Piden a nuevo gobierno mexicano crear modelo de reinserción social para jóvenes
Mercedes Castañeda, directora general de Reinserta, urgió a la próxima administración a contar con un modelo de reinserción social nacional y adoptar protocolos de desmovilización y de testigos protegidos para jóvenes que se involucraron con organizaciones del crimen organizado.
Durante la presentación del Estudio de Factores de Riesgo y Victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, elaborado por la organización Reinserta, recordó que en el país hay seis mil 144 adolescentes en conflicto con la ley penal.
Del total, dijo, mil 512 enfrentan medidas privativas de libertad por haber cometido delitos como homicidio y secuestro.
Castañeda comentó que el estudio es resultado de 502 entrevistas realizadas a adolescentes privados de la libertad en centros de la Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Puebla, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Michoacán y Yucatán.
En este marco, opinó que al estar en contacto con adolescentes vinculados a grupos de delincuencia organizada “creemos urgente que en México exista un protocolo de desmovilización y de testigos protegidos que establezca las pautas a seguir”.
Además, se deberán establecer pautas en las que las distintas instancias públicas y la sociedad civil puedan organizarse para protegerlos.
De acuerdo con el estudio, 48 por ciento de los jóvenes tiene, al menos, un familiar en la cárcel y 44 por ciento vivió con alguien con problemas de adicciones, mientras que dos de cada tres reportaron haber tenido acceso a armas de fuego y cuatro de cada 10 había cometido algún delito antes de ingresar al centro de internamiento.
Ante ello, enumeró una serie de recomendaciones al nuevo gobierno, como desarrollar programas en personas con familiares privados de su libertad, pues cerca de 40 por ciento de los adolescentes tienen familiares en prisión; “necesitamos tener programas para estos niños que van a visitar a sus papás, a sus tíos o mamás a las cárceles”.
Apuntó que también se deberán generar programas de prevención de la delincuencia con niños y niñas desde niveles educativos básicos.
En materia de prevención terciaria, esto es, en materia de reinserción, “es urgente y hablo de urgencia en el sentido de que debimos hacerlo desde hace muchos años, contar con un modelo de reinserción nacional”, indicó.
Finalmente, recordó que en 2016 se publicó la Ley de Justicia para Adolescentes, pero no se acompañó de un modelo de reinserción, el cual debe estar basado en evidencia, tener bases comunitarias y homologar las intervenciones posteriores al internamiento.
