La sentencia esperada para alias ‘Chano’ es la cadena perpetua, se han tomado en cuenta los crímenes cometidos también en México
Marcando un hito en la justicia de Estados Unidos, el narcotraficante mexicano miembro del cártel de Los Zetas, Marciano Millán Vázquez alias Chano , fue declarado culpable por una Corte Federal de San Antonio, Texas, incluso por los crímenes que cometió en México.
Entre los 10 cargos por los que se declaró culpable a Millán Vázquez se encuentran el homicidio de por lo menos cuatro personas; así como haber descuartizado a una niña frente a sus padres. También conspiración para poseer, introducir y distribuir marihuana, cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos y haber empleado a menores de edad para traficar droga.
Un testigo que pidió no ser identificado por temor a represalias relató el asesinato de la niña. Contó que, como la menor –asesinada con un hachavio morir a otros. Asegura que fue obligado por Los Zetas a vender marihuana en Ciudad Acuña, también Coahuila.
Será en octubre próximo cuando se dicte la sentencia; el veredicto esperado es de cadena perpetua.
Los documentos presentados por la fiscalía dan cuenta de que Millán Vázquez fue sicario y traficante de armas y drogas. Fue escalando en las filas de Los Zetas hasta que asumió la dirección criminal en Piedras Negras (Coahuila, norte de México), una posición clave para el narcotráfico por sus dos puentes internacionales.
Jaime Cavazos, su abogado defensor, asegura que el capo es un ranchero que dejó México y se refugió en San Antonio después de que fue golpeado y acusado falsamente por soldados de traficar drogas.
Su poder corruptor
Al correr del juicio, varios testigos narraron durante dos semanas las actividades que, dijeron, realizó Millán a nombre de la banda delictiva, incluidos los sobornos con los que corrompió a varias autoridades del gobierno.
Por ejemplo, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras, aseguró que mientras fue operador financiero de Los Zetas, entregó a nombre de ese cártel al menos dos millones de dólares para sobornar a la administración del entonces gobernador Humberto Moreira.
Por su parte, Adolfo Efrén Tavira Alvarado –quien purga una condena en Estados Unidos de 30 años de prisión declaró que esa banda tenía el control de la policía municipal de Piedras Negras. También compraron mandos de la Policía Federal y algunos miembros del Ejército y tenían arreglos con la PGR (Procuraduría General de la República, fiscalía). Con la (Secretaría de) de Marina no pudieron.
También afirmó que en 2012 le enviaron al gobierno de Rubén Moreira una suburban llena de maletas de dinero.
El fiscal auxiliar Rusell Leachman indicó que se ha podido contar con evidencias de los crímenes cometidos, tales como la muerte de un informante, diversos registros telefónicos y otras pruebas físicas.
Gracias a un apartado especial de la ley fue posible que en la Corte de Texas se le juzgara también por los crímenes cometidos en México, toda vez que fueron parte de una conspiración para traficar droga con conexiones en Estados Unidos.
Los Hornos de Los Zetas
También se le señala de haber deshecho los cuerpos de por lo menos 12 de sus víctimas en los llamados Hornos de Los Zetas.
Exmiembros de fuerzas del orden mexicanas fueron los primeros integrantes de Los Zetas, una banda criminal que nació como el brazo armado del cártel del Golfo. Sin embargo, tiempo después terminarían separándose y protagonizando violentos enfrentamientos en territorio mexicano.
Para deshacerse de sus enemigos, Los Zetas encubrieron sus asesinatos masivos con una red de hornos utilizada principalmente entre 2011 y 2013, precisamente cuando gozaban de total impunidad en la norteña Coahuila.
Como una macabra muestra de su poder corruptor, el cártel tenía uno de sus principales crematorios clandestinos en la prisión de Piedras Negras.
La investigación sigue abierta y se continúan realizando diligencias para dar con el paradero de más personas que tienen reporte de desaparición y que, según testimonios, fueron trasladadas a ese centro penitenciario para privarlas de la vida, declaró el mes pasado José Ángel Herrera Cepeda, encargado del despacho de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas.
