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Piden a la Corte Suprema de Nevada rechazar la fórmula de financiación de la educación pública

La Corte Suprema de Nevada escuchó los argumentos orales el lunes en una demanda de alto riesgo en la que los demandantes alegan que el sistema de educación pública con fondos insuficientes viola la Constitución del estado.

Nueve padres presentaron originalmente el caso en marzo de 2020 en el Tribunal del Primer Distrito Judicial en Carson City, argumentando que el estado había fallado en su responsabilidad de proporcionar una educación pública adecuada.

El Tribunal de Distrito desestimó la demanda en octubre de 2020, pero los demandantes (cuatro de los cuales tienen hijos en el Distrito Escolar del Condado Clark) apelaron al mes siguiente ante el más alto tribunal del estado.

A pesar de ese temprano revés, los demandantes esperan duplicar los éxitos de los defensores de la educación en otros estados para obligar a los estados a dedicar más dinero a la educación pública, incluso en el estado de Washington y Kansas.

Los argumentos orales que permiten a los jueces intervenir para hacer preguntas se celebraron el lunes en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas y duraron unos 45 minutos.

El abogado de los demandantes, Bradley Schrager, dijo que se abstendría de recitar “las tristes verdades sobre la educación pública en Nevada porque las conocemos”.

Argumentó que la Constitución de Nevada establece claramente el derecho a una educación adecuada, diciendo que el documento usa palabras de acción y mando para hacer ese punto.

Schrager (junto con el abogado Daniel Bravo, y Educate Nevada Now, una organización de defensa de la educación) están representando a los padres que demandaron al estado, el Departamento de Educación de Nevada, la Junta Estatal de Educación de Nevada y el superintendente de instrucción pública de Nevada Jhone Ebert.

Los recursos “se quedan muy cortos”

Alegan en los documentos judiciales que el sistema de escuelas públicas de Nevada, incluyendo su financiación, recursos y resultados, “se queda atrozmente corto de la suficiencia requerida por la Constitución de Nevada”.

Al desestimar la demanda el año pasado, el Tribunal de Distrito consideró que la cuestión de si hay un remedio o violación del derecho a una educación adecuada es una cuestión política y no un asunto para los tribunales, dijo Schrager, pero señaló el lunes que los demandantes no están de acuerdo.

El hecho de que algo esté textualmente comprometido con una agencia o rama del estado no significa que esté aislado de la revisión judicial, dijo.

“Este no es un caso de dinero escolar”, sino uno sobre si los recursos son suficientes para cumplir con la obligación constitucional de proporcionar una educación significativa, dijo.

El caso no debería reducirse simplemente a una cuestión de dólares, dijo Schrager, señalando que los demandantes no pidieron al tribunal que exigiera a la Legislatura estatal que gastara más dinero.

Heidi Parry Stern, procuradora general de la Oficina del Fiscal General de Nevada, que representa al estado, reconoció que una educación de calidad es una buena política.

Se cuestiona el papel del tribunal

Pero argumentó que la Constitución de Nevada no establece el derecho a la educación de un “determinado nivel de calidad”, ni permite que el tribunal participe en una decisión sobre qué nivel de financiación es suficiente para lograr ese nivel.

La Constitución del estado, dijo Stern, proporciona la única discreción a la Legislatura para proporcionar el dinero que considere suficiente.

Stern también sostuvo que el caso no está sujeto a la intervención judicial en virtud del lenguaje claro de la Constitución.

Los demandantes no están tratando de anular un esquema de financiación particular establecido por la Legislatura, sino que están tratando de imponer normas de aspiración en el estado, dijo.

No se sabe cuándo se pronunciará el Tribunal Supremo de Nevada sobre el caso.

Las demandas en otros estados han obligado a las legislaturas a realizar cambios importantes en la forma de financiar la educación.

Una demanda presentada en 2007 en Washington sobre la financiación de la educación pública dio lugar a una batalla legal de más de una década después de que el Tribunal Supremo del estado fallara a favor de los demandantes en 2012, diciendo que se había violado la Constitución del estado.

También hubo una batalla legal de una década en Kansas sobre la financiación de las escuelas públicas y el Tribunal Supremo del estado dijo en 2019 que el estado había alcanzado finalmente un nivel adecuado de financiación después de que la Legislatura añadiera aproximadamente 90 millones de dólares en gastos.

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