¿Recibieron Ralenkotter y los co-acusados, un trato especial en un caso penal?
El ex jefe de turismo de Las Vegas, Rossi Ralenkotter, y otros dos acusados criminales en la investigación de las tarjetas de regalo de Southwest Airlines, nunca fueron procesados en el Centro de Detención del Condado de Clark, lo que generó dudas sobre si el trío recibió un trato especial.
“Estos acusados no están en el sistema”, anunció Todd Leventhal, un abogado defensor veterano y ex fiscal no involucrado en el caso. “Todos los acusados deberían estar en el sistema”.
En una audiencia pública en septiembre, el abogado defensor Anthony Sgro, prometió organizar la rendición de Ralenkotter por delitos graves. Sgro le pidió a la Jueza de Paz Harmony Letizia que anule una orden de arresto contra el director ejecutivo retirado de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas (LVCVA, por su sigla en inglés) para evitar la posibilidad de que la policía lo detuviera.
Al no oponerse al fiscal adjunto jefe de distrito Jay P. Raman, la jueza aceptó la solicitud de Sgro.
Pero Ralenkotter, políticamente conectado, nunca fue trasladado al Centro de Detención para un procedimiento de “recorrido” de rutina que permite fotografiarlo y tomarle huellas digitales al acusado sin pasar tiempo tras las rejas.
El expediente judicial no muestra que Ralenkotter, la ex directora de marketing de la LVCVA, Cathy Tull y un tercer acusado, el ejecutivo de marketing de Southwest Airlines, Eric Woodson, hicieron visitas.
El caso penal fue el resultado de una investigación policial de un año provocada por los reportajes del Review-Journal que revelaron resultados de auditoría críticos de la compra de tarjetas de regalo de Southwest Airlines por parte de la agencia. La auditoría se ordenó en medio de una investigación del Review-Journal que reveló gastos innecesarios y una supervisión deficiente por parte de la Autoridad.
Entre 2012 y 2017, la LVCVA financiada con impuestos compró 90 mil dólares en tarjetas de regalo de Southwest, y al menos 35 mil dólares de las tarjetas se usaron en viajes personales, muestran registros de la policía y de la Autoridad.
Exactamente por qué Ralenkotter y los otros acusados no fueron procesados sigue siendo un misterio ya que los jugadores clave involucrados en el caso de alto perfil no han hablado.
Sgro no ha respondido a las repetidas llamadas y mensajes de texto en busca de comentarios, y un asistente de Letizia indicó que las normas judiciales no le permiten a la jueza discutir un caso fuera de la sala del tribunal.
Las acciones provenientes de la audiencia del 10 de septiembre no fueron típicas, según fuentes del Tribunal de Justicia, fiscales y abogados defensores actuales y anteriores. Los jueces generalmente no ordenan que se lleven acabo más órdenes de arresto antes de que se complete el proceso de ingreso.
“No se anula primero”, mencionó una fuente del Tribunal de Justicia. “Lo estás sacando del sistema como si no existiera. No se puede ingresar a alguien con una orden judicial que no existe”.
La policía de Las Vegas no respondió a preguntas sobre el proceso de recorrido, pero reconocieron que no tienen fotos de Ralenkotter, Tull y Woodson, que señalaron que debieron haber sido tomadas durante un recorrido en la cárcel.
“Si los acusados no cumplen con un recorrido, podrían tener problemas con el tribunal”, advirtió el abogado penal Chris Rasmussen.
Pero el expediente judicial muestra que Letizia no ha tomado ninguna acción contra los acusados en el caso LVCVA.
“Si el fiscal de distrito se hubiera opuesto a anular las órdenes de arresto, pudo haber resultado diferente”, mencionó el abogado Thomas Pitaro, antiguo profesor de derecho de la UNLV.
Audiencia de septiembre
Tanto Sgro como Ralenkotter comparecieron ante Letizia el 10 de septiembre para responder a la orden de arresto.
“Entonces, el primer paso es resolver esa orden”, les dijo Letizia, según una grabación del Review-Journal del proceso. “Entonces, el señor Ralenkotter tendrá que ir a la cárcel y ser procesado. No lo van a retener de la noche a la mañana, pero necesita ser procesado”.
Letizia agregó que esperaba que los recorridos para Ralenkotter y Woodson “ocurrieran de inmediato” y que su oficina prepararía el papeleo. Tull estaba fuera del país y planeaba regresar.
“Entonces ya no será una orden activa, ¿verdad?”, le preguntó Sgro a Letizia.
“Técnicamente, las órdenes de arresto permanecerán activas hasta que lleguen a la cárcel y sean procesadas”, respondió Letizia. “Si se van y no se encargan de ello, y la policía los detiene por cualquier motivo, una falta de tránsito o administrativa o de otra manera, podrían ser ingresados con esas órdenes de detención. Entonces, el tiempo es esencial”.
Luego, Sgro le pidió a la jueza que suspendiera temporalmente la ejecución de la orden de Ralenkotter o la anulara porque necesitaba tiempo para organizar el recorrido con los funcionarios del Centro de Detención.
“Si nos diera un par de días, por ejemplo, que no se tomaría ninguna medida sobre la orden, entonces dentro de ese lapso nos aseguraríamos de que todo se completara de nuestro lado”, anunció Sgro.
Letizia le preguntó a Raman si se oponía a relanzar las órdenes de arresto, y él respondió: “No tengo una posición al respecto”.
Luego, la jueza ordenó que se anularan las órdenes de arresto y estableció una verificación de estado del caso para el 25 de septiembre. La falta de recorridos de los acusados no se discutió en la verificación de estado.
Leventhal dijo que el video de la audiencia del 10 de septiembre muestra que Sgro dejó en claro que planeaba entregar a Ralenkotter y que eso pudo haber influido en las decisiones de Letizia y Raman.
Leventhal también cuestionó la sinceridad del argumento de Sgro.
“Sugerir que lleva tiempo arreglar esto con la cárcel es ridículo”, apuntó Leventhal. “La cárcel está abierta las 24 horas, los siete días de la semana y maneja estos problemas durante todo el día”.
La abogada defensora, Paola Armeni, quien representa a Tull, mencionó que Letizia luego recordó la orden de arresto para su cliente, y le notificaron que Tull no tenía que entregarse a las autoridades de detención. Armeni había presentado una moción para anular la orden después de la audiencia del 10 de septiembre.
“Si sintiera que tenía que hacer un recorrido, lo habría hecho”, expuso Armeni. “Pero no creo que haya sido la orden de la corte”.
El abogado de Woodson, Pete Christiansen, no respondió llamadas para hacer comentarios.
Letizia ha establecido una audiencia preliminar el 26 de marzo de 2020 para determinar si se debe trasladar el caso al Tribunal de Distrito del Condado de Clark para su juicio.
Fiscal reasignado
Raman, quien encabezó el proceso de la LVCVA, fue reasignado a otra unidad y retirado del caso. En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los casos de no presentación en el Centro de Detención, Raman remitió las preguntas al fiscal adjunto de distrito, Christopher Lalli, quien no respondió llamadas. Raman no respondió a una llamada sobre su transferencia.
En un memorando del 22 de octubre distribuido dentro de la oficina, el fiscal de distrito del Condado de Clark, Steve Wolfson, elogió el liderazgo de Raman como jefe de la unidad principal de fraudes, pero añadió que era un “buen momento para hacer un cambio” allí. Wolfson no vinculó la reasignación de Raman al caso LVCVA.
El fiscal de distrito dijo que Raman estaba siendo asignado a una pista de la corte suburbana para fiscales, y felicitó al sucesor de Raman, el Fiscal Adjunto de Distrito, Richard Scow.
Los fiscales presentaron una denuncia penal el 9 de septiembre contra Ralenkotter, Tull, Woodson y un cuarto acusado, el ex Director de Alianzas Comerciales de la LVCVA, Brig Lawson. Los cuatro acusados, que niegan haber actuado inapropiadamente, enfrentan cargos de delitos graves por robo y una serie de otros crímenes.
Ralenkotter, Tull y Woodson figuran como libres en su propio reconocimiento. Tull y Woodson, quienes trabaja para Southwest Airlines en Dallas, aún no han aparecido en la corte. Lawson fue arrestado y procesado en el Centro de Detención en marzo y luego puesto en libertad. Los registros muestran que ahora está libre bajo fianza.
La demanda penal alega que Ralenkotter usó aproximadamente 16 mil dólares en tarjetas de regalo de Southwest Airlines en viajes personales, y Tull compró boletos de avión para ella y sus familiares con seis mil dólares de las tarjetas. Ambos ejecutivos le reembolsaron el dinero a la LVCVA y abandonaron la agencia antes de ser acusados.
Lawson compró las tarjetas de regalo para la Autoridad e instruyó a los empleados de Southwest a ocultar las compras en facturas promocionales, alega la policía. Lawson luego distribuyó las tarjetas a Ralenkotter, Tull y otros. Woodson ayudó a Lawson a disfrazar la compra de las tarjetas de regalo en las facturas de las aerolíneas, alega la policía.
El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y director ejecutivo de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson. Las Vegas Sands Corp. opera el Sands Expo and Convention Center, que compite con el Centro de Convenciones de Las Vegas operado por la LVCVA.
