Demandan padres al CCSD por “ignorar” a los estudiantes de necesidades especiales
Padres de estudiantes de educación especial demandaron al Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) en la corte federal por la enseñanza a distancia, acusando al CCSD de no proporcionar a sus hijos una educación adecuada durante el cierre de las escuelas.
La demanda colectiva, presentada el 21 de agosto en el Tribunal de Distrito, fue presentada por ocho padres del CCSD en nombre de sus hijos, todos los cuales reciben servicios de educación especial definidos por los Planes de Educación Individualizada. También nombra al superintendente Jesús Jara, al superintendente de la Región 1 Dustin Mancl, a los fideicomisarios del CCSD y al distrito como demandados.
Alega que desde que las escuelas cerraron, el CCSD no ha proporcionado una educación pública gratuita y apropiada como se define en la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y de conformidad con los planes individuales de los estudiantes, que definen cosas tales como cuántos minutos de instrucción se supone que debe recibir cada estudiante, qué tipo de apoyos tienen derecho a recibir y cualquier servicio adicional o terapias que se consideren necesarias.
“El CCSD ha ignorado o instruido a los padres de niños con necesidades especiales que su único curso de alivio educativo es usar el mismo programa de aprendizaje a distancia basado en pantalla que los otros niños”, indica la queja.
Representantes del CCSD señalaron que el distrito no comenta sobre litigios pendientes.
Los demandantes están siendo representados por el abogado pro bono, Bob Sweetin, del bufete jurídico Davison Van Cleve. Sweetin también es el abogado de la ciudad de Mesquite.
Rechazada la oferta de reapertura de las escuelas
Comenta que el principal remedio que buscan los demandantes es una orden para reabrir las escuelas y permitir que los estudiantes con necesidades especiales vuelvan a las aulas. Un plan para hacer eso en el área de Mesquite fue rechazado por el distrito por razones de equidad, añadió Sweetin.
Si no es posible reabrir las escuelas, dijo Sweetin, los demandantes quieren que el distrito entregue los fondos que recibe para educar a los estudiantes con necesidades especiales para permitirles buscar educación en otro lugar. La demanda también pide que se concedan a los demandantes honorarios de abogados pro bono y otros costos, y busca forzar al distrito a hacer otros cambios, como permitir el comentario público en vivo durante las reuniones de la junta.
“Quieren que sus hijos estén a salvo del COVID, pero creemos que podemos distanciarlos socialmente y reabrir las escuelas”, mencionó. “Los riesgos potenciales de no ir a la escuela y no recibir una educación superan los riesgos del COVID”.
Sweetin indicó que desde marzo, las familias que presentaron la demanda han experimentado varias frustraciones, incluyendo la comunicación de sus preocupaciones a los niveles superiores de la administración del CCSD. A una de las estudiantes incluidas en la demanda, que tiene parálisis cerebral, se le dijo en su clase virtual de educación física que hiciera saltos de tijera, comentó Sweetin, mientras que a otros se les ha pedido que escriban sus nombres cuando no respondan cuando les llaman, y a veces no pueden manejar un teclado de computadora.
“Teníamos la esperanza de que el distrito hiciera lo correcto y proporcionara un remedio para los estudiantes con necesidades especiales, pero no lo hicieron, y no sólo eso, sino que ignoraron completamente a los estudiantes de educación especial”, señaló.
El CCSD no es el primer distrito que enfrenta un litigio por educación especial durante el cierre de escuelas.
Se han presentado casos similares en Hawai, Pensilvania y Nueva York, este último representando a estudiantes de todo el país, mencionó Perry Zirkel, profesor universitario de derecho educativo en la Universidad Lehigh, que escribe sobre la ley de educación especial en su blog.
Ley abierta a la interpretación
Zirkel dijo que la novedad de la situación dejará que los tribunales interpreten la ley: Podrían decidir que las disposiciones de la ley federal de educación especial no pueden ser dejadas de lado durante la pandemia porque el Congreso no ofreció una exención para hacerlo a principios de este año, pero podrían decidir que el COVID-19 plantea una emergencia tal que no se puede esperar que los distritos proporcionen todos los servicios que normalmente darían.
Un enfoque intermedio, utilizado en un caso judicial en Washington, trataría a cada demandante por separado, determinando qué servicios se les negaron y a qué pueden tener derecho en la educación compensatoria.
“El COVID-19 no tiene literalmente ningún precedente. … No sólo no ha sucedido nunca antes, tampoco tenemos ninguna decisión judicial qué seguir”, señaló Zirkel.
Mientras que el Departamento de Educación de Estados Unidos proporcionó orientación en marzo, la redacción se dejó mucho más abierta a la interpretación, agregó Zirkel, y no es vinculante. Pide a los distritos que se aseguren en la mayor medida posible de que los estudiantes con necesidades especiales reciban los servicios descritos en sus planes.
“Pero, ¿qué significa posible?”, preguntó. “Es muy ambiguo, porque por un lado, significa todo esfuerzo que no es imposible, mientras que en el caso de Washington, interpretaron posible para significar todo esfuerzo razonablemente factible”.
