Tras 85 años de prohibición, mexicanos podrán reelegir alcaldes y diputados
Los mexicanos tendrán la oportunidad de reelegir a diputados locales, alcaldes y regidores en los comicios generales del próximo 1 de julio por primera vez desde que en 1933 se prohibiera la reelección sucesiva.
De esta forma, los comicios de julio tendrán una importancia inusitada tanto a nivel local como estatal y, por supuesto, por la elección del presidente del país tras el sexenio de Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La corrupción, la desigualdad social, la violencia por la guerra contra el narcotráfico o las complicadas relaciones con Estados Unidos por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los principales temas de interés.
La reelección de cargos ya comenzó en realidad el año pasado con tres personas: un diputado local y un regidor en el occidental estado de Nayarit, así como una diputada local en el norteño estado de Coahuila.
Esto ocurrió debido a que los calendarios electorales de esos dos estados no estaban empatados con el federal.
Pero ahora serán 30 estados de la república los que renovarán alcaldías y/o congresos locales, en los que estará abierta la posibilidad de reelección.
La reelección de los legisladores federales se permitirá a partir de 2021.
El cambio se deriva de una reforma constitucional aprobada en 2014.
La reelección no será indefinida, sino que para los diputados sólo está permitida por un máximo de cuatro periodos (12 años en total) y para los alcaldes y regidores sólo por un periodo más de tres años para sumar 6 en total.
Para el presidente y los gobernadores de los estados aún no hay un marco legal para la reelección ni consecutiva ni alterna.
Anteriormente, legisladores y alcaldes podían reelegirse de manera alterna, es decir, dejando pasar un periodo antes de volver a postularse.
En total se votarán más de 3.400 cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República, por lo que se trata de las elecciones más grandes en la historia del país.
Ivonne Acuña Murillo, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, explicó a Efe que habrá que esperar para ver los resultados de esta modificación.
“La idea de la reelección (sucesiva) es darle tiempo al personaje para que continúe lo que inició en la gestión anterior y la posibilidad de que la ciudadanía lo premie o lo castigue”, agregó.
Sin embargo, el problema es que la mayoría de los ciudadanos tienen poco interés en temas políticos. “Si contáramos con una ciudadanía más informada, seguramente la reelección sería positiva porque permitiría más tiempo para sus gestiones y profesionalizar más su trabajo, pero me parece que no es el caso”, destacó Acuña.
Respecto a la Presidencia, afirmó que el tema sigue siendo un tabú, sobre todo de cara a otros procesos electorales y contextos históricos en el continente americano, como Venezuela o Bolivia.
“A mí me parece que estaría bien que se reeligiera un presidente solo por un periodo, cuando tenga un proyecto que valga la pena. Hay que reconocer que en seis años no se puede recomponer un país, menos una situación tan compleja como la de México”, añadió.
La experta en política nacional criticó que en las últimas décadas algunos candidatos se postulan sin siquiera tener las capacidades básicas para gobernar, como conocer la Constitución.
Por ello, consideró que para garantizar un mínimo de preparación, habría que hacer obligatorio que los servidores públicos electos tomaran al menos un curso propedéutico.
En cargos como gubernaturas y la presidencia del país, la exigencia debería aumentar, pues se trata de puestos de mayor responsabilidad.
Respecto a los avances, afirmó que las reglas para la paridad de género han ido aumentando la participación de las mujeres en los cargos de elección popular, aunque aún hay obstáculos por vencer para que exista una verdadera igualdad de oportunidades.
En noviembre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas de acción afirmativa para que los partidos políticos y coaliciones garanticen paridad de 50 % entre hombres y mujeres en su lista de candidatos.
También están obligados a incluir candidaturas de personas indígenas.
