Los inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses

Hay una gran cantidad de información errónea en los medios últimamente sobre la inmigración. Esto se debe, en parte, a que los políticos deshonestos consideran que es políticamente ventajoso echarles la culpa a los inmigrantes de cualquier número de males sociales, en particular el crimen. La verdad es que, en promedio, los inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que los ciudadanos estadounidenses nativos, y las tasas de delincuencia son más bajas en las comunidades en las que viven.

Numerosos estudios, incluidos los realizados por centros de estudios conservadores como el Instituto Cato, también indican que los inmigrantes indocumentados tienen tasas de encarcelamiento más bajas. El hecho del asunto es que los inmigrantes indocumentados tienen más probabilidades de ser víctimas de ciertos tipos de delitos, como el abuso sexual, la violación y la violencia doméstica, pero tienen menos probabilidades de llegar a la policía por temor a la deportación.

En el año 2000, el Congreso abordó esta preocupación al aprobar la Ley de Protección de Víctimas y Tráfico, que creó el programa de “visa U” para las víctimas de delitos que han sufrido abusos sustanciales en los Estados Unidos y están dispuestas a ayudar a las autoridades policiales. En la investigación o enjuiciamiento de actividades delictivas. Se volvió a adoptar en 2013 en la Ley de Violencia contra la Mujer, y se volvió a autorizar como parte de la Ley de protección de víctimas de la trata de personas de 2017. La visa también autoriza a una víctima a permanecer en el país cuando de otro modo no podrían hacerlo legalmente. Para obtener una visa U, los solicitantes deben presentar un formulario de una agencia encargada de aplicar la ley que certifique que han sido víctimas de un delito y que son útiles en la investigación o el enjuiciamiento del abusador.

En Nevada, existen obstáculos que impiden que los solicitantes de visa U sigan adelante con sus casos, como las inconsistencias en el manejo de la certificación de solicitudes entre las diferentes agencias de aplicación de la ley en todo el estado. Por ejemplo, algunas agencias no certificarán una solicitud si el delito se cometió hace más de cinco años. Además, otras oficinas gubernamentales, como los tribunales y las oficinas de la libertad condicional y periodo de prueba, pueden certificar a las víctimas según las pautas federales, pero no han hecho un esfuerzo concertado para hacer una parte justa de la carga de trabajo.

Además, hay algunas situaciones en las que una visa debe ser certificada de inmediato porque el tiempo es esencial. Esto ocurre cuando una víctima forma parte de un procedimiento de expulsión, o cuando el solicitante está a punto de cumplir 21 años, después de lo cual los miembros de la familia inmediata ya no serían elegibles para obtener el estatus legal a través de la solicitud de la víctima. Además, no hay datos suficientes sobre el programa de visas U en Nevada para que sepamos cuántas visas U se solicitan, aprueban y rechazan, o qué tipos de delitos se denuncian. Esta es información realmente importante que debe ser reportada para que los legisladores y las fuerzas del orden público lleguen al fondo de los problemas subyacentes de delitos que afectan a la comunidad migrante.

Me he encontrado con incidentes como estos en mi práctica legal como abogado de inmigración. En mi oficina, hemos encontrado obstáculos burocráticos durante el proceso de certificación en innumerables casos, incluidos los relacionados con víctimas de agresión sexual, violencia doméstica, así como el tiroteo en masa en Las Vegas que tuvo lugar en 2017. Es por eso que he presentado la asamblea proyecto de ley 336, una legislación que estandarizaría el proceso de certificación. El proyecto de ley ampliaría el número de agencias que podrían proporcionar certificaciones a las víctimas. También requeriría que estas agencias procesen las solicitudes dentro de los 90 días posteriores a la solicitud original. Si son de 20 años de edad o están en proceso de ser deportados, la solicitud debe acelerarse dentro de los 14 días. También requeriría la presentación de informes anuales a la Legislatura de Nevada que detallan información estadística importante con respecto a las solicitudes de las víctimas de certificaciones para que podamos cumplir mejor las inconsistencias en el proceso.

Hasta ahora, ha habido mucho apoyo para este proyecto de ley. Anteriormente en la sesión fue aprobada por unanimidad por los miembros de la Asamblea. Ahora insto a mis colegas en el Senado a que se unan a nosotros para aprobar esta legislación para que podamos presentarla al gobernador para que pueda promulgarse esta ley este año. Esta es nuestra oportunidad para asegurarnos de que las agencias encargadas de aplicar la ley se adhieran a la intención del programa, que es ayudar a brindar protección legal a las víctimas inmigrantes.

El asambleísta Edgar Flores representa al Distrito 28 en la Asamblea del Estado de Nevada.