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La legislatura debe derogar -por iniciativa- la ley de extorsión

Bueno, este es un buen lío en el que nos ha metido la Legislatura.

La buena noticia: los legisladores pueden corregir un gran error que cometieron en 2021 durante la sesión de 2023. Las malas noticias: probablemente no lo harán.

Mientras tanto, tendremos que lidiar con las consecuencias.

Todo comenzó cuando la Asociación de Educadores del Condado Clark calificó dos iniciativas de recaudación de impuestos en 2020; una para aumentar los impuestos a las ventas y otra para aumentar los impuestos al juego. Pero ambas medidas en realidad se trataban de extorsionar a los casinos del estado para que apoyaran un impuesto más alto a la minería durante la Legislatura de 2021.

Como parte de un acuerdo alcanzado cerca del final de la sesión, el jefe del sindicato de maestros, John Vellardita, acordó que retiraría ambas peticiones de impuestos si se aprobaba el impuesto a la minería. Lo cumplió, y lo hizo enviando cartas a la secretaria de Estado pidiéndole que eliminara las medidas de la boleta electoral.

Y solo para estar seguro, la Legislatura enmendó una ley de 2017 redactada de manera vaga para permitir específicamente que las peticiones aprobadas por los votantes sean rechazadas, siempre que la solicitud llegue al menos 90 días antes de una elección.

¡Problema! La secretaria de Estado, Bárbara Cegavske, leyó la constitución del estado, que era bastante clara: si una petición calificada se presenta ante la Legislatura y los legisladores no la aprueban ellos mismos, entonces el secretario “deberá” ponerla en la boleta. No hay nada sobre la abstinencia.

Entonces Cegavske dijo que no, incluso después de que la oficina del Fiscal General, Aarón Ford, emitiera una opinión legal que decía que el retiro estaba bien según la ley recién aprobada.

Y ahora, en un giro irónico, las mismas personas que escribieron las peticiones y obtuvieron las firmas están demandando a Cegavske para eliminarlas. Realmente no ves eso todos los días, incluso en Nevada.

El caso legal podría ir de cualquier manera: debido a que la constitución no prohíbe específicamente el retiro de una petición calificada, se puede argumentar que la Legislatura tiene la autoridad para redactar leyes que lo permitan.

Por otro lado, una lectura estricta de la constitución muestra una cadena de eventos específica: si las peticiones califican, van ante los legisladores y, si son rechazadas, pasan a las urnas para que los votantes decidan. Si los redactores de la enmienda de la iniciativa hubieran tenido la intención de permitir retiros, presumiblemente podrían haberlo dicho.

Nadie sabe cómo fallarán los tribunales, y solo los tontos predicen el resultado de los casos. (Por eso ya no lo hago).

Pero independientemente de cómo los tribunales se pronuncien en este caso, la Legislatura tiene la obligación de actuar para evitar que este escenario se repita en el futuro.

Porque, ¿cuáles son las probabilidades de que el sindicato de maestros, o algún otro grupo igualmente ambicioso, califique una iniciativa para obligar a una gran industria a hacer algo en Carson City para evitar algo peor en las urnas?

Bastante bueno.

Puede preguntarse, ¿a quién le importa qué interés especial se friega a otro en la capital cada dos años? Pero considere esto: los contribuyentes pueden ser los que terminen pagando el precio por este tipo de artimañas. ¿Qué pasa si alguien presenta una iniciativa para aumentar los impuestos comerciales a menos que esas empresas acuerden respaldar un aumento de 1 punto porcentual en el impuesto sobre las ventas? Las empresas están de acuerdo, la iniciativa se retira pero, aun así, se queda atascado con el impuesto más alto.

La próxima Legislatura debería derogar el estatuto de retiro y, en su lugar, aprobar una ley que diga específicamente que ninguna petición puede retirarse después de que califique.

Lo mejor de este plan es que ningún interés especial podrá retener a nadie como rehén con resultados potencialmente desastrosos e impredecibles nunca más. Las peticiones volverán a tratar de hacer cambios legítimos, en lugar de extorsión legislativa legal.

Las posibilidades de que la Legislatura realmente haga esto son aproximadamente las mismas que ganar la lotería de Nevada, es decir, no son buenas, porque Nevada no tiene lotería. Lo que tenemos es una mala política, y una o dos veces por década, sería bueno que la Legislatura se comprometiera a crear una buena política.

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