Ignorar la Declaración de Derechos cuando es conveniente
Un juez federal sostuvo la semana pasada que el gobierno federal trató de eludir la Primera Enmienda cuando presionó a las empresas de redes sociales para suprimir la “información errónea” durante la pandemia. Las conclusiones del juez se seguirán litigando, pero resaltan los peligros inherentes cuando se utilizan partes privadas como apoderados del gobierno para limitar el debate público.
Pero la libertad de expresión no es la única libertad vital en riesgo bajo tal esquema. Los agentes del gobierno también han erosionado la Cuarta Enmienda al utilizar el sector privado para evitar las protecciones constitucionales contra registros e incautaciones irrazonables.
El mes pasado, el representante Warren Davidson, republicano de Ohio, y la representante Sara Jacobs, demócrata de California, agregaron una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional que requeriría que el gobierno obtenga una orden judicial antes de comprar datos sobre estadounidenses de intermediarios de información privada.
La enmienda se produce después de las revelaciones de que “las agencias federales de inteligencia y de aplicación de la ley han comprado repetidamente” información privada sobre usuarios de teléfonos celulares “sin una orden judicial, de intermediarios comerciales de datos”, según el Brennan Center for Justice en NYU Law.
En 2018, la Corte Suprema de los EE. UU. fortaleció la Declaración de Derechos al dictaminar en Carpenter v. Estados Unidos que los agentes del gobierno necesitan una orden judicial para obligar a las empresas de comunicaciones a entregar información detallada sobre la ubicación de los clientes. Sin embargo, desde entonces, los funcionarios del gobierno “han puesto fin a este requisito de orden judicial al comprar información detallada e íntima sobre los estadounidenses de corredores de datos comerciales”, escribe Noah Chauvin del Centro Brennan.
Uno podría preguntarse por qué los estadounidenses brindan voluntariamente gran parte de su información personal íntima a terceros en nombre de la conveniencia. Pero esa es una discusión para otro día.
The New York Times informó en 2021 que los abogados de la Agencia de Inteligencia de Defensa no interpretan la decisión de Carpenter como una orden judicial para la compra de datos. Pero si el gobierno puede simplemente eludir las restricciones de la Declaración de Derechos mediante el uso de entidades de terceros para hacer su trabajo sucio, esas libertades no tienen sentido.
La enmienda prohíbe que “las agencias federales de aplicación de la ley y de inteligencia compren la información de ubicación, el historial de navegación web, el historial de búsqueda en Internet o cualquier otra información protegida por la Cuarta Enmienda de los estadounidenses”, escribe el Sr. Chauvin, “y requiere que estas agencias obtengan una orden judicial antes de obtener estos datos.”
Este es un enfoque razonable que protege la privacidad de los estadounidenses hasta cierto punto mientras permite que las autoridades accedan a los datos bajo supervisión judicial. Sin duda, tanto los demócratas como los republicanos pueden estar de acuerdo en que vale la pena proteger la Declaración de Derechos.
