‘Notarios’ bajó inspección
Con una libreta en la mano, Norma Ramírez fue de negocio en negocio.
La Investigadora de Cumplimiento de la Secretaría del Estado de Nevada, no tuvo ninguna suerte en la búsqueda de los propietarios en las dos primeras empresas en la lista, por lo que se trasladó a la siguiente.
La empresa Burnett Scribes LLC, ubicada al este de Charleston Boulevard, se encontraba abierta ese día. “Vamos a la parte de atrás”, Joann Burnett, la hija del dueño, dijo a Ramírez después de un breve saludo.
Ramírez estaba haciendo una inspección en el establecimiento de servicios de preparación de documentos para asegurarse de que habían hecho correcciones menores, tales como la colocación de carteles que mostrarán que el negocio no proporciona asesoramiento legal.
Desde el 1 de marzo que la nueva ley entró y cuyo propósito es castigar a las empresas que ofrecen servicios legales sin autorización, más de la mitad de los auditados por los investigadores del estado resultaron estar fuera de cumplimiento. Esa ley se aplica a una variedad de negocios, incluyendo los preparadores de impuestos y servicios documentales que se centran en el divorcio y la naturalización.
Los requisitos legales para tales proveedores son muy estrictos, y las autoridades trabajan duro para hacerlas cumplir, dijo recientemente Ross Miller, Secretario de Estado. Su oficina proporciona un período de gracia para que las empresas se registren después de la nueva ley que fue promulgada hace cuatro meses.
“Ahora vamos a adoptar un enfoque más agresivo”, comentó Miller.
La ley requiere que los que prestan servicios de preparación de documentos - conocidos como “notarios” entre los hispanos - tienen que registrarse en la oficina del secretario de estado y mantener una fianza de $ 50,000 dólares.
La medida también permite a los consumidores buscar ayuda y presentar quejas en la oficina del secretario de estado.
La asambleísta Lucy Flores, D-Las Vegas, patrocinadora de la legislación, dijo en marzo; “la práctica no autorizada de la ley es un problema generalizado en Nevada, y afecta sobre todo a la comunidad inmigrante, que es vulnerable a los estafadores”.
Peter Ashman, abogado de Las Vegas y miembro de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que no ha visto que el problema se haya extendido, pero los inmigrantes suelen ser estafados por personas que les prometen ayudarles a arreglar su situación migratoria.
Él es consciente de un caso que resultó en deportación debido a que un proveedor de servicios no analizó cuidadosamente el caso del cliente. “Cuando esto se convierte en un problema, por lo general es un gran problema”, dijo Ashman.
Desde marzo, sólo ha habido una denuncia presentada ante la oficina del secretario de estado. Una investigación encontró que el tema no era grave, de acuerdo con Catherine Lu, portavoz de la oficina del secretario de estado.
Sin embargo, 40 solicitudes de los negocios aplicantes han sido rechazadas. Los mismos no han aprobado la verificación de antecedentes por diversos motivos que incluyen la comisión de un acto que incluyó el robo, fraude o deshonestidad en los últimos 10 años, según Lu. Otros no pasan los requisitos de ciudadanía, y algunos no presentaron huellas dactilares o una fianza después de la aplicación en línea.
Según Ramírez en caso de estafa la oficina del secretario de estado puede tratar de recuperar el dinero de los clientes por medio las fianzas de las empresas.
En los cuatro meses que la ley ha estado en vigor, 13 de 20 empresas inspeccionadas fueron encontradas como fuera de cumplimiento. La mayoría de esas empresas no cumplieron con otros requisitos, tales como el hacer que sus clientes firmen un documento por los servicios prestados y el proveer contratos por escrito, de acuerdo con Lu.
Sesenta y seis solicitudes han sido aprobadas y 83 están actualmente en revisión, dijo Lu. Noventa aplicaciones están condicionalmente aprobadas, a la espera de sus respectivas fianzas.
Los solicitantes tienen 60 días para asegurar una fianza o sus solicitudes serán rechazadas, dijo Lu.
Las empresas que no cumplan con la ley podrían recibir la visita de un investigador estatal y enfrentar a sanciones, dijo Miller.
