“Hay que acabar con esto”: La ciudad podría resolver los casos de Badlands por 64 mdd
La empresa promotora que está detrás de un plan estancado para construir viviendas en el desaparecido Club de Golf Badlands, cerca de Summerlin, está dispuesta a resolver su prolongado conflicto legal con la ciudad de Las Vegas por 64 millones de dólares, según los documentos del orden del día de una próxima reunión del Ayuntamiento.
La propuesta de resolución se someterá a debate en el Ayuntamiento el miércoles, según el orden del día. Si se aprueba, el acuerdo resolvería cuatro demandas activas y liberaría a la ciudad de su responsabilidad, según el documento.
“Esta disputa ha durado demasiado tiempo”, escribió el domingo en un mensaje de texto al Las Vegas Review-Journal la concejal Victoria Seaman, que presentó el punto para una posible acción. “Hay que acabar con esto y tenemos esa oportunidad el miércoles”.
Un abogado que representa a 180 Land Company LLC, filial de EHB Cos, que compró el terreno de 250 acres en 2015, dijo que el promotor acogió con satisfacción la posible resolución.
“Nunca hemos querido litigar”, dijo el domingo la abogada Elizabeth Ghanem. “Queremos construir; siempre hemos querido construir”.
“Nunca nos van a compensar por el tiempo y la pérdida de mercado”, añadió. “El litigio es costoso y es perjudicial en todos los sentidos”.
El acuerdo incluye una sentencia
El acuerdo monetario propuesto incluiría 49 millones de dólares de una sentencia emitida por el tribunal a favor del promotor, que acusó a la ciudad de apropiarse de un terreno de 34 acres -está pendiente una apelación de la ciudad ante el Tribunal Supremo de Nevada- y la construcción de instalaciones de drenaje en la propiedad que no superaría los 15 millones de dólares, según un resumen incluido en el orden del día del concejo del miércoles.
“El acuerdo depende de que el Ayuntamiento considere y apruebe determinados derechos de uso del suelo para la propiedad”, según un resumen de las actas del orden del día. “Tras el pago de los fondos del acuerdo y la aprobación de los derechos de uso del suelo, los casos pendientes se desestimarán sin perjuicio y el Ayuntamiento recibirá una exención de responsabilidad total”.
No está claro qué proyectos futuros solicitará el promotor la aprobación de la ciudad para construir, pero Ghanem reiteró que la empresa tiene la intención de construir en el terreno.
Si se aprueba el acuerdo, el promotor tratará de desestimar también tres demandas distintas sobre otros terrenos de Badlands que están pendientes en el Tribunal de Distrito del Condado Clark, según los documentos.
La jueza de distrito Mónica Trujillo reglamentó a finales del mes pasado que el rechazo de la ciudad a los planes de urbanización de una parcela de 65 acres era una toma ilegal en virtud de la Quinta Enmienda. Se esperaba que la sentencia sobre daños y perjuicios se decidiera en una futura audiencia.
Seaman, que representa a la zona, dijo que los legisladores tienen la oportunidad de “arreglar los errores anteriores y acabar con el dolor que se ha hecho recaer sobre los hombros de nuestros contribuyentes”, y añadió que las demandas siguen acumulando tasas que probablemente aumenten la “carga” de los contribuyentes si no se llega a una resolución.
Una larga historia
EHB Cos, dirigida por el director ejecutivo Yohan Lowie, compró el campo de golf cerrado con la intención de construir viviendas.
Pero la propuesta de urbanización suscitó la oposición de una coalición de residentes del exclusivo vecindario de Queensridge, que rodea el campo. Dijeron que temían la alta densidad y la disminución del valor de la propiedad.
Los planes se estancaron en el Ayuntamiento por desacuerdos sobre si la zonificación permitía el desarrollo de viviendas. La cuestión provocó también una agitación política, ya que el exconcejal Bob Beers -que estaba a favor de permitir la urbanización en la zona- fue destituido por el exconcejal Steve Seroka, que hizo campaña en contra de permitir la urbanización. Siguió una amarga disputa legal, y las conversaciones entre la ciudad y el promotor parecieron tambalearse hasta 2021.
Seroka dimitió en 2019 en medio de un intento de destitución, y Beers pretende volver al concejo este año, aunque desde el Distrito 4 y no desde el Distrito 2.
Lowie dijo en diciembre que los funcionarios municipales habían tratado de resolver las demandas, y habían invitado a la empresa a presentar solicitudes para construir en el terreno, ofreciendo descuentos en las tasas con la advertencia de que se cumplieran ciertas condiciones, que incluían la celebración de una reunión pública para cada proyecto previsto.
Dijo entonces al Review-Journal que quería el derecho a construir, y no solo la aprobación de la solicitud, así como el reembolso de los costos no especificados.
Ghanem dijo que “lo que está sobre la mesa” no es muy diferente de lo que el promotor ha pedido todo el tiempo.
“Es solo que la política se interpuso”, dijo, y citó la “responsabilidad fiscal de la ciudad con los contribuyentes”.
“Espero que sigan sin estar motivados políticamente y que sigan el tribunal y la ley”, añadió Ghanem.
