El Tribunal Supremo reglamenta que se puede demandar a funcionarios por violar derechos constitucionales estatales
El Tribunal Supremo de Nevada ha reglamentado que los funcionarios públicos pueden ser demandados por ciudadanos que aleguen violaciones de los derechos civiles en virtud de la Constitución estatal.
El dictamen presentado el jueves tiene implicaciones sustanciales para las demandas por violación de los derechos civiles presentadas en Nevada, así como para las protecciones de las fuerzas del orden en virtud de la doctrina jurídica conocida como “inmunidad cualificada”, dijeron los abogados.
“Se trata de un cambio bastante significativo para el estado de Nevada, y es un cambio positivo”, dijo Nathan Lawrence, uno de los abogados que representan a la mujer que presentó la demanda federal que motivó el dictamen.
La demanda fue interpuesta por Sonjia Mack, quien alegó que fue sometida a un cateo al desnudo por funcionarios de prisiones mientras visitaba la Prisión Estatal de High Desert en 2017. Mack alegó que los funcionarios de prisiones la sometieron a un registro e incautación irrazonables, una violación de sus derechos según la Constitución de Nevada, según consta en los registros judiciales.
Los abogados de la fiscalía general de Nevada argumentaron en documentos judiciales que la Constitución del estado no otorga a los ciudadanos el derecho a demandar por supuestas violaciones de los derechos de registro y allanamiento, y un juez federal pidió al Tribunal Supremo del estado que se pronunciara sobre la cuestión.
Los abogados de la oficina del fiscal general no respondieron el viernes a una solicitud de comentarios.
La sentencia puede facilitar la interposición de demandas civiles en el estado.
En el dictamen del jueves, los jueces del Tribunal Supremo discreparon de la fiscalía general y consideraron que los ciudadanos pueden interponer una demanda por daños y perjuicios económicos.
Travis Barrick, que también representa a Mack, dijo que la sentencia podría facilitar a futuros demandantes la interposición de más demandas civiles en virtud de la legislación estatal. Normalmente, las acusaciones de violaciones constitucionales se presentan ante un tribunal federal, donde es menos probable que se interpongan demandas de derechos civiles por daños y perjuicios monetarios más bajos, dijo.
“Ahora creemos que existe la posibilidad de que las violaciones menores de los derechos civiles puedan juzgarse en los tribunales estatales inferiores”, dijo Barrick.
El dictamen del Tribunal Supremo también estableció un marco jurídico para determinar si otras estipulaciones de la Constitución estatal pueden hacerse cumplir mediante demandas privadas.
“Al sostener que (Mack) puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios por los daños sufridos a causa de la violación de sus derechos de registro y allanamiento en virtud de la Constitución de Nevada… no creamos una nueva causa de acción”, escribieron los jueces en el dictamen. “Nos limitamos a reconocer el principio jurídico arraigado de que un derecho no existe, en la práctica, sin ningún recurso para su aplicación”.
El estado también había argumentado que si existe un derecho a demandar por presuntos registros e incautaciones irrazonables en virtud de la constitución de Nevada, entonces los funcionarios de prisiones nombrados en la demanda de Mack estarían protegidos por la inmunidad cualificada.
La inmunidad cualificada se estableció a nivel federal para proteger de demandas a funcionarios del gobierno, como los agentes de policía, a menos que sus acciones violen claramente las leyes establecidas.
Sin embargo, los jueces del Tribunal Supremo reglamentaron que la doctrina legal no se aplica a las supuestas violaciones de los derechos de registro y allanamiento en Nevada.
Posibles efectos dominó
Lawrence dijo que un aumento de las demandas contra los organismos encargados de hacer cumplir la ley tiene el potencial de “cambiar el sistema a mejor”.
“Creemos que los efectos dominó de esta sentencia tendrán un efecto positivo en el sistema de aplicación de la ley”, dijo Lawrence.
La sentencia del Tribunal Supremo no reglamentó los hechos de la demanda de Mack, que todavía está en litigio.
Según la demanda, Mack viajó a la Prisión Estatal de High Desert en 2017 con una conocida, Tina Cates, para que las dos mujeres visitaran a sus respectivos novios. Mientras esperaban en la sala de visitas, ambas mujeres fueron conducidas por separado por funcionarios de prisiones.
Dos funcionarios de prisiones anónimos llevaron a Mack a una habitación y la sometieron a un cateo al desnudo “degradante y humillante”, según la demanda. Los agentes no tenían una orden judicial, según la demanda, y a Mack “no se le ofreció ninguna opción al respecto”.
También interrogaron a Mack “sobre lo que sabía de Tina Cates y algún tipo de intento de introducir drogas en la institución”, aunque Mack dijo que había conocido a Cates hacía poco y que “simplemente la acompañaba a la prisión”, según la demanda.
A ambas mujeres se les impidió visitar a sus novios y se les ordenó abandonar la prisión, aunque los funcionarios no encontraron nada ilegal en ninguna de ellas, según la demanda. Mack recibió más tarde una carta en la que se le informaba de que no podía volver a la prisión sin permiso del alcaide o del director del Departamento de Correccionales.
Cates también presentó una demanda federal en relación con los cateos sin ropa. En septiembre de 2020, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito reglamentó que el cateo violaba los derechos de Cates en virtud de la Cuarta Enmienda federal, pero que los funcionarios de la prisión estaban protegidos por la inmunidad cualificada, según consta en los registros judiciales.
