La Junta de Control del Juego de Nevada quiere acelerar la aprobación de juegos
Los miembros de la Junta de Control del Juego de Nevada dieron el martes el primer paso para agilizar el proceso de aprobación de nuevos juegos y variaciones de los antiguos tras un taller de tres horas con líderes del sector.
El presidente de la Junta de Control, Kirk Hendrick, redactó una lista de ideas en un pizarrón en la sala de la Junta de Control, mientras una docena de líderes de la industria compartían sus frustraciones e ideas con los miembros de la junta.
“Nos quedamos con algunos puntos de acción y algunos de ellos pueden requerir cambios normativos, por lo que necesitaríamos un taller de trabajo”, dijo Hendrick después de la reunión. “Algunas de ellas (soluciones) pueden requerir cambios estatutarios, que no sé si seremos capaces de abordar en esta sesión (legislativa). No he escuchado muchas ideas. Lo principal es qué podemos hacer cuanto antes”.
Hendrick y el Consejo de Control programaron el taller -el primero que celebran él y George Assad, miembro de la Junta, desde su nombramiento en enero- después de que el Gobernador Joe Lombardo dijera en su discurso sobre el Estado del Estado de enero que quería dar prioridad a la agilización de las autorizaciones de juego.
Entre las personas que testificaron el martes se encontraba el exgobernador Robert List, que explicó cómo el exgobernador Grant Sawyer lideró la iniciativa de eliminar la mafia de los casinos y estableció un sistema regulador que exigía que los nuevos juegos se probaran exhaustivamente en condiciones de laboratorio antes de colocarlos en un número limitado de casinos a modo de prueba antes de su distribución en el mercado.
Varios fabricantes presentes en el taller dijeron que el proceso de aprobación se retrasa porque se pide a los reguladores que intervengan y comprueben cualquier modificación de los juegos antes de que puedan volver a ponerse en juego. Esas comprobaciones provocan retrasos de días o incluso meses.
John Acres, ejecutivo de Acres 4.0, le explicó a la junta que los métodos reguladores de Nevada inhiben la innovación y que, ajustados a la inflación, los fabricantes ganaron menos dinero con los nuevos productos en 2022 que en 2006. La razón: Las aprobaciones regulatorias en Nevada tardan más en comparación con otros estados.
“Ese atasco se debe al largo proceso necesario para aprobar nuevos productos relacionados con el juego”, dijo Acres. “La Junta de Control del Juego de Nevada revisa cada nuevo producto para certificar que cumple la normativa tecnológica, un proceso que tarda entre tres y 18 meses en completarse. Una vez certificado, el producto se opera en un único casino como prueba de campo”.
Acres explicó que, antes de poder modificar un producto para corregir una falla, la propia modificación debe ser certificada por la Junta. La certificación de cada modificación requiere entre cuatro y doce semanas.
“La suma de todos los tiempos de certificación necesarios para completar un único ensayo de campo de un nuevo producto es de seis a 24 meses”, dijo. “Ese retraso aplasta la innovación y la carga de certificación que conlleva abruma al limitado personal de la Junta, creando así el atasco que el gobernador Lombardo pretende eliminar”.
Una de las ideas que Hendrick quiere explorar es cómo las aprobaciones en otros estados parecen ir más rápido que en Nevada.
“Si otra jurisdicción regulada que tiene los mismos requisitos de reporte que Nevada, si lo están haciendo más rápido que nosotros, quiero saber”, dijo. “Quiero saber cómo lo han hecho. Mi conjetura es que tomaron nuestro sistema y dijeron: ‘Puedo hacerlo más rápido’”.
Hendrick dijo que también quiere mantener una conversación con Daron Dorsey, director ejecutivo de la Association of Gaming Equipment Manufacturers, con sede en Las Vegas, que testificó en la audiencia, para estudiar cómo se pueden modificar las normativas y políticas para acelerar el proceso de aprobación.
Hendrick dijo que la junta debe ser cautelosa a la hora de introducir cambios que puedan afectar a los operadores de casinos, ya que cualquier infracción de la normativa podría imputarse a los operadores, no a los fabricantes.
“No queremos que se aprueben cosas y que seis meses o seis años después no se hayan reportado correctamente y se les diga a los operadores: ‘No lo reportaron bien’. Es una infracción de la normativa por parte del operador y no del fabricante”.
