Ayotzinapa, el dato que falta
La investigación que permitió a la PGR llegar a la conclusión sobre el caso de los normalistas asesinados es contundente, pero tiene un ángulo de “corrección política” que la hace incompleta.
El eslabón que falta está en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, y su relación con el cártel de Los Rojos.
Los Rojos son la banda rival de Guerreros Unidos, que operaba en Iguala en complicidad con las autoridades municipales.
Dijo el procurador Murillo que inicialmente, el 26 de septiembre, los normalistas iban a Chilpancingo a recolectar dinero para venir a la ciudad de México con motivo de la marcha del 2 de octubre.
Pero, dijo el procurador, uno de los normalistas que iba al frente del grupo tomó la decisión de cambiar la ruta y dirigirse a Iguala.
Ahí en Iguala el grupo de estudiantes fue detectado por un halcón deGuerreros Unidos, quien informó a la policía local que llegaban contingentes de Los Rojos.
Eso precipitó la decisión del alcalde Abarca para que los frenaran “como sea”, y ocurrió lo que todos sabemos y lamentamos.
¿Qué hizo al jefe de los normalistas ordenar ir a Iguala, que está a casi dos horas de Chilpancingo?
¿Quién se lo pidió? ¿Quién o quiénes manejaban a los normalistas ese día?
La declaración ministerial de uno de los cuatro asesinos materiales de los estudiantes, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, dice por qué ocurrió ese cambio de planes que llevó a la muerte a los estudiantes.
De acuerdo con su versión, Los Rojos le habrían pagado al director de la normal Isidro Burgos para mandar a los muchachos a Iguala a hacer desmanes (el día del informe de la esposa del alcalde y hasta ese entonces precandidata a suceder a su marido en el cargo).
De acuerdo con lo expresado por El Cepillo en su declaración ministerial, él interrogó y luego mató a uno de los que creyó cabecillas de los estudiantes, quien le confesó el motivo de la presencia de los normalistas en Iguala.
Desconozco si el asesino diga la verdad o no. Tampoco encuentro motivos para que mienta luego de confesar sus crímenes que le pueden ocasionar la máxima condena: 140 años de cárcel.
Pero ahí está el punto que la investigación de la PGR no toca: ¿quién dio la orden de llevar a los normalistas a Iguala, si su intención era botear en Chilpancingo?
El acuerdo celebrado en Los Pinos entre los padres de los normalistas, más sus asesores, con el presidente y su equipo, fue no criminalizar a los estudiantes.
Por supuesto que está bien no culpar a las víctimas, especialmente si eran alumnos de primer ingreso, pero detrás de ese acuerdo se oculta una de las explicaciones del crimen que traumatizó a México.
Los que mandaron a los normalistas a Iguala tienen responsabilidad criminal y deben ser castigados.
La PGR, luego de una espléndida investigación, con culpables identificados y casi un centenar de detenidos, peca de “corrección política” al no tocar a los dirigentes de la normal que mandaron a los muchachos a las garras de Guerreros Unidos.
