Un pacto contra el crimen y por la legalidad
La violencia del crimen organizado y la falta de respeto a la autoridad y a la ley sobrepasan a los partidos. Aislados no van a obtener resultados positivos. Tienen que unirse.
El esquema del Pacto por México dio dividendos positivos para el país en temas fundamentales como la educación, la competencia y la energía. Hay que repetirlo en materia de seguridad.
Todos los partidos necesitan de todos porque sus gobernados están expuestos, por igual, a los estragos de la delincuencia.
No puede decirse que sólo el PRD es un partido tocado por grupos criminales. También lo están el PRI y el PAN.
Por ello la solución no es un asunto de partidos, de quitar del poder a tal o cual membrete y con eso se arreglan las cosas. Es un problema de Estado y requiere una respuesta de Estado.
Si vamos a ser espectadores de cómo priistas, perredistas y panistas se pasan la bola de quién tiene más militantes involucrados en grupos delictivos, nos vamos a llenar de cruces y el país será ingobernable.
Ningún partido va a resolver por sí solo la crisis de violencia y criminalidad, por la sencilla razón de que no es posible.
Si seguimos en esta dinámica, hoy va a aparecer una foto del dirigente del partido equis con un narco, mañana éste filtrará una del líder del partido eñe saludando al hijo de un capo, y después el agraviado soltará el video de una fiesta en la que conviven el hermano de un criminal con el candidato del partido ye.
Así no vamos a llegar a ningún lado. Se van a multiplicar los casos de Iguala o Michoacán, y de lo que se trata es de frenarlos.
Eso se consigue con un pacto contra el crimen y por la legalidad.
Tiene que haber una política de Estado contra la criminalidad, que involucre la responsabilidad de los partidos y la confección de protocolos para la defensa de la legalidad.
Las policías municipales no se pueden mandar solas, aunque el ayuntamiento sea de un color político distinto al del gobernador del estado.
La vigilancia sobre el modo de vida de los alcaldes tiene que ser tarea de los gobiernos estatales y de la Federación. Mano dura e inflexible en cualquier caso se desviación o anomalía, sea del partido que sea.
Se necesitan protocolos acordados por todos para actuar contra los actos delictivos.
Por muy estudiantes que sean, no pueden robarse camiones de la terminal de autobuses. Tampoco se les puede matar por eso, pero ser normalista no da licencia para quemar vehículos ajenos.
Tienen que haber sanciones acordadas por todas las fuerzas políticas y los tres órdenes de gobierno ante hechos que violen la ley y amedrenten a la ciudadanía.
¿Qué hacer ante el bloqueo a una carretera? Debe saberse de antemano qué va a suceder en esos casos, independientemente que gobierne un panista, un priista o un perredista, o de quién haga el bloqueo.
El Ejército necesita protección jurídica en las tareas que el poder civil le ha encomendado y no son de su naturaleza, como es el cuidado del orden público. Hay que legislar sobre ello.
Debemos saber todos qué pasa cuando un delincuente agrede a un policía o a un militar. Y cuál es la sanción para los excesos en el uso de la fuerza.
Eso tiene que acordarse ya, como política de Estado.
