RJ pide sanciones tras el registro policial del teléfono de reportero asesinado
Las Vegas Review-Journal (LVRJ) está pidiendo que un juez imponga sanciones al Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) por no informarle al periódico que los investigadores registraron el celular del reportero asesinado Jeff German.
La jueza de distrito Michelle Leavitt, tiene previsto escuchar la petición del periódico durante una audiencia el miércoles. El Review-Journal se ha visto inmerso en una batalla legal para impedir que las autoridades registren los dispositivos personales de German, incluidos su teléfono celular y sus computadoras, que podrían contener información sobre sus fuentes confidenciales.
El periódico ha argumentado que la ley escudo de Nevada, la Primera Enmienda y la Constitución del Estado protegen la información de los dispositivos de German de ser revelada.
“Las fuentes confidenciales son fundamentales para el periodismo de interés público”, dijo Glenn Cook, editor ejecutivo del Review-Journal. “Sería una burla que el asesinato de Jeff German diera lugar a que las autoridades conocieran la identidad de sus fuentes. Podría costarles literalmente la carrera. El asesinato de un reportero no debería acabar con la ley escudo del reportero ni con las protecciones de la Primera Enmienda”.
El exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, está acusado de asesinar a German frente a la casa del reportero de investigación en Las Vegas el 2 de septiembre. German, de 69 años, había reportado sobre la conducta de Telles como funcionario electo y las acusaciones de que creó un ambiente de trabajo tóxico.
German fue encontrado muerto fuera de su casa el 3 de septiembre, y la policía confiscó el teléfono celular de su cuerpo, muestran los registros judiciales. La policía confiscó las computadoras personales de German durante el registro de su casa, pero no su computadora de trabajo, que estaba en la oficina del Review-Journal.
Telles fue arrestado el 7 de septiembre, el mismo día en que la policía ejecutó órdenes de inspección en su domicilio.
En noviembre se le entregaron al Review-Journal copias sin editar de las órdenes de inspección policiales. Una de las órdenes, concedida el día en que Telles fue arrestado, afirmaba que la policía identificó a Telles como persona de interés “usando los registros de LVMPD, videovigilancia y datos obtenidos legalmente del teléfono de German”.
Los abogados de la Policía Metropolitana no confirmaron que se había registrado el teléfono hasta el 1° de diciembre, según los documentos judiciales.
El periódico presentó una petición de sanciones contra el Departamento de Policía el 16 de diciembre, argumentando que los funcionarios engañaron al Review-Journal y a los tribunales sobre si se había registrado alguno de los dispositivos de German.
“La Policía Metropolitana afirma desde antes del inicio de este procedimiento que nunca registró los dispositivos”, decía la petición. “Sin embargo, ahora se sabe que las afirmaciones de la Policía Metropolitana eran falsas”.
La Policía Metropolitana ha alegado que los investigadores quieren acceder a los dispositivos de German para buscar información que sería útil tanto para la acusación como para la defensa de Telles. El departamento también ha argumentado que no registrar los dispositivos violaría los derechos constitucionales de Telles.
Petición de sanciones
En los días posteriores al arresto de Telles, la policía se puso en contacto con el periódico para pedirle permiso para registrar cualquiera de los dispositivos de German que contuviera material periodístico. El 16 de septiembre, el abogado de la Policía Metropolitana, Matthew Christian, escribió en un correo electrónico al abogado del periódico que “no se había iniciado el registro” de los materiales, según la petición de sanciones.
Review-Journal presentó por primera vez documentos judiciales para impedir el registro de los dispositivos el 26 de septiembre. El periódico ha argumentado que, tras la presentación inicial ante el tribunal, los abogados de la Policía Metropolitana debieron haber corregido el estatus registro en el tribunal para reflejar que el teléfono de German había sido registrado.
“En resumen, desde el inicio de la disputa entre las partes, la Policía Metropolitana ha ofuscado (en el mejor de los casos) y ocultado información clave a los demandantes y al Tribunal”, según la presentación del Review-Journal.
La oposición de la Policía Metropolitana a la solicitud de sanciones afirma que el correo electrónico de Christian del 16 de septiembre afirmaba “erróneamente” que no se había producido ningún registro. El departamento argumentó que el Review-Journal no tenía derecho a exigir información a la policía.
“Pero no hay prueba alguna de que el correo electrónico del señor Christian se debiera a otra cosa que a un error de comunicación interna”, según la oposición, redactada por Christian.
La petición de sanciones le pide al juez ordenarle a la Policía Metropolitana que pague los honorarios de los abogados del periódico, suprima los alegatos del departamento en el caso y revele los detalles del registro del teléfono de German y de cualquier otro dispositivo que pudo haber sido registrado.
Si el juez no concede las sanciones, el periódico le pide al tribunal que imponga un plan previamente solicitado para que un maestro de audiencia especial ajeno a los sistemas judiciales estatal y federal de Las Vegas determine qué información de los dispositivos de German podría entregarse a los funcionarios.
La Policía Metropolitana argumenta en su oposición que el periódico no puede solicitar sanciones porque carece de legitimación para interferir en el registro de los dispositivos de German.
“La petición del LVRJ presume que LVRJ tiene algún derecho legal a exigir y obtener información de la Policía Metropolitana sobre la investigación”, escribió la Policía Metropolitana en la oposición. “Pero nunca lo hizo, y no lo hace ahora”.
En octubre, la jueza de distrito Susan Johnson, concedió una medida cautelar que impedía el registro de los dispositivos, que la Policía Metropolitana apeló ante el Tribunal Supremo de Nevada. Este mes, el Tribunal Supremo devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que un juez reglamentara el fondo de otra medida cautelar destinada a impedir que los funcionarios registraran cualquier auto propiedad de German que contuviera datos relacionados con su trabajo periodístico, según muestran los registros judiciales.
‘Terreno inexplorado’
Los casos de periodistas asesinados en relación con su trabajo son escasos en Estados Unidos. Hace más de diez años, Chauncey Bailey, redactor en jefe del Oakland Post, fue asesinado a tiros por un artículo que escribía sobre los problemas económicos de una panadería local.
La policía que investigó el asesinato de Bailey lo relacionó rápidamente con otros asesinatos relacionados con la panadería, según Thomas Peele, reportero de investigación y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad de California en Berkeley, que ayudó a poner en marcha el Chauncey Bailey Project para terminar el trabajo del reportero tras su muerte.
Los agentes no se centraron en los reportes de Bailey durante su investigación, dijo Peele. Cuando Bailey fue asesinado, los reporteros no llevaban teléfonos inteligentes, y la policía nunca registró su teléfono celular ni su laptop.
Peele estudió los asesinatos de otros periodistas para un libro que escribió sobre el asesinato de Bailey. Pero el asesinato de German es único, dijo, porque no tiene conocimiento de que los tribunales estén debatiendo cómo las leyes destinadas a proteger a los periodistas de revelar sus fuentes pueden aplicarse después de la muerte de un reportero.
“Creo que nos encontramos en un terreno inexplorado en cuanto a la extensión póstuma de los derechos de la ley escudo”, dijo.
