‘Se trata de una huelga’: jueza emite una orden judicial para poner fin a las ‘faltas por enfermedad’
Una jueza concedió una orden judicial preliminar el miércoles contra el sindicato de maestros para poner fin a las huelgas por enfermedad.
“El tribunal considera que se trata de una huelga”, dijo la jueza de distrito Crystal Eller.
La inesperada escasez de personal ha provocado el cierre de ocho escuelas -cada una de un día de duración- desde el 1° de septiembre. También interrumpió las operaciones en un par de otros campus.
La Asociación de Educación del Condado Clark (CCEA), que representa a unos 18 mil empleados con licencia, dijo que la situación con el personal escolar no era parte de las acciones sindicales.
Tras la audiencia, el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) dijo en un comunicado: “Afortunadamente, el tribunal determinó que se trata de una huelga” e impuso una orden judicial preliminar para “evitar cualquier interrupción en curso de las operaciones del distrito escolar”.
“Esta acción protege a los niños del Distrito Escolar del Condado Clark para que puedan recibir la educación a la que tienen derecho”, escribió el distrito.
Funcionarios del sindicato declinaron hacer comentarios fuera de la sala del tribunal, pero dijeron que organizarían entrevistas para el jueves.
El lunes, el distrito presentó una petición de emergencia para una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar para “detener la continuación de una huelga” de los educadores representados por el sindicato de maestros.
La petición se enmarca en una demanda presentada por el distrito a finales de julio para obtener una orden judicial que impida una futura huelga de maestros. El sindicato presentó una petición de desestimación.
El mes pasado, la jueza de distrito Jessica Peterson denegó la solicitud de medida cautelar porque dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que se produciría una huelga.
Pero dijo que le preocupaban algunas declaraciones del director ejecutivo de CCEA, John Vellardita, y que podría volver a convocar al tribunal rápidamente si la situación cambiaba.
Es ilegal que los empleados públicos de Nevada, incluidos los maestros, hagan huelga.
La ley estatal tiene una definición de huelga, que incluye una “ausencia del trabajo” por parte de los empleados bajo cualquier excusa como enfermedad “que no esté fundada en hechos” y una “paralización del trabajo, desaceleración o interrupción de las operaciones”.
El castigo por una huelga es de hasta 50 mil dólares por día para un sindicato y de hasta mil dólares por día para los dirigentes sindicales.
El distrito declaró el martes un punto muerto tras 11 sesiones de negociación colectiva con el sindicato de maestros desde finales de marzo.
Documentos judiciales presentados el martes
El martes, el distrito presentó documentos judiciales diciendo que tiene pruebas de que el cierre de la escuela ese día en Southwest Career and Technical Academy (SWCTA) fue coordinado.
Los administradores de Southwest Career and Technical Academy y la superintendente de distrito adjunta Brenda Larsen-Mitchell recibieron correos electrónicos por separado de un denunciante diciendo que un maestro en específico de la escuela “se hizo el líder de los esfuerzos de huelga de SWCTA”, según documentos judiciales.
El maestro movilizó a sus colegas para que se tomaran el día libre el martes y el próximo viernes “para interrumpir las clases”, según el distrito.
El maestro, miembro del sindicato de maestros, usó direcciones de correo electrónico privadas para ayudar a coordinar la huelga y evitar sospechas, según los documentos judiciales.
Los correos electrónicos del denunciante y del maestro se incluyeron como pruebas.
También el martes, el sindicato presentó su oposición a la petición de emergencia del distrito.
El sindicato escribió que solo tenía unas pocas horas para responder a la petición, por lo que su respuesta será “corta y directa”.
“Pero una cosa está clara como el agua: el Distrito no tiene las pruebas necesarias para cumplir con su alta carga aquí, y sabe que no las tiene”, escribieron los abogados del sindicato. “El Distrito viene a este Tribunal, una vez más, para una medida cautelar extraordinaria, esta vez alegando que una huelga de maestros está actualmente en curso”.
El sindicato alega que el distrito no tiene “ninguna prueba en absoluto” de que alguno de los demandados “haya tenido nada que ver con que algún maestro del distrito haya pedido que faltaran por enfermedad o se haya ausentado de alguna otra forma”.
El sindicato señaló que el fin de semana de tres días del Día del Trabajo, es el comienzo de la temporada de resfriado e influenza, y la circulación del COVID-19.
El distrito ha identificado 165 ausencias de maestros, menos del uno por ciento de los puestos de enseñanza con licencia, dijo el sindicato.
Alrededor del 70 por ciento de los aproximadamente 18 mil maestros del distrito son miembros del sindicato, dijo el sindicato. Solo el 58 por ciento de los ausentes en los días identificados eran miembros del CCEA.
“En otras palabras, el distrito afirma que algunos maestros que ni siquiera se molestan en afiliarse al sindicato están recibiendo instrucciones secretas de CCEA para participar en una huelga ilegal que pone inmediatamente en peligro sus puestos de trabajo y su capacidad para alimentar a sus familias”, según la respuesta.
El sindicato alega que el índice real de ausencias de los miembros del sindicato en cada escuela identificada estaba en concordancia con los índices normales de faltas en torno a un fin de semana festivo en esta época del año.
“Añádase a esto la lamentable escasez de maestros y la incapacidad del distrito para proporcionar un sistema regularizado de maestros sustitutos disponibles, y los problemas de personal no son en absoluto sorprendentes”, escribió el sindicato.
