Estados Unidos permite trabajar legalmente a cientos de miles de venezolanos en el país al conceder TPS
WASHINGTON (AP) - La administración Biden dice que está concediendo estatus legal temporal a cientos de miles de venezolanos que ya están en el país - rápidamente haciéndolos elegibles para trabajar - mientras lidia con el creciente número de personas que huyen del país sudamericano y en otros lugares para llegar a la frontera entre Estados Unidos y México.
La medida, junto con la promesa de acelerar la concesión de permisos de trabajo a muchos inmigrantes, puede apaciguar a los líderes demócratas que han presionado a la Casa Blanca para que haga más por ayudar a los solicitantes de asilo, pero también puede servir de estímulo a los republicanos que afirman que el presidente Joe Biden ha sido demasiado laxo en materia de inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional planea conceder el Estatus de Protección Temporal a unos 472 mil venezolanos que llegaron al país a partir del 31 de julio, lo que les facilitaría obtener autorización para trabajar en Estados Unidos. Esa ha sido una demanda clave de los alcaldes y gobernadores demócratas que luchan por atender a un número cada vez mayor de inmigrantes a su cargo.
Esto se suma a los cerca de 242,700 venezolanos que ya cumplían los requisitos para obtener un estatus temporal antes del anuncio del miércoles.
La protección de los venezolanos es importante porque representan un gran número de los inmigrantes que han llegado al país en los últimos años.
En la última década, Venezuela se ha sumido en una crisis política, económica y humanitaria que ha empujado a emigrar a al menos 7.3 millones de personas y ha hecho inasequibles los alimentos y otros artículos de primera necesidad para los que se han quedado. La gran mayoría de los que huyeron se asentaron en países vecinos de Latinoamérica, pero muchos empezaron a llegar a Estados Unidos en los últimos tres años a través del conocido y peligroso Tapón del Darién, un tramo de selva en Panamá.
Los venezolanos que lleguen a Estados Unidos después del 31 de julio de este año no podrán acogerse a la protección. Los que ahora reúnan los requisitos tendrán que solicitarla.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió la ampliación y una prórroga de 18 meses para los que ya tienen estatus temporal debido a “la creciente inestabilidad de Venezuela y la falta de seguridad debido a las duraderas condiciones humanitarias, de seguridad, políticas y ambientales”, dijo el departamento en un comunicado.
La administración dijo que acelerará las autorizaciones de trabajo para las personas que han llegado al país desde enero a través de una aplicación móvil para citas en los cruces terrestres con México, llamada CBP One, o a través de la libertad condicional concedida a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que tengan patrocinadores financieros y lleguen a un aeropuerto. El objetivo será concederles permisos de trabajo en un plazo de 30 días, frente a los 90 días actuales.
La promesa de permisos de trabajo acelerados no se aplica a las personas que cruzan la frontera ilegalmente y solicitan asilo, que, por ley, deben esperar seis meses para recibir permisos de trabajo.
Los alcaldes y los gobernadores han estado pidiendo a Biden que encuentre una forma de conseguir que los inmigrantes recién llegados puedan trabajar legalmente, de modo que puedan mantenerse a sí mismos.
Funcionarios demócratas de Nueva York, Massachusetts, Chicago y otros lugares se han quejado de la presión que los inmigrantes recién llegados están ejerciendo sobre sus recursos, especialmente en Nueva York, donde el gobierno está obligado a proporcionar alojamiento a quien lo necesite. Actualmente, la ciudad está pagando para alojar a unos 60 mil inmigrantes recién llegados.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo en un comunicado a última hora del miércoles que estaba “agradecida de que el gobierno federal haya actuado con tanta rapidez para conceder una de nuestras principales prioridades”: el Estatus de Protección Temporal a los solicitantes de asilo y migrantes venezolanos que ya han llegado a este país”.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, ha sido especialmente crítico con la administración Biden. Pero Adams elogió el miércoles la decisión de conceder protecciones a los venezolanos y agradeció a la administración que escuchara las preocupaciones de la ciudad.
El número de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur está aumentando. Eso supone un grave desafío para la administración, que se ha esforzado por demostrar que controla la frontera ante las críticas de los republicanos. La ciudad de Eagle Pass, fronteriza con México a lo largo del Río Grande en el sur de Texas, anunció el miércoles el estado de emergencia debido a una “grave oleada de inmigrantes indocumentados”.
Según el alguacil del Condado Maverick, Tom Schmerber, unos 2,700 inmigrantes cruzaron a Eagle Pass el martes y unos tres mil el miércoles.
La administración también dijo el miércoles que estaba usando fuerzas del Departamento de Defensa para apoyar al personal de Seguridad Nacional en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional ya usa unos 2,500 miembros de la Guardia Nacional para ayudar al Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras. En el comunicado de prensa, Seguridad Nacional dijo que hasta 800 nuevos soldados en servicio activo también serían destinados a la frontera; se usarían para cosas como la logística para liberar a los funcionarios de Aduanas para más responsabilidades de primera línea.
El Departamento de Seguridad Nacional dijo que también estaba tomando otras medidas para hacer frente a la inmigración, como la ampliación de un proceso iniciado en mayo para expulsar rápidamente a las familias que se encuentran sin base para permanecer en el país. La agencia dijo que también ha reforzado la capacidad de retención a lo largo de la frontera sur.
También ha aumentado el número de personas expulsadas del país. Desde el 12 de mayo, la agencia ha expulsado a 253 mil personas a algo más de 150 países de todo el mundo. Eso se compara con 180 mil removidos durante el mismo periodo en 2019 - antes de que la pandemia alertara drásticamente la capacidad del gobierno para expulsar a los migrantes.
