Ordenan pausa en programa que ofrecería estatus legal a cónyuges de ciudadanos estadounidenses
María García comenzó la semana llena de esperanza; pasó por la oficina de su abogado en Los Ángeles y dejó los documentos necesarios para aplicar para la nueva política migratoria de la administración Biden que finalmente podría darle a su esposo, Roberto, la residencia legal como cónyuge de un ciudadano estadounidense.
Pero solo horas después de ese mismo lunes, ese sueño se interrumpió cuando un juez federal en Texas suspendió temporalmente el programa que podría beneficiar a aproximadamente a 500,000 inmigrantes en Estados Unidos, congelando una de las mayores acciones presidenciales para facilitar el camino a la ciudadanía en años.
“Están lastimando a las familias estadounidenses; estamos en el limbo”, dijo María García, una ciudadana estadounidense de 44 años que se casó con Roberto en 2017. “Siento mucha rabia, impotencia. ¿Por qué bloquear a familias que tienen toda una vida aquí?”.
La pausa emitida por el juez de distrito de Estados Unidos J. Campbell Barker se produjo en respuesta a un desafío de 16 estados, encabezados por fiscales generales republicanos, que presentaron una demanda federal pocos días después de que el programa comenzara a aceptar solicitudes la semana pasada.
La orden, conocida como suspensión administrativa, estará vigente durante 14 días, pero podría extenderse.
“Esa decisión es incorrecta. Estas familias no deberían ser separadas innecesariamente”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado el lunes. “Nada de lo que hice cambió los requisitos que las personas deben cumplir para ajustar su estatus bajo la ley de inmigración. Todo lo que hice fue hacer posible que estos residentes de mucho tiempo presenten la documentación aquí, junto con sus familias”, agregó Biden.
Los estados afirmaron que la medida causaría un daño irreparable y acusaron a la administración de pasar por alto al Congreso con “objetivos políticos flagrantes”.
El martes, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el gobierno seguiría aceptando solicitudes y defendiendo el programa en los tribunales. Los solicitantes cuya libertad condicional se haya concedido antes de la orden no se verán afectados, según el departamento.
El DHS no respondió a las preguntas sobre cuántas solicitudes se recibieron o aprobaron o cuánto tiempo lleva determinar el resultado de un caso en virtud del programa, que el gobierno denominó ‘Keeping Families Together’ (Mantener familias unidas).
“Keeping Families Together permite a los ciudadanos estadounidenses y a sus familiares vivir sin miedo a la separación, en consonancia con los valores estadounidenses fundamentales”, dijo el DHS en un comunicado.
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, dijo que había oído de los abogados afiliados a la asociación que al menos cientos de personas habían presentado solicitudes desde que se lanzó el programa el 19 de agosto, incluidas algunas que presentaron solicitudes y fueron aprobadas al día siguiente.
Los abogados también se están apresurando a comprender lo que significa la orden para sus clientes. Según Chen, la lista de correo de la organización para abogados interesados en el programa Keeping Families Together “explotó” después de la decisión del juez el lunes por la noche con preguntas sobre lo que significa la decisión.
La organización ha realizado tres seminarios web diseñados para educar a los abogados sobre el programa. Uno de esos seminarios contó con la asistencia de unos 1,000 abogados, una cifra extremadamente alta para una de las ofertas educativas del grupo, dijo Chen.
“Esto demuestra un nivel extremadamente alto de interés en este programa”, dijo Chen.
El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, cuya oficina está ayudando a liderar la demanda, aplaudió la orden del juez. “Este es solo el primer paso; vamos a seguir luchando por Texas, nuestro país y el estado de derecho”, dijo en un comunicado.
Las parejas como los García ahora están pendientes de cada actualización sobre su caso.
Roberto García, de 37 años, es el único en la familia de cinco que no es ciudadano estadounidense, pero es el único proveedor de todos ellos; llegó después de cruzar la frontera en 2009 y desde entonces ha enviado dinero a su familia en México. Tiene un negocio de construcción en Los Ángeles y lleva a sus tres hijos a la escuela, uno de los cuales recibe una educación católica privada.
Su esposa, María, sufrió un accidente automovilístico en 2023 y ha tenido tres cirugías; no puede trabajar y ni siquiera pudo conducir durante más de un año, hasta hace poco.
“No pensé que esto iba a pasar. Es muy duro”, dijo Roberto García, refiriéndose a la orden que detuvo el programa de libertad condicional. “No somos una prioridad; es malo que jueguen con los sentimientos de la gente”.
Los requisitos de elegibilidad incluyen vivir continuamente en el país durante 10 años, no representar una amenaza para la seguridad o tener antecedentes penales. También deben haber estado casados para el 17 de junio, la fecha del anuncio del programa.
Los solicitantes también tuvieron que presentar una larga solicitud y pagar una tarifa de presentación de $580.
María García dijo que han pagado alrededor de $3,000 a abogados que los han ayudado a preparar todos los documentos solicitados para solicitar el programa de libertad condicional en el lugar; el gobierno ha dicho que todavía está recibiendo las solicitudes, aunque no las pueden aprobar. Pero como la política está en suspenso y el abogado aún no ha presentado su solicitud, María García dijo que lo está pensando dos veces antes de pagar la elevada tarifa de presentación.
Si se aprueba, los solicitantes tienen tres años para solicitar la residencia permanente. Durante ese período, pueden obtener una autorización de trabajo.
Antes de este programa, era complicado para las personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente obtener una tarjeta verde después de casarse con un ciudadano estadounidense. Se les puede exigir que regresen a su país de origen, a menudo durante años, y siempre enfrentan el riesgo de que no se les permita regresar.
María García dijo que está perdiendo la esperanza y está considerando mudarse a México, donde su esposo tiene a sus padres y hermanos.
“Nunca podremos comprar una casa aquí”, dijo. “Aquí, si haces las cosas mal, te recompensan; si haces las cosas bien, te castigan”, dijo.
