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Mujer de Las Vegas, que busca la ciudadanía de Estados Unidos, enfrenta obstáculos para obtener la tarjeta de residencia

Veronika Henriques creció en Las Vegas, asistiendo a diferentes escuelas como Chaparral y Cimarron Memorial.

De adulta, hizo un negocio con su esposo, tuvo dos hijos y también trabajó en el restaurante de su padre. Pero detrás de esa vida, ella lidiaba con un problema inminente: su estatus migratorio.

Henriques, de 35 años, llegó legalmente a Estados Unidos desde Venezuela con sus padres cuando tenía nueve años. Sus padres obtuvieron la nacionalidad, al igual que su hermano, pero después de 24 años de llamar a Nevada su hogar, sigue tratando de conseguir la residencia permanente.

En una ocasión recibió su tarjeta de residencia por correo, solo para que le dijeran que se había emitido por error y que debía devolverla.

“No estamos pasando dificultades. Estamos bien”, dice Henriques. “Tenemos una buena vida, mi familia. Pero siento que es injusto”.

Sus esfuerzos por convertirse en residente legal —y finalmente en ciudadana de Estados Unidos— revelan un posible agujero en el sistema de inmigración, un agujero por el que Henriques parece haber caído.

El largo proceso de inmigración

Los padres de Henriques decidieron abandonar Venezuela cuando su supermercado y su lavandería empezaron a ser asaltados cada fin de semana. Ella y su familia fueron admitidos en el puerto de entrada de Miami, Florida, en septiembre de 1997 con un visado temporal que se prorrogó hasta agosto de 2000.

El primer día que su padre llegó a Nevada, entró en una cafetería y se enamoró de la decoración y la comida, y decidió que quería ser el dueño.

Ella y su familia empezaron a solicitar la residencia permanente, pero sus padres se divorciaron, lo que anuló el proceso y les dejó solo con sus permisos de trabajo. Más tarde, la madre de Henriques se volvió a casar con un ciudadano estadounidense y solicitó la residencia permanente para Henriques.

Pero antes de que ese proceso pudiera avanzar, su madre se divorció de nuevo, cancelando de nuevo el proceso de residencia permanente cuando Henriques tenía 14 años.

Su padre, quien recibió su residencia permanente, solicitó para ella la residencia permanente el 6 de octubre de 2008, que fue aprobada en 2010, según los documentos judiciales. El 1° de diciembre de 2008, Henriques cumplió 21 años. En 2011, su padre obtuvo la nacionalidad; ella tenía entonces 23 años.

Esa decisión de 2011 dio a Henriques una ventana para solicitar la residencia permanente, aunque ella no era consciente de una fecha límite específica, y no se mencionó durante su entrevista con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. El 9 de mayo de 2016, presentó una solicitud de admisión como residente legal permanente. El 3 de marzo de 2017, fue aprobada y se le concedió el estatus de residente permanente legal, según documentos de inmigración obtenidos por Review-Journal.

“Estaba eufórica. Estaba haciendo planes sobre las cosas que íbamos a hacer, la gente que íbamos a ver. Tenemos familia en todo el mundo”, dijo Henriques. “Lo más importante para mí era poder casarme con mi esposo”.

Ella y su pareja, que es de El Salvador, habían estado esperando para casarse hasta que uno de ellos tuviera en trámite la residencia permanente. Su madre se había hecho ciudadana y estaba solicitando su residencia permanente.

Creyendo que ella era residente permanente, se casaron, solo para recibir una carta de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos diciendo que la tarjeta de residencia de Henriques se había expedido por error y sería anulada.

“Recibir la carta fue horroroso”, dijo, ya que también anulaba la petición de su esposo que estaba tramitando con su madre.

La carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos afirmaba que concederle el estatus de residente permanente legal era “contrario a la ley” y que “de hecho no cumplía los requisitos”. La carta le decía que la estipulación en virtud de la cual solicitó la residencia permanente solo se aplica cuando la persona la solicita en el plazo de un año desde que está disponible. En el caso de Henriques, esperó cuatro años y cumplió 21 mientras la solicitud estaba pendiente.

Henriques dijo que no sabía si el problema de su edad se lo explicaron a su padre antes de que presentara la solicitud, pero que, independientemente de ello, “no era algo que pudiera evitarse”.

“Debido a que usted no trató de adquirir el estatus de residente permanente legal en el plazo de un año desde la disponibilidad del visado, (la estipulación) es inaplicable a su caso, y usted dejó de reunir los requisitos como niño a efectos de la clasificación del visado”, dice la carta.

La estipulación en virtud de la cual solicitó el visado tampoco le era aplicable porque “no mantuvo de forma continuada un estatus legal desde su entrada en Estados Unidos”, dice la carta, y añade que dejó de tener estatus legal el 21 de agosto de 2000, cuando tenía 13 años. También dice que ella no estaba en un estatus legal cuando presentó su solicitud en 2016.

Henriques dijo que en 2000 su familia había solicitado una prórroga de su visado, pero después de que expirara se quedaron. No está segura de por qué el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que no estaba en situación legal en 2016.

La carta también decía que podía apelar la decisión y acudir ante un juez de inmigración, pero su abogado le aconsejó que no acudiera ante un juez y que, en su lugar, esperara a que se aprobara una nueva legislación que pudiera ayudarla.

“Tenía miedo de ir y que me deportaran. Siempre existía ese temor de que pudieran enviarme de vuelta”, dijo Henriques.

Otras opciones

Después de devolver la tarjeta de residencia, Henriques volvió al punto de partida. Habló con varios abogados de inmigración, algunos de los cuales ofrecían consultas gratuitas y otros de pago; dos de ellos le dijeron que la única forma de presentarse ante un juez de inmigración sería cometiendo un delito.

“Me pareció absurdo, porque no solo me lo dijo un abogado, sino dos. Me dijeron: si quieres que te arresten, cualquier juez te dará la ciudadanía plena por todo lo que ha pasado”, dijo Henriques.

Otro abogado dijo que Estados Unidos está dando papeles con facilidad a personas de Venezuela debido a la agitación que se vive en el país. Pero Henriques llegó a Estados Unidos antes de que comenzara la gran agitación, por lo que no cumplía los requisitos.

También necesitaba un documento de identidad de Venezuela, pero nunca tuvo edad suficiente para tenerlo cuando vivía allí, y la embajada venezolana ubicada en California está cerrada.

Henriques también podría volver a Venezuela y reiniciar allí el proceso, pero no es seguro y tiene pocos familiares allí.

“Pago mis impuestos. Trabajo. Soy una ciudadana productiva. No me meto en problemas con la ley”, dijo. “Tengo dos hijos. Tenemos un negocio, dos casas y cinco autos. Nos va bien. No quiero ir a Venezuela. Allí no hay nada para mí”, dijo Henriques.

Algunas personas les dijeron a ella y a su esposo, que ya llevan 17 años juntos, que se casaran con otras personas que fueran ciudadanas de Estados Unidos, pero ellos no quisieron hacerlo.

“Pensamos que podíamos confiar en el sistema y resolverlo todo de la manera correcta”, dijo. “No queríamos hacer nada ilegal para intentar conseguir nuestros papeles”.

Otro abogado le dijo que simplemente aceptara la situación y esperara hasta que sus hijos pudieran hacer la petición en su nombre. Su hijo mayor tiene 14 años y, cuando cumpla 21, podrá presentar la petición en su nombre.

Henriques, quien lleva casi 25 años viviendo en Estados Unidos, no quiere esperar tanto. Quiere viajar y acompañar a su hija, quien juega al futbol, a sus partidos en otros sitios. Henriques también gestiona el restaurante del que es propietario su padre y planea tomar la propiedad, aunque ese plan está paralizado hasta que pueda resolver lo de su ciudadanía.

Un posible camino a seguir

Arsen Baziyants, abogado de inmigración de Las Vegas, está ayudando a Henriques a decidir los próximos pasos.

Nota: La historia de Henriques podría deberse a un mal asesoramiento legal, a un sistema roto o simplemente a la mala suerte, dijo Baziyants.

Las escasas vías para la migración legal han creado una gran población de 11 a 12 millones de “inmigrantes ilegales”, y “las onerosas cuotas y regulaciones han hecho imposible que se legalicen”, según el Manual para responsables políticos del Cato Institut, una organización de investigación de políticas públicas que promueve las ideas libertarias en los debates políticos.

De las 226 mil tarjetas de residencia anuales disponibles para su expedición, solo 65,452 tarjetas de residencia de preferencia familiar se expidieron en el año fiscal 2021, según FWD.us.

A 31 de marzo, había 360,073 solicitudes de residencia permanente por motivos familiares pendientes en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

“¿Hay algo que esté bien (en el sistema de inmigración)? No me hagas empezar”, dijo Baziyants. Para empezar, hay enormes retrasos en el proceso que comenzaron durante la administración Trump, y luego la pandemia por el COVID-19 complicó aún más las cosas, dijo.

“Ahora estamos en diciembre de 2022, y no sabemos a qué echarle la culpa”, dijo Baziyants.

Hace cinco años, una tarjeta de residencia por matrimonio tardaba entre cuatro y cinco meses en tramitarse de principio a fin. Ahora se tarda unos dos años, según Baziyants. Las tasas gubernamentales también son elevadas y la gente tiene que esperar mucho tiempo, dijo Baziyants.

La portavoz del gobernador electo Joe Lombardo, Elizabeth Ray, dijo que sería inapropiado hacer comentarios sobre los procedimientos legales de Henrique, ya que su personal no está familiarizado con los detalles de su caso, y señaló a Review-Journal a los funcionarios federales en Nevada, ya que el Congreso y el gobierno de Estados Unidos supervisan la inmigración.

La oficina de la senadora de Estados Unidos Catherine Cortez Masto tampoco pudo hablar sobre el caso individual de Henriques, pero proporcionó a Review-Journal información sobre todo lo que Cortez Masto está haciendo para arreglar el maltrecho sistema de inmigración en general.

En 2021, por ejemplo, reintrodujo la Ley de Equidad para las Familias Inmigrantes, que eliminaría las barreras arbitrarias que hacen que sea imposible para las personas indocumentadas ajustar su estatus, mientras que la lucha contra el fraude notarial, también conocido como fraude notarial. La ley también ayudaría a proteger a las víctimas de prácticas corruptas en materia de inmigración.

Cortez Masto también ha abogado por una reforma migratoria que mejore una vía hacia la ciudadanía para los “Dreamers”, o beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que permite a algunos inmigrantes que trajeron al país ilegalmente cuando eran niños recibir un período renovable de dos años de acción diferida de la deportación y ser elegibles para un permiso de trabajo.

Pero a Henriques, que entró legalmente en Estados Unidos, eso no se le aplica.

Sin embargo, Henriques no pierde la esperanza. Tiene una cita con Baziyants el viernes, y él cree que puede ayudarles a ella y a su esposo a conseguir la tarjeta de residencia después de que soliciten algunos documentos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

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