Proyecto de ley sobre planes de salud de menor costo se aprueba en la Asamblea y vuelve al Senado para su aprobación
CARSON CITY — Los legisladores completaron las votaciones el domingo estableciendo opciones de seguro médico privado administrado públicamente para personas de bajos ingresos y ayudando a los trabajadores despedidos de establecimientos de juegos y viajes a recuperar los trabajos que tenían antes de la pandemia, ya que el esfuerzo característico de la sesión, un aumento del impuesto a la minería para financiar la educación, fue fácilmente aprobada por el comité en el penúltimo día de la sesión.
El proyecto de ley del plan de salud, Senate Bill 420, fue aprobado por la Asamblea en una votación de línea de partido, 26-15, y se dirige de nuevo al Senado para la concurrencia de una enmienda. El proyecto de ley convierte a Nevada en el segundo estado, después de Washington, en establecer un plan de cobertura para las personas con menores ingresos a precios inferiores a los de otros planes ofrecidos en su bolsa de salud.
Crearía planes de salud de bajo costo y de nivel medio proporcionados por las aseguradoras que licitan en los contratos de atención gestionada de Medicaid del estado, ofreciéndolos tanto dentro como fuera del intercambio de seguros de salud del estado y al mercado de pequeños empleadores. Estos planes estarían disponibles en 2026 y costarían inicialmente un cinco por ciento menos que los planes comparables y eventualmente un 15 por ciento menos. El proyecto de ley pretende ayudar a los aproximadamente 350 mil nevadenses que aún carecen de cobertura de salud. La cobertura comenzaría en 2026.
Senate Bill 386, el llamado proyecto de ley de derecho de retorno para los trabajadores afectados por la pandemia, fue aprobado en una votación de línea de partido en la Asamblea, al igual que en el Senado el miércoles. Exige a los empresarios de los sectores del juego, la hostelería y los viajes que vuelvan a contratar a los trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia, con ciertas condiciones. El proyecto de ley vuelve al Senado para decidir si se acepta una enmienda que exime a los pequeños empleadores, como las empresas independientes que operan en casinos y complejos turísticos.
“Este proyecto de ley protege a las personas que construyen el estado. Son el motor económico de Las Vegas”, declaró la asambleísta Maggie Carlton, demócrata por Las Vegas, presidenta de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Asamblea, que concluye su mandato legislativo de 24 años.
“El día en que se les ordenó a todos que se quedaran en casa sin trabajar fue probablemente uno de los peores días en la historia del Condado Clark”, mencionó Carlton. “Vimos cómo crecía la hierba en las grietas que bajaban por el Strip de Las Vegas porque nadie conducía por él. Dos días después, todos estaban en despensas de alimentos buscando qué comer y ayuda para sus rentas porque literalmente cerramos la industria de este estado”.
El cierre de los negocios “protegió a mucha gente” y fue “lo correcto”, añadió Carlton. “Esos empleados que eran buenos empleados el día que se les ordenó que se quedaran en casa son los mismos que deberían recuperar su trabajo si lo quieren”.
Senate Bill 236, también aprobado por la Asamblea, crearía un sistema para evaluar a los agentes de policía en busca de signos tempranos de prejuicio u otros comportamientos problemáticos e intervenir. También aprobó una votación de línea del partido y se dirige al gobernador.
En la víspera del último día de la sesión, ambas cámaras trabajaron a marchas forzadas en torno a los asuntos restantes del comité para aprobar proyectos de ley o concurrir o no concurrir con las enmiendas hechas en la cámara opuesta. Al volver a reunirse después de las 9 p.m., el Senado trasladó gran parte de su calendario al lunes.
El gobernador Steve Sisolak ha firmado casi 190 proyectos de ley, incluyendo 14 más el domingo. Aproximadamente el mismo número de nombres esperan su firma. El último conjunto de proyectos de ley firmados incluye el Senate Bill 364, que requiere que los hospitales y centros de atención de emergencia proporcionen capacitación a los empleados que atienden a las víctimas de asalto sexual, informar a las víctimas de su derecho a recibir la anticoncepción de emergencia y dárselos a petición.
