalidad provee una exención de la deportación cuando un gobernador estatal ha concedido un perdón total de la condena subyacente, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia ha sostenido que esto no se aplica a los delitos de drogas no violentos.
En diciembre de 2010, el gobernador de Nueva York, David Paterson, concedió 33 indultos a los inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación debido a las leyes de inmigración “sumamente inflexibles”, pero los indultos no fueron factibles para casos de posesión de drogas. La ley federal de inmigración también contiene exclusiones por delitos de armas de fuego, violencia doméstica, tráfico de personas, espionaje, terrorismo y otros.
“La constitucionalidad de este sistema no está clara. Seguramente si una persona es deportable debido a una condena criminal subyacente, entonces la cancelación de su acusación lo hace inelegible para la deportación. La exclusión de las infracciones no violentas a las drogas es especialmente ilógica en los lugares donde la posesión de la marihuana es ahora legal y las viejas convicciones han sido expurgadas”, expone.
En 1996, el Congreso aprobó la Reforma de Inmigración Ilegal y la Ley de Responsabilidad de Inmigrantes, la cual autorizó deportaciones obligatorias incluso para ciertas condenas por delitos menores que involucran robo o agresión. Esa la ley también eliminó la flexibilidad de los jueces de inmigración para renunciar a las deportaciones y la capacidad de impugnar las deportaciones en los tribunales.
