El caso contra la ex-presidenta de Argentina, un gran paso Adelante

El pedido de arresto de un juez argentino a la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un gran paso adelante en la lucha global contra la corrupción, no solo porque busca poner detrás de las rejas a la ex-líder populista por recibir por lo menos $69 millones en sobornos, sino también porque inculpa a muchos empresarios que hicieron dichos pagos.

En América Latina, y en gran parte del mundo, se presta poca atención a la responsabilidad del sector privado en la corrupción pública. Estamos acostumbrados a leer grandes titulares sobre los políticos que aceptan sobornos, pero escuchamos muy poco sobre los empresarios que los pagan. Eso está comenzando a cambiar, y podría marcar un punto de inflexión en la batalla contra la corrupción.

Como en el reciente escándalo de corrupción que condujo al encarcelamiento del ex-presidente populista Luiz Inácio Lula da Silva y del ex-magnate de la construcción Marcelo Odebrecht en Brasil, el caso de la justicia de Argentina contra la ex-presidente ha colocado tanto a políticos como a empresarios corruptos en las primeras planas.

Según la acusación del juez argentino Claudio Bonadío, la ex-presidente lideró una red de corrupción que cobró más de $200 millones en sobornos de empresas que buscaban o recibieron contratos de obras públicas.

En al menos 87 ocasiones, se entregaron bolsas llenas de efectivo a la casa particular de la ex-presidente en el elegante barrio de Recoleta de Buenos Aires, dice la acusación del juez. Tan solo los pagos realizados a esa residencia totalizaron $69.7 millones, agrega.

Las evidencias parecen ser abrumadoras. Además de los ocho cuadernos escritos por un ex-chofer del gobierno que tomó notas de sus viajes llevando bolsas llenas de efectivo al apartamento de la ex presidenta, docenas de ex-funcionarios y empresarios ya han confesado haber pagado o recibido dichos dineros.

Ahora, cerca de 50 ex-funcionarios del gobierno y empresarios, incluidos altos ejecutivos de importantes empresas de construcción, enfrentan cargos de corrupción. La ex-presidente tiene inmunidad parlamentaria en su calidad de senadora, pero puede ser desaforada por el congreso.

Pero uno de los efectos secundarios más importantes de la acusación del juez es que ha sacudido a la comunidad empresarial de Argentina, muchos de cuyos integrantes han hecho negocios dudosos a la sombra del poder por mucho tiempo.

“Esto es histórico”, me dice Carlos Rozen, director del curso de certificado de Ética y Auditoría de la Universidad UCEMA de Argentina. “Marcará un antes y un después en la historia del empresariado argentino”.

Rozen me dijo que ya se está viendo un gran cambio. Por ejemplo, el número de ejecutivos de auditoría de compañías privadas y públicas que se inscriben en el programa de certificación de UCEMA se ha más que duplicado en los últimos meses, de 40 a 100 personas por curso. Y otros 50 solicitantes están en la lista de espera, agregó.

El llamado “escándalo de los cuadernos”, llamado así por los cuadernos del chofer que sacaron a la luz estos sobornos, ya está cambiando la cultura empresarial del país, dijo Rozen.

“Antes de los cuadernos, las compañías contrataban expertos para redactar sus normas de ética y auditoría, pero lo hacían solo para cumplir con requisitos legales”, dijo Rozen, miembro fundador de la Asociación de Ética y Compliance de Argentina.

“Ahora, las empresas entienden que no se trata solo de tener un papel con normas de ética, sino de cambiar la cultura corporativa con políticas de tolerancia cero”, agregó.

La acusación contra la ex-presidente y varios líderes empresariales —al igual que el caso de corrupción de Brasil— puede servir como una señal de advertencia para los grandes empresarios de muchos otros países. Pienso en México, por ejemplo, donde muchas empresas han hecho negocios poco transparentes con varios gobiernos sin pagar ningún costo reputacional o legal.

Se necesitan dos para bailar el tango, y la epidemia de corrupción que está afectando a tantos países solo comenzará a revertirse si las dos partes —quienes reciben sobornos y quienes los pagan— son castigados. Ese proceso parece haber empezado, y eso hay que celebrarlo.